¿Escándalo, qué escándalo?

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (me imagino que sus tarjetas de visita serán de tamaño A4, como mínimo) calificó de «escandaloso» el vaciado de dos embalses de Iberdrola en Ricobayo y Valdecañas y añadió que «no se puede permitir que la empresa haga lo que le conviene en términos económicos». No entiendo cómo se puede decir tal cosa. Vamos a ver. La regulación de los embalses está sometida a un control estricto de sus niveles y usos por parte de la Confederación Hidrográfica correspondiente.

Así que escándalo, ninguno. O bien Iberdrola ha violado el régimen de uso del agua y entonces más que un escándalo es un delito que la Administración debe perseguir, o bien usa sus atribuciones dentro de la legislación vigente, lógicamente de la forma que más le conviene. ¿Acaso debería hacerlo en la que más le perjudica? El propio ministerio publicó días después una nota oficial en la que aseguraba que el desembalse realizado «en ningún caso ha supuesto afección a los abastecimientos de las poblaciones adyacentes».

Así que si hay algún problema estará en la norma y será responsabilidad de la ministra cambiarla. Echarle la culpa al anterior, es una costumbre muy acendrada, pero no cuela. Tres años después de asumir la responsabilidad nadie, ni siquiera la vicepresidenta y ministra de todo eso, puede esconder su incapacidad debajo de las descalificaciones.

Tal y como ha presentado la cuestión parece como si el agua desembalsada se hubiese perdido inútilmente por un agujero. Nada más lejos de la realidad. Después de turbinarse en Ricobayo el agua se embalsa primero en Castro, después en Villalcampo, para terminar en Aldeadávila y Saucelle. En el caso de Valdecañas, va a Alcántara.

También se ha calificado de escándalo el hecho de que, al ser un sistema marginalista, Iberdrola se aprovecha de los precios actuales, sin que el menor coste hidroeléctrico impacte en el precio final de la electricidad. Cierto. Como lo es que, de no existir dicha generación, el coste global del sistema sería mayor al tener que recurrir al gas y pagar más por la emisión de CO2. El Gobierno se empeña en señalar a los productores –al 27% del coste total–, sin atreverse a resolver de una vez el conjunto de problemas responsables del 70% de la factura que nos agobia.