Aena amenaza por carta con triplicar el alquiler a los comercios que no abran
El gestor aeroportuario se apoya en una cláusula para exigir la apertura de los negocios, a pesar de que el tráfico aéreo siga un 66% por debajo de 2019
La disputa de Aena con los comerciantes de los aeropuertos suma un nuevo capítulo. La gestora de las infraestructuras aeroportuarias españolas ha remitido una carta a los operadores de las tiendas que aún no han levantado la persiana avisándoles de que, si persisten en su negativa, podrían ser penalizados con tres días de alquiler por cada uno que permanezcan cerrados. Es decir, triplicaría el precio del arrendamiento.
En la misiva, a la que ha tenido acceso este periódico, la compañía que dirige Maurici Lucena, se acoge a una cláusula establecida en los contratos con los inquilinos, que decreta que los locales «deberán en todo caso estar abiertos de forma permanente durante todos los días en que el aeropuerto permanezca abierto, iluminado y con sus instalaciones y equipos en marcha, con el horario de apertura, funcionamiento y cierre al público señalado por Aena». Una regla esencial para la parte arrendadora que de no cumplirse «someterá al pago de una penalidad diaria de tres veces la renta diaria». Es decir, que los arrendatarios de comercios y establecimientos de restauración deberán pagar una renta tres veces superior, «sin perjuicio del derecho que asiste a Aena de resolver el contrato y reclamar la correspondiente compensación».
Además, la empresa con participación mayoritaria del Gobierno abunda en que el pago de esta penalidad «en ningún caso exonerará al adjudicatario de su obligación con respecto al horario de apertura del local». Por lo que los comerciantes no podrían preferir pagar la multa y permanecer cerrados.
El germen de esta respuesta del gestor semipúblico se encuentra en la decisión de grandes y pequeños operadores de no abrir sus puertas en algunos aeropuertos a petición de Aena, que estimaba estas aperturas como fundamentales para la reactivación de sus aeródromos de cara al inicio de la temporada estival. Según ha podido saber ABC de fuentes sindicales, esta petición por parte del gestor aeroportuario se intensificó a finales de junio, justo en el comienzo del verano.
En este sentido, las negativas de los comerciantes, explican fuentes del sector, han llegado sobre todo provenientes desde las empresas hosteleras, que consideran que el tráfico aéreo actual en algunos aeropuertos no es favorable a una reapertura que además conllevaría sacar a sus empleados en condición de ERTE. Entre los implicados más reconocidos está la británica SSP, que opera franquicias reconocidas como Burger King y Starbucks. ABC ha intentado ponerse en contacto con algunas de las empresas afectadas, pero sin suerte.
Fuentes de Aena insisten a ABC en que exigen la apertura de estos negocios por la recuperación del tráfico. Sin embargo, los comerciantes señalan que la recuperación del tráfico aéreo no es al 100%. Además, fuentes sindicales explican que algunas zonas de los aeropuertos siguen fuera de servicio por culpa de la pandemia, por lo que no les parece congruente que se pida a los comerciantes abrir cuando no habría la suficiente demanda. Los últimos datos de tráfico aéreo, de junio, manifiestan que aunque en comparación con el año pasado creció un 779%, hasta los 9,2 millones, todavía está dos tercios por debajo de los niveles de 2019. Esto se debe a que el turismo internacional, de mayor peso, y el que más consumía en las tiendas, todavía está lejos de recuperar los niveles anteriores a la pandemia por la incertidumbre internacional.
Guerra por el alquiler
En paralelo, Aena continúa la guerra con sus inquilinos por el pago de las rentas mínimas garantizadas anuales (RMGA) de los locales, el importe de alquiler mínimo al año que pagan los operadores comerciales (también pagan variables en función de su facturación). Así, comerciantes y hosteleros mantienen litigios en los juzgados con la empresa semipública, a la que piden que se les exima del pago de los alquileres durante los peores meses de la pandemia, ante una caída del tráfico aéreo sin precedentes que cerró el año 2020 con un 72% menos de vuelos respecto a 2019 y que continuó con números similares hasta el final del estado de alarma en mayo.
Un extremo que Aena continúa rechazando, ya que sigue sin modificar la oferta efectuada a los inquilinos que pasa por anular la totalidad del pago de las rentas mínimas garantizadas del primer estado de alarma (marzo-junio de 2020) y de la mitad del alquiler desde esa fecha hasta el próximo mes de septiembre. Según plasma la empresa en sus cuentas del último trimestre, las RMGA acumuladas desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de junio de 2021 ascienden a 875 millones de euros. Por el momento, Aena ha conseguido que un total de 94 comerciantes firmen su oferta (el 67% de los inquilinos), aunque esto les supone poco más del 13% de las rentas totales.
Son sobre todo los grandes operadores –Dufry, SSP y Áreas– los que rechazan la propuesta de la cotizada, con cautelares de varios juzgados a su favor, que evitan que Aena ejecute los avales de los alquileres. De hecho, el pasado mes de junio, el Juzgado de Primera Instancia número 39 de Madrid volvió a ratificar las medidas cautelares aprobadas en marzo a favor de Dufry –la propietaria de los Duty Free–, entre las que se incluía el cobro de estos avales.