La plantilla de un ente de la Junta de Andalucía falta al trabajo el doble que la media nacional
El personal de la Agencia del Medio Ambiente de Andalucía, dependiente de la Junta, falta a su trabajo un 123% más que la media nacional. Su plantilla, de 4.500 empleados, es «claramente ineficiente» y algunos no tienen cometido.
Dos agencias públicas dedican más del 80% de su presupuesto a pagar sueldos de trabajadores, algunos sin carga laboral
Personal en nómina sin trabajo, bomberos que «no están capacitados» para apagar fuegos, jefes del Plan Infoca (el Servicio de Extinción de Incendios forestales en Andalucía) que no rinden cuentas de sus decisiones, mandos que sólo tienen estudios de la antigua EGB, plantillas sobredimensionadas y envejecidas que faltan a su trabajo más del doble de la media nacional y cuyos sueldos se han revalorizado diez puntos por encima del IPC entre 2015 y 2019… Las auditorías del sector público de la Junta de Andalucía muestran más sombras que luces en la gestión de las agencias empresariales dedicadas a la protección del medio ambiente y la agricultura.
El nuevo Gobierno del PP y Ciudadanos contrató a consultoras privadas para realizar una radiografía sobre 54 entes instrumentales que integran la conocida como ‘administración paralela’ creada durante los 37 años en los que el PSOE fue omnipotente al frente de la Administración autonómica. Los resultados de las auditorías apuntan a una red de organismos con funciones duplicadas, contrataciones opacas y una organización laboral caótica y costosa para el bolsillo del contribuyente.
El caso de la Agencia del Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), encargada de la extinción y prevención de incendios forestales y las actuaciones hidráulicas, es paradigmático. El informe advierte de que este organismo, que manejaba 252,31 millones de euros en 2019, es «claramente ineficiente». Más del 80 por ciento del presupuesto que gestiona se destina a gastos de personal, a mantener una plantilla de 4.512 trabajadores, de los que el 67% está dedicado al Plan Infoca, la principal tarea que Amaya tiene encomendada en sus estatutos. A los auditores les llama la atención que el gasto de personal ha crecido entre 2015 y 2019 en 13,81 millones de euros, casi un 10%, aunque que los asalariados han descendido en 309. La razón es que el coste medio del personal aumentó un 17,8%, diez puntos por encima del IPC en dicho periodo.
Los auditores piden al actual director-gerente de Amaya, Javier de Torre Mandri, que «se tomen medidas para controlar el gasto de personal». La tasa absentismo laboral, que llega al 11,24% –más del doble de la nacional–, «dificulta» el desempeño de tareas productivas como apagar las llamas.
La explicación puede estar en la elevada edad media de los operarios del Infoca, que ronda los 51,8 años. Al cumplir los 55 son retirados de la primera línea del fuego. Por estas y otras circunstancias –muchos no disponen siquiera de permiso de conducir–, «no están capacitados para desarrollar las tareas para las que fueron contratados». El estudio apuesta por realizar despidos objetivos amparándose en una «ineptitud sobrevenida» y revisar los criterios de selección del personal.
Como el personal fijo del Infoca no es suficiente para extinguir los fuegos, la agencia recurre a contratos temporales en los periodos de mayor riesgo. La auditoría recomienda que se externalice parte del servicio a empresas privadas para cubrir estos picos de actividad durante el verano, como hacen Castilla-La Mancha o Canarias. Los convenios colectivos, que compensan las horas extra con descansos, provocan que la superficie cubierta por trabajos preventivos sea «cada vez menor».
Para complicar más la organización del dispositivo de emergencia, no hay una cadena de mando único. Esta estructura policefálica «genera graves ineficiencias». Los cortafuegos actuales están «desconectados de las redes de comunicación» y, por tanto, no funcionan como barreras a la propagación de las llamas. Tampoco las torres de vigilancia tienen utilidad. Hasta la legislación de incendios forestales en Andalucía está «desactualizada». Por tanto, la auditoría propone aplicar una «reestrucción total» de la agencia, segregando la actividad forestal de otras actividades hidráulicas o referidas a los espacios protegidos que están «duplicadas» en la propia Consejería de Agri
cultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a la que está adscrita la agencia empresarial de la Junta.
El principal ‘agujero negro’ que presenta Amaya es la Dirección de Gestión del Agua y Calidad Ambiental, porque no hay actuaciones hidráulicas y ha pasado de generar beneficios a unas pérdidas superiores a 6 millones de euros en 2019, el primer año del nuevo gobierno. Además, hay personal en nómina que «actualmente no tiene carga de trabajo» y que habría que «reciclar o reubicar» en otros departamentos. La gestión de las empresas participadas por Amaya es igualmente «deficiente». Como muestra, dos de las sociedades son insolventes y llevan años inmersas en procesos concursales.
Altos mandos con la EGB
Las auditorías también han detectado elementos sorprendentes en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa). Así, señala el informe, ocho de sus altos mandos tienen solo la EGB, no consta su formación o son diplomados. El documento que radiografía este ente instrumental de la Junta recomienda analizar en profundidad si esos jefes de área «disponen de las competencias, conocimientos y capacidades oportunas para el ejercicio de dichos cargos».
Hay más cuestiones llamativas en los recursos humanos de la Agapa. Señala la auditoría que el gasto de personal se ha disparado un 4,5 por ciento entre 2015 y 2019 pese a que en ese mismo periodo la plantilla bajó un 6,3 por ciento. La única explicación lógica es que lo que cobran quienes trabajan en la Agapa sube por encima de lo que se ahorra con las bajas y jubilaciones. Además, el estudio refleja que el absentismo dentro del personal es un 91 por ciento superior a la media nacional.
Esta agencia, que cuenta con un presupuesto de más de 131 millones de euros y un plantilla de 2.657 personas, tiene solo 750 funcionarios. El resto son dos altos cargos y personal temporal, discontinuo o de otra categoría.
La auditoría también desvela que en la Agapa no existen «normas internas que regulen los procedimientos necesarios para ejecutar las funciones y competencias de la agencia» y destaca que la Agapa tiene además «doble estructura de personal».