Las residencias de Castilla y León recibirán fondos en base a sus notas
Se puntuará a los centros por los servicios que ofrecen y la atención profesional
Castilla y León ha diseñado un modelo de atención residencial que busca garantizar la asistencia que se presta en los centros mediante un mayor control de los mismos para que los usuarios y sus familias puedan elegir con la máxima tranquilidad. Los más de 4.000 fallecidos por Covid en estas instalaciones que se han registrado en la autonomía impulsaron la necesidad de abordar su transformación para adaptarlas a las nuevas exigencias que impone una pandemia como la actual pero, también, para corregir las debilidades que se registran en el sistema.
Surge así un pionero instrumento de atención residencial para cuidados de larga duración que, elaborado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, está actualmente sometido al análisis de los organismos de control antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno para darle rango de ley autonómica. Su principal novedad es que incorpora un procedimiento que dará lugar a una categorización objetiva de los centros, con informes que serán públicos, anuales y con notas. Precisamente, esta puntuación será «determinante» para la elección, pero también para que las residencias de titularidad privada puedan (o no) recibir fondos de la Administración autonómica a través de la concertación de plazas.
La nota que obtenga cada centro hará especial hincapié en los estándares de calidad, de forma que se tendrán en cuenta el modo de vida de sus usuarios, la contribución de los apoyos profesionales y los servicios prestados. De esta forma, se medirán de forma objetiva aspectos como el respeto a la dignidad y libre elección de las actividades de las personas usuarias de las residencias; la adaptación permanente de los planes de apoyo a sus proyectos de vida; los cuidados personales recibidos y la promoción de hábitos saludables, así como los servicios y apoyos para la vida cotidiana.
En este sentido, la consejera de Familia de Castilla y León, Isabel Blanco, insiste en que «una efectiva evaluación de la calidad de los servicios debe medir la repercusión de los planes de apoyo en los proyectos de vida de los usuarios teniendo en cuenta sus valores individuales y debe verificar el respeto de todos sus derechos». La obtención de una nota se complementará con la labor realizada por el Servicio de Inspección de la Junta, apoyada con un sistema de información que reportará datos en tiempo real de los requisitos de obligado cumplimiento en materia de ratios de personal, su cualificación y la organización de los servicios. Queda pendiente la fijación de esos ratios que se determinarán en el posterior desarrollo de la ley. El reto ahora es dotarse del instrumento técnico que preste soporte a esas evaluaciones para medir de forma objetiva a cada residencia.
A finales de año
El nuevo modelo obligará a organizar los centros para que incluyan unidades de convivencia o «minihogares íntimos y acogedores»
El nuevo modelo girará, además, en torno a las unidades de convivencia para que el centro sea lo más parecido a la vivienda habitual de los usuarios. Así, la Junta obligará, cuando esté aprobada la ley a finales de este año o principios de 2022, a que las residencias de nueva construcción sean «minihogares íntimos y acogedores», según Blanco, que eviten la masificación y faciliten la convivencia y el desarrollo del proyecto vital de cada persona.
La última novedad es la existencia de un profesional de referencia de atención residencial –encargado de garantizar la ejecución del proyecto de vida– y el gestor de caso, cuya función principal será la de optimizar la coordinación entre los residentes, la familia, el profesional de referencia y el resto de compañeros y estructuras del centro, así como la de promocionar actividades.