Castells favorece a su universidad y la de Iglesias en su nuevo decreto
Multiplica por cuatro el número de alumnos por profesor en los centros online como la UOC, ligada a ambos La norma cercena la creación de campus privados y refuerza el control de las autonomías La CRUE pide revisar exigencias tales como la de un 50% de
El ministro de Universidades, Manuel Castells, tiene clara su apuesta por la universidad pública. Ya lo dijo en ABC el mes pasado cuando aseguró que, «como regla general», las privadas no están a la misma altura que las públicas en investigación, docencia y transferencia de conocimiento, y cuando añadió que los alumnos de la privada no tenían derecho a beca pero sí los de la pública (aunque en la práctica no sea así).
El ministro ya tiene listo su proyecto de real decreto de creación de universidades, al que ha accedido este diario, en el que cercena la creación de campus privados al pedirles requisitos prácticamente imposibles de cumplir, y en el que refuerza el papel de las comunidades autónomas en el control de nuevas universidades, ya que son estas, a través de las agencias de calidad regionales, las que tendrán que velar por que se cumplan las exigencias de la nueva norma. Además, hace un guiño a su universidad, la UOC (Universitat Oberta de Catalunya), por la que acaba de ‘fichar’ el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, al multiplicar por cuatro la proporción alumno/profesor en las universidades online.
Con el decreto, el Gobierno incrementa los requisitos para crear universidades, que tendrán cinco años para cumplir los requisitos▶ se requiere un tamaño mínimo de la institución en términos de estudiantes matriculados, así como diez títulos de grado, seis de máster y dos programas de doctorado. A su vez, el 60% del personal docente e investigador (PDI) debe ser permanente; el profesorado que interviene en grados y en másteres deben ser doctores al menos en un 50% de los casos; a los cinco años del inicio de sus actividades, la universidad debe documentar que el PDI ha obtenido alguna evaluación positiva de su actividad investigadora; y los campus deberán dedicar al menos un 5% de su presupuesto a un programa propio de incentivación de la investigación.
La Conferencia de Rectores Españoles (CRUE) dice estar conforme con el documento, pero pide modificar, «para dar coherencia a la norma» el requisito «de al menos el 50% de doctores para la impartición de grados y másteres», apunta el presidente de CRUE, José Carlos Gómez Villamandos.
El texto llega, previsiblemente, mañana al Consejo de MinistroS donde tiene que deliberarse, salvo que, a último momento, el titular de la Presidencia, Félix Bolaños, decida retirarlo. Estos son los puntos más relevantes:
Cinco años
El texto señala, como en el borrador, que las universidades (y sus centros) que se creen o reconozcan una vez que este real decreto haya entrado en vigor tendrán un plazo de cinco años «para cumplir con los requisitos docentes, de investigación y de transferencia, de personal docente e investigador y de personal de administración y servicios, y de instalaciones y equipamientos establecidos en el presente real decreto, además de todos aquellos establecidos por la legislación vigente en materia universitaria estatal o de las comunidades autónomas, en tanto que desarrollen su programación docente y la planificación plurianual de las actividades de investigación y de transferencia comprometida en la memoria o documentación que ha servido de base para la obtención del informe favorable de la Conferencia General de Política Universitaria y la autorización de inicio de actividad del órgano competente de la comunidad». Aquellas que existan en el momento de entrada en vigor de la norma y que no cumplan los requisitos tendrán cinco años para hacerlo.
Ayudas a la enseñanza online
El texto señala que «cuando la universidad imparta enseñanzas en la modalidad virtual, pudiendo oscilar entre 1/25 y 1/50 en función del nivel de experimentalidad de las titulaciones y de la mayor o menor presencialidad –pudiéndose establecer excepciones justificadas, que en ningún caso podrán superar la ratio 1/100, que deberán contar con autorización expresa de la administración competente–».
Para algunas fuentes, que prefieren no desvelar su identidad, este apartado supone una ayuda directa a las universidades online (aunque el texto es algo más restrictivo que en el borrador); en concreto, la Oberta de Cataluña, donde ha enseñado Castells y donde va a impartir clase a partir de septiembre Pablo Iglesias, porque podrían albergar a cien alumnos por profesor, teniendo en cuenta que es la Generalitat quien decide cuál es el límite y además es impulsora de este campus.
El 50% de doctores
«Un punto que es necesario modificar –dicen desde la CRUE–para dar coherencia a la norma es el requisito de al menos el 50% de doctores» para grados y másteres (el borrador pedía un 70 para máster). Para Gómez Villamandos, «dado que se exige que el personal docente temporal no supere el 40% (lo que supone que un 60% sea permanente), y puesto que las figuras de estabilización, y también las de incorporación al sistema, exigen el grado de doctor, creemos que, por coherencia, se debería exigir, al menos, un 60% de doctores para la docencia de grados y másteres, con la salvedad que la norma recoge para Ciencias de la Salud».
Un 5% de investigación
El texto exige, como ocurría también en el borrador, que las universidades «deberán dedicar al menos un 5 % de su presupuesto a un programa o programas propios de incentivación de la investigación, en cuanto esta actividad constituye una de las finalidades esenciales de estas».
Fuentes académicas consultadas por ABC consideran que este es un ‘talón de Aquiles’ para las universidades privadas o de nueva creación, y es el ‘vehículo’ de Castells para frenar su puesta en marcha. «Las universidades de nueva creación tendrán serios problemas para poder cumplir con el umbral mínimo del 5% destinado a la investigación», añaden esas fuentes.
Por su parte, según la fundación Cotec, el Gobierno destina aproximadamente el 2% del PIB a la investigación. Por su parte, el informe CRUE sobre el estado de la universidad española del año 2018-19 indica que el 90% de la financiación que recibe el sistema universitario para la investigación tiene origen público.
Así, es difícil que con el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) que el Gobierno dedica a la investigación, las universidades públicas y privadas puedan garantizar en el medio y largo plazo un porcentaje como el que pretende Castells. Si el Gobierno solo destina un 2% de la riqueza creada a la investigación, no puede pretender que las universidades destinen el 5% de su presupuesto a la investigación. La única posibilidad real de alcanzar ese porcentaje pasa por incentivar fiscalmente el apoyo a la investigación, algo por lo que no parece apostar el actual Gobierno.