La Generalitat, contra la independencia... del ICF
El control político del instituto supone que no podrá emitir deuda y dejará de estar excluido del perímetro SEC
EL Instituto Catalán de Finanzas (ICF) es uno de esos animales inefables que no son carne ni pescado y que sobreviven virtuosamente si se gestionan con prudencia. El ICF es una entidad pública que se dedica a la intermediación financiera en su comunidad autónoma, pero no es un banco (no tiene ficha, aunque la ha pedido). Según los estatutos, la Generalitat es la responsable última, pero la entidad es autónoma gracias a un consejo formado por seis consejeros independientes y tres dominicales. Esta independencia es clave para que el ICF disfrute de un privilegio excepcional sus cuentas no están incluidas dentro del llamado perímetro SEC (Sistema Europeo de Cuentas Nacionales de la UE) de la Generalitat, es decir, su deuda no computa como deuda del Gobierno catalán.
Durante más de una década y hasta enero pasado, Josep-Ramón Sanromá fue el consejero delegado que consolidó el papel del ICF. Su plantilla tiene un gran prestigio técnico y el rumbo que impuso al organismo le permitió sortear sin la más mínima salpicadura el desvarío colectivo del ‘procés’. Esto convertía al ICF en una institución ejemplar para muchos.
Mas Pere Aragonès ha dinamitado la entidad. Como presidente del organismo situó a Albert Castellanos, su mano derecha en la Consejería de Economía. Antes, como presidente en funciones, relevó a Sanromá y nombró consejero delegado a Víctor Guardiola que venía de la Caixa. Aprovechando un consejo incompleto, dado que tres miembros independientes habían dimitido con la excusa de que su mandato concluyó el 30 de junio y no han sido renovados, Castellanos hizo valer su voto de calidad para dirimir un empate sobre si conceder o no el aval del ICF a 34 jerarcas independentistas. Los tres independientes que quedaban se opusieron y los tres de la Generalitat dijeron que sí. Resulta paradójico que sean los independentistas los que cercenen la autonomía de un organismo como el ICF, pero no es la primera vez que ocurre ni será la última.
Ahora sólo falta que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) actúe ante este atropello del autogobierno de un organismo que está descrito como independiente ante la UE. Si la Generalitat toma el control del ICF, éste debe ingresar en el perímetro SEC y como Cataluña está adherida al FLA, no podrá emitir deuda pública lo que inutiliza al instituto porque tampoco podrá hacerlo. Y no podrá endeudarse en el Banco Europeo de Inversiones.
La absurda maniobra pone de manifiesto la ramplonería de los gobernantes catalanes de hoy, dispuestos a destruir instituciones que sus antecesores hicieron ejemplares. Es casi seguro que Sanromá hubiese dimitido de producirse un atropello como este a la gobernanza de una institución que diseñó con celo. Guardiola no ha tenido el valor de hacerlo y se ha retratado como un gestor sin personalidad que no merece el puesto. jmuller@abc.es