A FALTA DE LEY, IMPROVISACIÓN
El acuerdo sobre la reapertura de los estadios tiene una vigencia de dieciséis días, plazo que da cuenta de la provisionalidad con que actúa el Gobierno de la incertidumbre y los borradores
AFALTA de nueve días para el comienzo de la Liga, el Gobierno sometió ayer a debate regional un borrador sobre las condiciones del regreso de los aficionados a los estadios de fútbol y otros recintos deportivos, ya ensayado de forma restrictiva y desigual en las últimas jornadas del anterior campeonato. La arbitrariedad de las medidas propuestas por el Ejecutivo –en cuanto a aforo, venta de localidades o actividades permitidas, condicionadas posteriormente por las directrices de cada comunidad autónoma y, en última instancia, por la decisión de los tribunales de Justicia– es la enésima muestra de la improvisación con que el Gobierno ha hecho frente a una pandemia que en todo momento lo ha desbordado, por activa y por pasiva. A la declaración de un estado de alarma ya considerado inconstitucional y marcado por el atropello de las libertades públicas, siguió una desconcertante fase de ‘cogobernanza’ sin base normativa alguna y que dejó a las comunidades autónomas, delegadas por el Ejecutivo y abandonadas a su suerte, como responsables de una batalla contra el Covid que durante meses han tenido que librar sin instrumentos legales y bajo la consiguiente tutela judicial. Año y medio después de la irrupción de la pandemia, y pese a la demanda continuada de la oposición y de las quejas de los jueces sobre la falta de una legislación específica para regular situaciones como la provocada por el coronavirus, el Gobierno no ha considerado prioritaria la elaboración de una ley que, contra un vacío legal que no ha dejado de provocar inseguridad jurídica en los más diversos sectores, regulase la vida pública y la actividad económica. Legalizar la eutanasia o dar carta de naturaleza a la ‘ley trans’ de Irene Montero eran más importantes para el Ejecutivo.
La venta, también ayer, del 10 por ciento de la Liga a un fondo de inversión extranjero vino a valorar el negocio del fútbol español en 27.000 millones de euros, cifra que pone de manifiesto la riqueza que atesora y proyecta un espectáculo sometido –como tantas otras actividades, consideradas no esenciales– a los volantazos y a la falta de iniciativa del Gobierno a la hora de definir un marco legal hecho a la medida de la pandemia que en los últimos meses ha devastado la economía nacional. De la hostelería a la organización de conciertos y festivales, pasando por la tauromaquia o el teatro, el sector del ocio ha sufrido y sigue sufriendo las consecuencias de una cogobernanza que ha sido desgobierno. Sin una ley que disponga unas mínimas reglas y aporte seguridad, incluso en las situaciones más excepcionales, como las actuales, no hay negocio que resulte viable y logre superar el umbral de la mera supervivencia. Si la Comunidad de Madrid pudo construir un hospital especializado en vísperas de la segunda ola de la pandemia, el Gobierno tuvo tiempo de sobra para legislar las condiciones de una vida económica que finalmente y entre contradicciones ha tenido que ser reordenada por los tribunales.
El acuerdo alcanzado ayer en el Consejo Interterritorial de Sanidad tiene una vigencia de apenas dieciséis días, plazo que da cuenta de la provisionalidad con que actúa el Gobierno de la incertidumbre, los borradores y los acuerdos semanales de mínimos. Mientras Pedro Sánchez celebra los hitos del proceso de inmunización de grupo, entrar a un bar sin pasaporte Covid, ir al fútbol o trasnochar sin toque de queda son actividades, no esenciales, que quedan al albur de una cogobernanza que, en ausencia de un marco legislativo, se reparten expertos anónimos, delegados regionales y jueces de guardia.