UN AÑO FUERA DE ESPAÑA

Don Juan Carlos fue consciente de que su prioridad era no comprometer más la imagen de la Corona y el reinado de Felipe VI, y eso se imponía sobre cualquier otro interés

EDITORIALES

Se cumple un año desde que el Rey emérito, Don Juan Carlos, abandonase España camino de Abu Dabi,empujado por la presión política y social que ejercieron las revelaciones que lo situaban como responsable de ilegalidades fiscales cometidas por la ocultación de una fortuna a través de una supuesta red de testaferros. En un año se ha normalizado en el ideario colectivo algo que nunca debió normalizarse, que es la salida de España, y de incógnito, del Rey que contribuyó decisivamente a la Transición y a la consolidación de la democracia en nuestro país. Su marcha se produjo en circunstancias forzadas y decepcionantes. Primero, propiciadas por los propios errores y abusos de Don Juan Carlos, por los que ha tenido que afrontar dos regularizaciones fiscales muy relevantes para saldar cuentas con la Agencia Tributaria; empañando los abrumadores méritos y aciertos de su largo reinado. Y segundo, forzadas por el propio Gobierno de la nación, ya que su entonces vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, fue quien más instigó para crear la imagen de un triunfo del populismo radical sobre la Monarquía parlamentaria. En cualquier caso, Don Juan Carlos fue consciente de que su prioridad era no comprometer más la imagen de la Corona y el reinado de Felipe VI, y eso se imponía sobre cualquier otro interés por doloroso que fuese para él, en lo personal y en lo institucional.

Hoy, transcurrido un año, mucho ha cambiado. Las investigaciones tributarias han avanzado, sigue sin pesar sobre Don Juan Carlos una sola acusación formal de carácter penal, está regularizando todo aquello que la Agencia Tributaria considera ilícito, y hasta el propio Gobierno se ha renovado, con una pérdida notable de peso específico de Podemos, y en particular de Iglesias, considerado el principal inquisidor contra la Corona. El Rey emérito es libre de regresar a España cuando considere conveniente porque no existe ningún impedimento legal para ello. Cosa distinta es que Don Juan Carlos no quiera resultar un inconveniente añadido para su hijo y para la reputación de la Corona, o que no quiera alterar el statu quo vigente generando una polémica añadida sobre dónde podría residir, o qué papel desempeñaría en nuestra vida pública. De hecho, sigue muy presente en La Zarzuela la certeza de que Felipe VI se desmarcó claramente de las conductas irregulares de su padre con reproches nítidos y decisiones contundentes.

En efecto, no existe de momento ninguna previsión en el entorno de Don Juan Carlos de que pueda regresar a España a corto plazo. A priori, tampoco parece ni siquiera planteado hasta que no se sustancien definitivamente todos y cada uno de los efectos de las regularizaciones fiscales en tramitación. Y no habiendo tampoco perspectivas de una acusación penal por parte de la Fiscalía ante el Tribunal Supremo, su presunción de inocencia, como la de cualquier otro español, debe permanecer inalterable. Don Juan Carlos falló a los españoles en la ejemplaridad, y es notorio que perjudicó la percepción pública de la Corona por culpas propias y por culpas ajenas, sobre todo cuando se puso en manos de oportunistas y chantajistas, y cuando tanto decepcionó con sus conductas. Los esfuerzos de Don Felipe por revertir esa situación están siendo ingentes y queda trabajo por hacer, aunque su credibilidad como Rey está fuera de toda duda. Lo que no tendría lógica es que la situación de Don Juan Carlos quedase lastrada indefinidamente en una suerte de limbo porque, antes o después, su sitio es España. Lo fue, lo es, y debe serlo también en el futuro.