Más de 75 venezolanos pidieron cada día en 2020 protección internacional en España

► El 97,99% de las resoluciones fueron positivas por razones humanitarias y solo se dieron cinco asilos

Un total de 28.375 venezolanos solicitaron protección internacional en España el pasado año, lo que supone casi un 32 por ciento del total recibidas. La cifra, que supone una media de más de 75 diarias, revela la magnitud de la diáspora provocada por el régimen de Nicolás Maduro, que condena a salir del país a decenas de miles de sus ciudadanos cada año. Muchos huyen de la ruina económica; otros, de la persecución política y, en no pocas ocasiones, se unen los dos elementos.

Aunque la cifra es muy elevada, en 2019 fue de casi el doble, en concreto 40.886, si bien influyó el parón en la movilidad en todo el mundo como consecuencia de la crisis del coronavirus. Es decir; en un par de años casi 70.000 venezolanos pidieron protección internacional solo en nuestro país.

La respuesta española a la avalancha interminable de peticiones de venezolanos –se dictaron en total 45.858 resoluciones el año pasado– es reveladora. En el 97,98 por ciento de los casos (44.931) se accedió a conceder la protección internacional, pero por razones humanitarias. El matiz es importante, porque en ese periodo solo se dieron cinco asilos, lo que supone apenas un 0,01 por ciento del conjunto de las decisiones adoptadas.

Razones diplomáticas

La razón para ello tiene que ver con el mundo de la diplomacia. La concesión masiva de asilos supondría que el Gobierno admite que el régimen de Maduro persigue a sus ciudadanos por razones políticas; es decir, que es una dictadura, lo que resulta por otra parte evidente, aunque envenenaría las complejas relaciones con Venezuela. España no quiere ese escenario, y por ello opta por una fórmula, la de la protección internacional por razones humanitarias, más fácilmente digerible para las autoridades de ese país. El afectado, mientras, no cambia de estatus a efectos prácticos y se beneficien de una cosa u otra.

En el Informe de Actividad 2020 de la Subdirección General de Protección Internacional del Ministerio del Interior, conocido ayer, se especifica que solo nacionales de cinco países –Venezuela, Colombia, Honduras, Perú y Nicaragua, todos de Iberoamérica–, concentran el 79,3 por ciento del total de las peticiones de protección internacional, que ascendieron a 70.406. Y además solo hay ciudadanos de dos países africanos entre los diez primeros solicitantes, en concreto los malienses, que ocupan el séptimo puesto, y los marroquíes, el décimo.

El caso de Colombia es también llamativo. Está en el segundo lugar de presentación de solicitudes de protección internacional en 2020 –27.586, un 31,06 por ciento del total, cifras solo un poco menores a las de Venezuela–, pero en cuanto a las resoluciones se concedió el estatuto de asilado a 624 personas, el 1,55 por ciento de los solicitados, una cifra que contrasta, por abultada, con la de los venezolanos. Por razones humanitarias, en cambio, solo se concedieron 152, un exiguo 0,38 por ciento. Los nacionales a los que se concedieron más asilos fueron los hondureños, con 686 de las 6.103 resoluciones dictadas.

Un 162 por ciento más

En conjunto, en 2020 España concedió el estatuto de refugiado a 4.359 solicitantes, una cifra que aumenta en un 162 por ciento las peticiones resueltas favorablemente en 2019 y que multiplica por siete las cifras de 2018. Además, concedió también 1.401 solicitudes de protección subsidiaria, que se ofrece a aquellas personas que, sin reunir los requisitos para ser reconocidas como refugiadas, el regreso a su país de origen podría suponerles daños graves. La cifra se redujo un 10,7 por ciento respecto a 2019. El informe precisa asimismo las 45.262 autorizaciones de residencia concedidas por razones humanitarias, un 28,4 por ciento más que el año anterior.

Nuestro país recibió el último año 88.826 solicitudes de protección internacional, convirtiéndose en el tercer Estado miembro de la Unión Europea en número de peticiones, por detrás de Alemania y Francia. No obstante, la restricción de movimientos provocada por la pandemia redujo la cifra en un 25 por ciento respecto a 2019.

Asimismo, se tramitaron 3.601 expedientes para conceder el estatuto de apátrida (la mitad, favorables), una cifra récord que casi duplica la de 2019. La agilización de la gestión y el descenso en las solicitudes (913) permitieron reducir el número de solicitudes pendientes de resolver hasta las 1.379, un 70% menos que en 2019.

En cuanto a los recursos contra las resoluciones dictadas, de las 882 sentencias firmes, 697 las confirmaron.

Venezuela, Colombia, Honduras, Perú y Nicaragua concentran casi el 80 por ciento de las solicitudes de protección