«SI SALE UNA LEY DEL ‘LOBBY’ SERÁ PORQUE NOS OBLIGÓ EUROPA»
La regulación estatal de los grupos de interés quedó pendiente en la anterior crisis
María Rosa Rotondo (Madrid, 1972) es presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) y es lobista. Ha dedicado años a defender la necesidad de legislar sobre los ‘lobbies’. En la anterior crisis ya quedó claro que España acumula un gran retraso respecto del resto de Europa. Incluso cinco comunidades autónomas (Cataluña, Madrid, Aragón, Murcia y Comunidad Valenciana) ya se han adelantado al anteproyecto estatal.
—¿Tendremos finalmente una Ley que regule los ‘lobbies’ en España?
—La calidad de nuestra democracia lo merece. Los españoles debemos poder saber a qué intereses obedecen las normas que se aprueban, y exigir la máxima transparencia a las administraciones y a los grupos de interés. Además, España no se puede quedar atrás. EE.UU. y los principales países del continente europeo disponen de una regulación más o menos sólida. Si finalmente la alcanzamos, en parte habrá sido gracias al esfuerzo de divulgación y explicación de APRI en los últimos 14 años.
—La regulación de los ‘lobbies’ está en el programa de la actual coalición de gobierno. ¿Por qué es importante acelerar su tramitación?
—Porque no podemos dejar que pase otra legislatura sin aprobarse. Además, con la llegada de los fondos europeos, la regulación de la transparencia de grupos de interés ayudará a asegurar que se cumplen las exigencias de Europa en términos de calidad democrática. No podemos permitirnos ningún tipo de acción que pueda retrasar o reducir la transferencia de dichos fondos. Así que, si sale una ley del ‘lobby’, será porque nos lo impuso Europa.
—¿Una ley puede acabar con la mala fama de los lobistas?
—Una ley no va a cambiar la manera en la que trabajamos los profesionales de las relaciones institucionales y los asuntos públicos, pero para los que nos tomamos en serio esta profesión su regulación supone la normalización y el reconocimiento de una actividad que se lleva desarrollando décadas y, además, cada vez de manera más profesional y ética. Como decía mi homólogo en la asociación francesa de lobistas, la regulación demuestra que no hay nada que esconder en esta profesión.
—¿Cuáles son los elementos básicos de una legislación de ‘lobbies’?
—La regulación debería contener siete aspectos fundamentales: una definición adecuada de la actividad; un registro obligatorio; un código de conducta; la existencia de una agenda pública; un expediente de huella en la actuación pública; la regulación de los conflictos de intereses y las incompatibilidades de los responsables públicos; y un régimen sancionador y de supervisión independiente que vele por el cumplimiento del conjunto del sistema.
—¿Por qué es importante contar con un registro?
—Los registros de grupos de interés garantizan la transparencia de la representación de intereses y de la participación de la sociedad civil en los procesos de elaboración de decisiones públicas. Esto permite a los ciudadanos hacer un seguimiento de quién ha podido influir en ellas. La transparencia es esencial para mantener la confianza de los ciudadanos en la legitimidad de los procesos legislativos, administrativos y de adopción de políticas públicas.
—¿Por qué debe ser obligatorio?
—Lo contrario impediría su eficacia. Los primeros registros en España y en las instituciones europeas han constatado que la voluntariedad no ha funcionado y, este último, ha acabado siendo obligatorio.
—¿Qué ocurre si un responsable público cree que debe contactar con un grupo de interés que no está registrado o no quiere registrarse?
— La transparencia debe ser bidireccional. Por tanto, un responsable público no debería mantener contactos con aquellos grupos de interés que no estén registrados.
—¿No podría convertirse el registro en una barrera burocrática para un grupo de vecinos, por ejemplo?
—Por eso proponemos que la inscripción sea obligatoria, pública, gratuita y accesible electrónicamente. No debería suponer un obstáculo para nadie.
— ¿Qué es la huella de la actuación pública?
—La huella de la actuación pública es como el ADN de las normas, se trata de un expediente de transparencia que nos indica los cambios ocurridos durante el proceso de tramitación, desde el primer borrador hasta su aprobación final.
—¿Qué hacemos con las puertas giratorias? ¿Y qué pasa con las de los funcionarios que salen y entran de la política como jueces o fiscales?
—Las puertas giratorias deben estar reguladas de un modo equilibrado. En APRI creemos que el trasvase entre lo público y lo privado es en general positivo, pero deben de existir mecanismos de control que no perviertan el sistema. Por ejemplo, si has sido un cargo público que has jugado un papel importante en el desarrollo de una norma, no puedes salir inmediatamente y ser el lobista de ese tema. Y lo mismo si has sido un lobista que pasa a ser cargo público. Hay que regular en ambos casos.
—Por lo visto hay un consenso muy avanzado sobre esta regulación. ¿Qué aspectos podrían escapar a ese consenso?
—Como en toda ley, los detalles siempre pueden generar desacuerdos y retrasar su aprobación, pero en nuestra experiencia, se suele enquistar en la definición de lo que es ‘lobby’. Una vez que el regulador entiende que lo importante es regular la actividad, y a no a los sujetos, la regulación fluye. También suele haber desacuerdos en las puertas giratorias y las sanciones.
—Qué sucede con los cargos electos o funcionarios que se dedican al ‘lobby’?
—Si son funcionarios o cargos electos, no deben ser lobistas.
Un registro obligatorio de grupos de presión
«LA TRANSPARENCIA ES ESENCIAL PARA MANTENER LA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS EN LA LEGITIMIDAD DE LOS PROCESOS LEGISLATIVOS»