Balaguer: «La sentencia provoca perplejidad e inseguridad jurídica»

La sentencia del Tribunal Constitucional «puede producir cierta perplejidad y, a mi juicio, generar más inseguridad jurídica de la que intenta combatir», pero no se puede cuestionar su legitimidad pese a haber sido deseable «una mayoría más amplia» para aprobar la inconstitucionalidad del confinamiento. Así lo asegura la magistrada progresista María Luisa Balaguer en su voto particular, notificado, como la sentencia, el lunes por la noche.

A juicio de esta magistrada la sentencia de la alarma «exigía un esfuerzo argumental importante», al tratarse de «la primera vez en que una situación de estas características era sometida a juicio de constitucionalidad». Lamenta que no haya sido posible alcanzar «una argumentación asumible para una mayoría más amplia de magistrados» y que hayan polarizado de forma tan «extrema» las posturas de los miembros del tribunal. Sin embargo, «una lectura acerca de su posible déficit de legitimación no sería, a mi juicio, apropiada».

Balaguer sostiene que «es difícil» aceptar como contraria a la Constitución una legislación que ha permitido, «de una manera rápida y eficaz, arbitrar medidas sociales efectivas de cara a proteger bienes jurídicos tan importantes como la vida y la salud de las personas», medidas que, recuerda, también tomaron países de nuestro entorno.

A diferencia de lo que opina la mayoría, considera que la situación de marzo de 2020 «no vino provocada por ninguna alteración previa del or

den público que condicionara la prestación del servicio público sanitario». La razón del confinamiento domiciliario no era recuperar el orden público, ni el correcto funcionamiento de los servicios públicos, sino «evitar los contagios exponenciales», una medida estrictamente sanitaria, por tanto, cuya finalidad única es «prevenir la pérdida de vidas humanas».

La magistrada progresista considera que las medidas que se tomaron fueron «idóneas y proporcionales» a la gravedad de la situación. El confinamiento, dice, estaba directamente destinado a controlar la progresión de la enfermedad, es decir, a proteger preventivamente la vida y salud de los ciudadanos.