Los socios de Sánchez consideran insuficiente aún la Ley de Memoria

Bildu y ERC, cuyo voto es fundamental para que salga adelante, dicen que por ahora votarán en contra

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el Proyecto de Ley de Memoria Democrática. Será remitido a las Cortes donde empezará a trabajarse en el próximo periodo de sesiones.

Es en ese ámbito donde el Gobierno tiene su principal reto, ya que la derecha no va a apoyar la nueva norma. Aunque Ciudadanos sí entrará en negociaciones. Pero especialmente porque la mayoría parlamentaria que lo sustenta considera insuficiente el proyecto. Tanto estos grupos parlamentarios como las asociaciones memorialistas creen que el proyecto podría ser más ambicioso.

El nuevo ministro encargado de rematar el trabajo de Carmen Calvo es Félix Bolaños, que ya ha dicho estar dispuesto a «mejorar» la ley para lograr su aprobación. Si bien en el Ejecutivo reconocen que mucho de los planteamientos de sus potenciales aliados va a encontrarse con sus resistencias. El Ejecutivo defiende que la nueva norma ya supone una evolución muy clara respecto a la norma de 2007. Incidiendo especialmente en que el eje principal del proyecto es el reconocimiento a las víctimas.

En la exposición de motivos de la norma el Ejecutivo justifica así la necesidad de la ley▶ «La memoria de las víctimas del golpe de Estado, la guerra de España y la dictadura franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación, representan, por tanto, un inexcusable deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia». Extendiéndose la consideración de víctimas a los familiares. Una persona será considerada víctima con independencia de que exista o no autoría conocida de la violación de sus derechos.

El factor diferencial respecto a la legislación anterior es el papel central del Estado en la búsqueda de las víctimas. Fuentes del Gobierno planteaban esta semana que estiman entre 20.000 y 25.000 las víctimas que pueden encontrarse en estos momentos en fosas comunes. El ministro Bolaños aseguró este martes que «será el

Estado el que tendrá la responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas, y se hará una planificación cuatrienal para ir avanzando de manera pausada, pero constante, en la recuperación de restos de personas que fueron represaliadas en su momento».

Los límites de la norma

Algo fundamental para el Gobierno es lo que definen como el cumplimiento del principio de justicia. En este sentido la ley garantizará «la investigación de todas las violaciones de derechos humanos» que se cometieron desde el golpe de Estado hasta la promulgación de la Constitución. Se creará una fiscalía de sala de memoria democrática. Una cuestión que, como informaba ayer ABC, tuvo la consideración contraria del Consejo General del Poder Judicial en su preceptivo informe al Anteproyecto. Una consideración que no fue aceptada por el Gobierno, que mantuvo en el proyecto de ley la creación de esta figura en el marco de la Fiscalía General del Estado. Pese a que las opciones de judicialización de esas investigaciones están muy limitadas. Lo advierte también el CGPJ y es algo que Bolaños y su equipo asumen▶ la Ley de Amnistía, la prescripción de los delitos y la irretroactividad en la aplicación de las normas penales suponen un freno a esa acción judicial.

Fuentes gubernamentales defienden que lo importante es que habrá «una investigación», que contribuirá al deber de memoria y al reconocimiento histórico. «El derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal», advertía el CGPJ al Gobierno en su informe. Es una cuestión que será muy polémica en la tramitación parlamentaria porque tanto Unidas Podemos, ERC o Bildu quieren ir más allá en esta cuestión. Constituye el que será uno de los principales puntos de choque en la negociación parlamentaria. «Se queda corta, ya que su búsqueda de la verdad sigue siendo parcial, interesada, excluyente y no inclusiva, debido a la Ley de Secretos Oficiales franquista», cargaban esta semana ERC y

Bildu. Son fundamentales para que la ley salga adelante y en este momento aseguran que no lo harán. La mayoría de la investidura y las asociaciones memorialistas aprietan al Gobierno asegurando que la nueva regulación es insuficiente.