Una memoria mentida
«El tratamiento de la Historia debe dejarse a los historiadores; los políticos la contaminan. Las referencias a la ‘búsqueda de la verdad histórica’ son numerosas en el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, pero se nos cuenta una Historia mentida que, además, se incorporará como asignatura para adoctrinar a los nuevos españolitos. Todo muy estalinista. Con hipocresía se asegura que la Ley tiene por objeto ‘la necesaria supresión de elementos de división entre la ciudadanía’».
LEO el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática y es un texto maniqueo que refleja una Historia mentida. Nada que objetar al reconocimiento de las víctimas de una cruenta guerra civil, sobre todo, como es el caso, de los que padecieron en ella y tras ella por haber sido perdedores. Es sabido aquel «¡Ay de los vencidos!», el ‘Vae victis’ del galo Breno después del sitio y ocupación de Roma. Y es más doloroso cuando se trata de una confrontación entre hermanos.
Zapatero abrió el camino con su mal llamada Ley de Memoria Histórica de 2007. Y escribo «mal llamada» porque coincido con Gustavo Bueno. El término ‘memoria histórica’ es incorrecto, ya que la memoria es individual y la suma de memorias individuales –que chocan, son dispares, se desencuentran– no forma lo que parece se quería expresar. Impropio en otro sentido es el término ‘memoria democrática’ porque en él se incluye a quienes, con la historiografía en la mano, no combatieron por la democracia en aquella guerra sino en defensa de un totalitarismo de otro signo pero totalitarismo al fin. Basta leer disposiciones oficiales y prensa de la época. Por ejemplo, en este anteproyecto se otorga la nacionalidad española a los brigadistas internacionales que fueron convocados por la Komintern, o sea por Stalin, y no precisamente para defender la democracia. Leer al brigadista George Orwell es aleccionador.
Aunque tras la ley de 2007 Zapatero se colgó la medalla, desde el inicio de la Transición se habían promulgado hasta seis leyes, decretos y otras disposiciones para reconocer y compensar aspectos económicos y sociales en las víctimas de aquella tragedia en el bando del Frente Popular. Se trata de una contienda finalizada hace más de ochenta años y del franquismo, que concluyó hace casi cincuenta. El Congreso de los Diputados ya aprobó en comisión, en 2002, una proposición no de ley que era un reconocimiento moral a las víctimas, reiterado por un pleno en 2004.
Es un error entender los sucesos del pasado con visión y mentalidad del presente, y lo es más en el caso de una guerra civil que supuso graves heridas, aunque ya históricas, y abrirlas no responde al deseo de reparación y concordia, sino que apuesta por mantener vivo el enfrentamiento. Ya en la farragosa exposición de motivos el anteproyecto cae en no pocas contradicciones. Se habla de fomentar su vertiente «reparadora, inclusiva y plural», de «recoger y canalizar las aspiraciones de la sociedad civil», de «reparar y reconocer la dignidad de las víctimas de toda forma de violencia intolerante y fanática». Pero no aparece nada inclusivo y plural, ni se trata de una aspiración social apremiante, ni se refiere a toda violencia intolerante y fanática, sino que asume interesadamente una intolerancia y un fanatismo determinados.
Se recuerda «la conquista y consolidación de la democracia en España» como un «logro histórico significativo» y se alaba la Constitución de 1978, lo que choca con la reiterada opinión de parte del Gobierno, que apuesta públicamente por un nuevo sistema, por un cambio hacia la República, por un borrón y cuenta nueva y denigra la Transición. El anterior ministro de Justicia habló en el Congreso de un «proceso constituyente». No se quiere la democracia, sino ‘su’ democracia. En recientes declaraciones de una vicepresidenta del Gobierno y de un ministro, ambos comunistas, hemos podido corroborar que esa ‘democracia’ deseada es la de Cuba. ¿Los promotores del anteproyecto desconocen las manifestaciones públicas de parte de su Gobierno? ¿Son ingenuos? No lo creo.
El anteproyecto de esta ley se refiere sólo a la persecución de los símbolos y exaltación de un bando, a los excesos cometidos por un bando. Se olvidan los casi sesenta mil asesinados en la retaguardia del Frente Popular en la guerra civil, entre ellos dirigentes y exministros republicanos de partidos del centro y la derecha. ¿No eran demócratas? También se olvidan las matanzas de Paracuellos y el robo sistemático de bienes privados que luego, en parte, salieron de España en el Vita para acabar en manos de dirigentes frentepopulistas. En un preocupante maniqueísmo el Gobierno reescribe la Historia y cercena la libertad de opinión, de expresión y de cátedra con una censura férrea que podrá cerrar periódicos, perseguir a los ciudadanos por expresar ideas contrarias a la ‘oficial’ y, por ello, multarlos y atemorizarlos con una Fiscalía especial que recuerda a los extintos tribunales especiales que el texto condena.
El anteproyecto proclama que se repararán los daños debidos a la «persecución y violencia por razón de conciencia o creencias religiosas»… ¡Se refiere a víctimas en la España nacional! Sorprendente. Se olvida a los 13 obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 frailes, 283 monjas y 3.000 seglares, en su mayoría de Acción Católica, asesinados en la retaguardia frentepopulista. Un texto, pésimamente escrito, que quiere ser feminista y reconoce a las mujeres que «sufrieron humillaciones, violaciones, persecución, violencia o castigos» en la guerra civil y olvida que las monjas humilladas, asesinadas y en no pocos casos violadas eran mujeres. ¿Es que su peligroso activismo político contra el Frente Popular lo desarrollaban en la clausura de sus conventos?
Igualmente el texto se explaya en su intención de ‘resignificar’ el Valle de los Caídos, con supresión de su Fundación y previsible expulsión de la orden benedictina. Se trata de una basílica y una abadía y me sorprende que mire para otro lado la jerarquía eclesiástica española y no menos el silencio de la Santa Sede. Se ha falseado tanto la historia de la construcción del Valle de los Caídos –muchos no leen lo bastante, pero opinan– que desconocen el documentado trabajo del profesor Alberto Bárcena ‘Los presos del Valle de los Caídos’. Ni esclavos, ni trabajadores obligados y no retribuidos.
El tratamiento de la Historia debe dejarse a los historiadores; los políticos la contaminan. Las referencias a la «búsqueda de la verdad histórica» son numerosas en el anteproyecto pero se nos cuenta una Historia mentida que, además, se incorporará como asignatura para adoctrinar a los nuevos españolitos. Todo muy estalinista. Con patética hipocresía se asegura que la Ley tiene por objeto «la necesaria supresión de elementos de división entre la ciudadanía». Precisamente alienta la división.
Obviamente se presenta a la II República, que fue un régimen fallido desde sus inicios, como ejemplo de «tolerancia, igualdad, justicia social y solidaridad», olvidando sus tics totalitarios, la violencia generalizada y el golpe de estado del 6 de octubre de 1934 en Asturias contra el Gobierno republicano, con más de dos mil muertos, sólo porque las elecciones las había ganado el centro-derecha. Largo Caballero, llamado el Lenin español, e Indalecio Prieto, golpistas reconocidos, tienen monumentos en Madrid. A ellos no les afecta esta ley, que tras sus páginas enmascara la vía hacia un cambio de régimen. Y así será si la sociedad sigue silente y con ‘fatiga sanchézmica’.