El Tribunal de Cuentas reclama 9,7 millones a UGT por el caso ERE
El organismo también reclama de forma conjunta 2,8 millones a Comisiones Obreras
Durante la larga instrucción penal del caso ERE, por el que han sido condenados dos expresidentes de la Junta de Andalucía, los jueces han apuntado en distintas ocasiones a UGT y Comisiones Obreras. Pero es ahora el Tribunal de Cuentas el que dispara un ‘cañonazo’ contra los sindicatos en forma de reclamación millonaria por su responsabilidad contable en la gestión irregular de las ayudas sociolaborales concedidas por la Administración autonómica en la etapa del PSOE.
El organismo con sede en Madrid reclama 9.745.882 euros a la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (UGT FICA) a nivel nacional. La liquidación provisional fue notificada la pasada semana a esta federación, que baraja recurrirla, según la información que ha adelantado El País. El expediente pone en serios aprietos las finanzas de esta organización, que se ve forzada a poner como garantía su patrimonio inmobiliario y podría ver bloqueadas sus cuentas y afectada su actividad. Los posibles pagos sólo se harían efectivos cuando haya una sentencia firme pero, mientras tanto, los fondos o avales quedarán paralizados.
Según ha podido confirmar ABC, se refiere a las supuestas responsabilidades derivadas, entre otros, de los ERE llevados a cabo en empresas mineras de la Faja Pirítica de Huelva. Como tomador de las pólizas subvencionadas figura la Asociación Faja Pirítica de Huelva, montada por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras para canalizar el cobro de ayudas millonarias destinadas a prejubilar a 687 mineros. Merced a un acuerdo previo firmado el 11 de septiembre de 2002 por la Junta y el Ministerio de Trabajo, ambas administraciones pactaron cofinanciar las prejubilaciones aportando 102,23 y 36 millones de euros, respectivamente. Según detalló la Guardia Civil en un atestado, de los 1.169 trabajadores que se prejubilaron en las minas andaluzas, 334 eran intrusos o falsos trabajadores.
De los 9,7 millones recogidos en la liquidación, 2.862.584 se reclaman de forma conjunta y solidaria a la Federación Minerometalúrgica de CCOO. La antigua federación de UGT que negoció las ayudas ya no existe puesto que se integró en la Federación de Industria, Construcción y Agro. El Tribunal de Cuentas lleva casi diez años investigado las ayudas sociolaborales.
El Tribunal considera que de estos fondos públicos no solo se beneficiaron personas afectadas por expedientes de regulación de empleo sino también a personas que «no reunían las condiciones exigidas» para recibir estas subvenciones.
Proceso penal
El tribunal apunta a la responsabilidad contable de dos federaciones sindicales por negociar los ERE en minas andaluzas
En la causa penal paralela de los ERE, el juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha pedido al Gobierno y a la Junta de Andalucía los certificados acreditativos de la personalidad jurídica de más de veinte federaciones sectoriales de ambos sindicatos a nivel nacional y autonómico.
El objetivo de estas pesquisas es incluir, con carácter general, al sindicato y a todas sus federaciones como responsables civiles subsidiarios en todas las piezas de esta macrocausa en las que estén investigados o acusados dirigentes de ambas organizaciones.
No es la primera vez que UGT y CCOO se ven salpicados directamente por el fraude. En enero, el juez consideró responsables civiles subsidiarias a ambas organizaciones por los 35 millones de euros que el Gobierno andaluz concedió entre los años 2004 y 2010, durante la etapa del PSOE, a la tabaquera Altadis para financiar las prejubilaciones de la citada empresa. Entre los procesados hay cuatro exdirigentes sindicales, dos de UGT y otros dos de CCOO. Estas centrales están personadas como acusación en el caso.