Los 34 ex altos cargos del Govern catalán evitan los embargos hasta el lunes
La delegada instructora de la causa en el Tribunal de Cuentas prorroga el plazo para las fianzas de los 5,4 millones de euros. De los 34 implicados, 29 se acogen al aval directo con dinero público activado por la Generalitat.
Dos días hábiles desde la notificación, es decir hasta la medianoche del lunes al martes próximos. Ese es el plazo que la instructora delegada del Tribunal de Cuentas (TdC) en la causa que investiga el presunto gasto indebido de la acción exterior del ‘procés’ entre 2011 y 2017, Esperanza García, dio ayer a los 34 ex altos cargos del Govern, entre ellos Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, que tenían de plazo hasta el miércoles para depositar los 5,4 millones de euros de fianza. Solo 4 de los 34 presentaron a tiempo algún tipo de documentación. Otros 29 se acogieron al aval del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), pero no llegaron a tiempo. No se tiene noticias de uno de los implicados.
Fuentes del TdC informaron de que la delegada instructora, tras estar repasando la documentación recibida toda la mañana de ayer, decidió prorrogar el plazo de consignación de las fianzas –que son solidarias en función de las responsabilidades y el tiempo ejercido en el cargo público– ya que los escritos presentados constituían solo un anuncio pero no iban acompañados de los avales exigidos. Dos días hábiles más, por lo tanto, para presentar los títulos ejecutivos, según recoge el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y poder hacer efectiva la medida de afianzamiento. El nuevo plazo es improrrogable.
Será, entonces, a partir del lunes, cuando la instructora decida si los avales presentados son aceptados. En el punto de mira político, sobre todo, de los 29 de los 34 implicados, que se acogieron a la operación establecida por la Generalitat a través del ICF. El miércoles por la tarde-noche, la Junta de Gobierno del ICF dio luz verde a que sea este organismo público el que avale, con el dinero transferido por el Govern al Fondo Complementario de Riesgos (FCR), que cuenta con un depósito de 10 millones de euros, la operación de afianzar los 5,4 millones que reclama el TdC. El visto bueno, sin embargo, se dio muy tarde, sin tiempo a tramitar los avales el mismo miércoles.
Perjudicada y defensora
Fue ayer por la mañana cuando desde el ICF se formalizaron los avales individuales ante notario y los abogados de los 29 beneficiarios, encargados, a su vez, de entregarlos al TdC, según confirmaron fuentes oficiales de la Consejería de Economía y Hacienda a ABC. Sin embargo, según fuentes del TdC tampoco llegaron los 29 ayer y, en todo caso, según la instructora, la documentación que se remitió no era más que un anuncio. Está previsto, eso sí, que los abogados entreguen los avales del ICF dentro del nuevo plazo prorrogado.
Con todo, si el lunes como muy tarde no se han consignado los avales de los 34 ex altos cargos del Govern –tanto los que van con el sello del ICF como el resto– o se rechazan por parte de la instructora del caso, el TdC iniciará el proceso del probable embargo de bienes particulares (tal y como recoge el artículo 47 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas) hasta cubrir los 5,4 millones de euros que constan en la liquidación provisional en esta fase de instrucción.
Este proceso de embargo, si llega a darse, no impide a los encausados poder presentar otros avales o fianzas, por lo que, recordaron ayer desde el órgano fiscalizador, «tras estudiarlos, por parte de la instructora delegada, puede aceptarlos y no ejecutar el embargo». Al fin y al cabo, esta decisión es una medida cautelar hasta que haya sentencia firme, y, por lo tanto, «no significa que el afectado pierda los bienes de manera inmediata, sino que es una medida cautelar cuyo objetivo es garantizar que, tras una futura sentencia condenatoria, sean reintegrados los perjuicios que se han producido en los fondos públicos».
En cualquier caso, el paso dado por la dirección del ICF, el miércoles, solo seguía las órdenes del Govern, que el consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró, anunció ese mismo día por la mañana, en un cambio de opinión respecto a lo manifestado solo 24 horas antes. Una decisión adoptada tras la negativa de los bancos y entidades financieras privadas, que rechazaron participar en la operación pantalla. De esta manera, el ICF se convierte en avalista y gestor de un fondo público cuyo dinero se dedicará a dar cobertura a unos responsables contables que, si así lo decide el TdC, deberán devolver 5,4 millones, supuestamente mal gastados, a la Generalitat.
Es decir, la Generalitat, que es parte perjudicada aunque no lo reconoce ante el TdC en este proceso, actúa de avalista para algunos de los ex altos cargos autonómicos que podrían acabar por tener que devolver el dinero a las arcas públicas. La operación, irregular aparentemente, según algunos expertos y, por lo menos, Vox –que presentó hace unos días una querella contra los responsables del Govern– y Cs –que ayer registró ante la Fiscalía del TdC la petición para que el Ministerio Fiscal se oponga a la validez de los avales del ICF–, se agravó el martes cuando Giró remitió una carta al TdC para pedirle más tiempo para los acusados y, así, que estos recaudasen el dinero exigido mediante el mecanismo creado por el Govern gracias al decreto-ley
Desde el miércoles por la tarde, el ICF trabajó para acelerar la vía con la que avalar con dinero público a los ex miembros del Govern
aprobado el 6 de julio por el que se crea el FCR con 10 millones de euros. La Generalitat, perjudicada en la causa, actuando de abogada defensora y avalista de los implicados.
«Ningún motivo»
El siguiente paso será, tras el plazo de dos días hábiles de la instructora, saber si los avales del ICF son aceptados. Ayer, la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, no veía «ningún motivo» por el que el TdC podía denegarlos y centró la defensa de la operación en el decreto-ley, en lugar del uso que se hacía de él. «Es un decreto sólido jurídicamente», añadió.
Igualmente, todo indica que la decisión que adopte la delegada instructora será recurrida por alguna de las partes que están en la causa, bien las defensas y la Generalitat –si no se aceptan los avales– o bien las acusaciones –si se acepta el dinero público como fianza–, al margen de lo que haga la Fiscalía, por lo que tendría que pronunciarse la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas. De todos modos, estas hipotéticas impugnaciones no frenarían el inicio de un posible embargo de bienes personales para los que de los 34 implicados no hubieran podido acreditar el dinero que se les pide▶ 5,4 millones de euros de forma solidaria.