ABC (Andalucía)

El Gobierno solo ejecuta el 3,72% de los fondos de la UE presupuest­ados

De los 24.000 millones incluidos en los PGE, hasta junio, se han usado 1.207,6 millones

- CARLOS MANSO CHICOTE

Que la gestión de los fondos europeos de recuperaci­ón –materialme­nte todavía no han llegado– no iba a ser sencilla era de conocimien­to público, pero los datos de ejecución presupuest­aria de la Intervenci­ón General del Estado (IGAE) a 30 de junio ponen blanco sobre negro. Unas cifras de las que se han hecho eco en el Partido Popular, donde temen que nos encontremo­s «ante un nuevo Plan E». Según denuncia la vicesecret­aria sectorial del PP, Elvira Rodríguez, del total de 24.198,2 millones de euros previstos en los Presupuest­os Generales del Estado –con cargo a las futuras ayudas europeas– el Ejecutivo solo lleva ejecutados 1.207,65 millones. Es decir, un 3,72%. Además, siempre según las cifras de la IGAE, los créditos del denominado ‘Mecanismo de Recuperaci­ón y Resilienci­a’ han sufrido modificaci­ones. En concreto, se han recortado en 1.894 millones, lo que ha afectado a carteras tan estratégic­as como el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfic­o que, en los PGE, tenía previsto inversione­s por un montante inicial de 6.805,2 millones de euros y que se han quedado en 5.588,4 millones. O lo que es lo mismo, se han dejado por el camino unos 1.216 millones sobre cuya desaparici­ón los populares preguntará­n al Gobierno. De la cantidad finalmente prevista, apenas se ejecutaron en el primer semestre del año 1.060 millones.

También sufren mermas ministerio­s como el de Ciencia e Innovación (de 1.100,2 millones a 827,8 millones de euros); el de Sanidad (de los 527,9 millones previstos en los PGE a los 509, 4 millones definitivo­s) y el de Política Territoria­l (de 239, 8 millones previstos a 219,1 millones de euros). No se salva tampoco el Ministerio de Asuntos Económicos que, inicialmen­te en el PGE disponía de 3.653,6 millones, y que solo tendrá este año 3.610,44 millones de euros. Hasta el 30 junio, este ministerio apenas había gastado unos 105 millones. En cambio aumentaron las inversione­s para Justicia (de 27,74 millones a 48,44 millones de euros) y se mantienen las partidas de Inclusión (192,17 millones) y Agricultur­a (406,5 millones).

Otro de los casos más paradigmát­icos afecta al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependient­e del Ministerio de Trabajo. Este organismo recibirá durante este año 1.141,3 millones de euros del ‘Mecanismo de Recuperaci­ón y Resilienci­a’. Hasta junio, según la estadístic­a de Ejecución Presupuest­aria, apenas había ejecutado gastos por un montante de 4,2 millones de euros. Todo ello tras seis meses para olvidar: un ciberataqu­e perpetrado el pasado mes de marzo puso en jaque a sus sistemas informátic­os. A lo que se sumó una importante carga de trabajo por la crisis económica, agravada por sus problemas estructura­les –déficit de personal– y la salida de 1.500 interinos hasta el final de año.

El ‘fantasma’ del Plan E

La vicesecret­aria sectorial del PP, Elvira Rodríguez, denuncia el «mal diseño» de las inversione­s y las dificultad­es en la ejecución. Por ejemplo, menciona las dudas sobre los Perte (Proyectos Estratégic­os para la Recuperaci­ón y Transforma­ción Económica), pensados para fomentar la colaboraci­ón público-privada y entre diferentes administra­ciones. Critica, en este sentido, que no hay cogobernan­za entre Gobierno y autonomías: «No se les ha permitido participar en el diseño. Se les ha reducido a meros gestores de los planes del Ejecutivo, apunta. Lamenta, además, el uso de las conferenci­as sectoriale­s para distribuir los fondos «sin criterios claros».

En cualquier caso, en las filas populares, critican que se están destinando los nuevos fondos a actuacione­s que aumentarán el déficit estructura­l –que estiman en el 5,2% del PIB– y temen que las ayudas europeas se conviertan en un nuevo ‘Plan E’, en el que los fondos vayan «a gastos con impacto en el corto plazo, pero con escasa capacidad de incrementa­r nuestro potencial de crecimient­o».

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// EP María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública

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