La Junta culmina la ‘fusión’ para acelerar su transformación digital
La nueva agencia pone bajo una sola dirección a los 1.080 empleados tecnológicos de la administración El 90% es funcionario, no se crean nuevos puestos y se acaban los ‘reinos de taifas’ en la informática del Gobierno
La administración de la Junta de Andalucía —un aparato burocrático del que dependen más de 300.000 empleados públicos, casi el 70% asociados a la sanidad o la educación— ha vivido su particular revolución tecnológica. Hasta hace apenas un año todas las competencias que afectaban a la política digital y a la administración electrónica estaban dispersas entre consejerías y organismos muy diversos. Las pandemia puso a prueba las costuras del sistema, tanto por la adopción acelerada del teletrabajo de los funcionarios como por la búsqueda de nuevas vías para encauzar las relaciones del ciudadano con la administración en un contexto de confinamientos y limitación de movimientos. A ello se le ha unido que el Plan de Recuperación Europeo ha marcado dos líneas estratégicas muy claras la transición energética y la digitalización de la sociedad. La unión de todos los esfuerzos y la búsqueda de ahorros para reinvertir en tecnología son algunas de las claves de la nueva agencia.
1. Unificación
Con estos mimbres, el pasado septiembre se dio un primer avance decisivo para cambiar el paso en la digitalización de la Junta, cuando se unificaron bajo una misma dirección todas las competencias de política digital (que estaban antes vinculadas a Hacienda) junto con las de Gobierno Abierto (que dependían de Presidencia) y a la empresa pública de tecnologías de la información Sandetel (que estaban bajo el perímetro de Economía). Tras esta medida, el paso definitivo para fusionar todos los medios jurídicos, materiales y humanos relacionados con la transformación tecnológica ha sido la creación de la Agencia Digital de Andalucía, un ente del que dependen a partir de ahora más de 1.000 funcionarios y que gestionará un presupuesto inicial superior a los 300 millones de euros.
«No se ha creado ningún puesto de trabajo nuevo, esta agencia nace de la reordenación de capacidades que estaban dispersas y generaban duplicidades, confusiones e ineficiencias», afirma Raúl Jiménez, director de este nuevo ente.
La plantilla de la ADA agrupa en total a unos 1.080 empleados públicos (de los cuáles más del 90% son funcionarios). «Todos los equipos de profesionales informáticos que antes estaban asociados a cada una de las consejerías pasarán a depender orgánicamente de la agencia, y deberán trabajar coordinados y aportar toda la masa crítica tecnológica de este nuevo organismo en la digitalización de los servicios de cada una de las consejerías». Se abandona así un sistema que abocaba a que en la administración se actuara como en pequeños reinos de Taifas.
2. Ahorro del 25%
¿Cuánto gasta anualmente la Junta de Andalucía en contratos con empresas de servicios tecnológicos de todo tipo? En este momento se mantienen casi 10.000 contratos, que requieren un desembolso de 300 millones de euros (el presupuesto con el que nace la Agencia) y se destinan a proveedores de todo tipo, desde el mantenimiento de programas informáticos a la compra de ordenadores. Ahora el gran desafío es aglutinar la contratación de todos estos servicios desde una sola agencia, que podrá así homegeneizar los procesos, una nueva metodología que debería generar un ahorro aproximado del 25% (unos 75 millones de euros al año), según los cálculos iniciales. «Ese ahorro, a su vez, debe destinarse a reinvertirlo en la mejora de los servicios digitales», apostilla.
Un claro ejemplo sobre las mejoras que deben propiciarse con esta nueva política está, por ejemplo, en la gestión de lo que se denominan los Data Center. Se trata de los enormes centros informáticos en los que cada consejería almacena los datos de cada ciudadano, como la historia sanitaria de un paciente en el caso de Salud, los datos de matriculación y expediente académico de un estudiantes en Educación, o la trayectoria laboral y las habilidades de una persona inscrita en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). «Cada uno de estos departamentos tiene su propio contrato de gestión de datos, y ahora lo vamos a unificar todo; siguiendo la tendencia de las grandes organizaciones en todo el mundo, vamos a migrar todos estos datos a la nube (es decir, gestionar toda esa información de forma integral en centros gigantes)», según destaca María Pérez Naranjo, directora general de Estrategia Digital.
Estos centros de datos, así como los servidores y los equipos informáticos —lo que los profesionales del sector denominan «hierro» para diferenciarlo del gasto en software, programas y aplicaciones— copa en torno a un 45% del gasto en digitalización, y es precisamente uno de los ámbitos en los que más se puede ahorrar.
3. Nuevos servicios
El ahorro en la gestión y en las infraestructuras tiene un objetivo dar un salto adelante en la digitalización de todos los servicios que la Junta debe prestar al ciudadano. Una de las claves es que toda aquella iniciativa que se realiza con éxito en una Consejería se debe extrapolar a toda la administración pública. Un ejemplo está en el
Servicio Andaluz de Empleo, en el que se está incorporando inteligencia artificial y big data para la orientación laboral de parados, con perfilado estadístico de oferta y demanda, de forma que se ajusten los perfiles profesionales a la carencias detectadas en empresas. También en Empleo se han utilizado por primera vez en la historia de la administración andaluza un sistema robotizado para tramitar y resolver en un tiempo récord las ayudas de 300 euros destinadas a los autónomos que han visto cómo sus negocios entraban en barrena por culpa de la pandemia del coronavirus. «Lo normal habría sido tardar ocho meses en la gestión de esas ayudas, y este plazo se ha reducido a dos, y además se ha permitido que los empleados públicos se liberen de cargas de trabajo repetitivo par centrarse en operaciones de más valor añadido», incide Raúl Jiménez. Antes este tipo de iniciativas quedaban en el seno del organismo que lo implantaba, ahora «hay una organización central que no solo refuerza su implantación, sino que se encarga de que se aplique en el resto del sistema».
La digitalización debe afectar a todos los ámbitos en los que la Junta tiene competencias desde el seguimiento de la situación de personas con algún tipo de discapacidad en Igualdad, a nuevas fórmulas para la gestión de emergencias sanitarias o la mejora de la red de vigilancia epidemiológica en Salud, hasta la posibilidad de rellenar una hoja de reclamaciones en un establecimiento de forma digital. El objetivo es el papel cero y establecer una relación directa y rápida.
4. Ciberseguridad
En marzo de 2021 el SEPE (el Servicio Público de Empleo Estatal) sufrió un feroz ataque informático que casi paralizó su funcionamiento durante semanas. Frente a este tipo de amenazas, otras de las líneas estratégicas de la nueva Agencia Digital va a ser reforzar todos los sistemas de ciberseguridad. En los próximos tres años se va a realizar un desembolso de 60 millones de euros para crear un centro de ciberseguridad «para que todo el flujo de operaciones que se hace de manera constante y frecuente pueda responder con agilidad y garantías a la amenaza de los hackers».
Aunque este centro es uno de los primeros grandes proyectos de inversión, en los próximos años habrá nuevas oportunidades de la mano de los fondos europeos, que han puesto el foco en la digitalización de la economía y de los servicios públicos.
5. Puesto de trabajo digital
El quinto pilar de la nueva agencia debe ser la creación de un puesto de trabajo digital. Todo empleado de la Junta de Andalucía debe poder acceder, con independencia del ordenador en el que se encuentra, a un escritorio en remoto que le permite acceder a todos los documentos y programas para realizar su trabajo. Esto debe ir acompañado un doble esfuerzo por capacitar a la sociedad en nuevas competencias digitales. Tanto a los empleados públicos, que pueden mejorar su eficiencia con las nuevas herramientas como a la sociedad en general (que requiere en ocasiones formación para el acceso a los servicios digitales).
La Agencia Digital de Andalucía tiene una doble sede, una en Sevilla y otra en Málaga. Esta última crecerá con proyectos que se desarrollen en el futuro. De los 1.080 empleados públicos, casi la mitad está en delegaciones territoriales de las diferentes provincias de Andalucía. Se establecerá una oficina central, con un centenar de trabajadores, que serán los encargados de coordinar a todos los profesionales tecnológicos de la Junta de Andalucía. El modelo se ha desarrollado con el asesoramiento de la consultora tecnológica Gartner y ha estudiado los modelos de Madrid, Galicia, Cataluña y País Vasco, donde también están unificadas las competencias tecnológicas. «En este momento somos una de las iniciativas más ambiciosa en la transformación digital del sector público en España», concluye Jiménez.