El Gobierno prevé aprobar hoy el primer bloque de la reforma de pensiones
El Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros de hoy el proyecto de ley con las primeras medidas para la reforma del sistema público de pensiones, que será posteriormente remitido al Congreso para iniciar su tramitación.
Como ya se conoce, la norma suprime algunos aspectos de la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, como el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad, que será reemplazado por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional. A partir de ahora, las pensiones se revalorizarán con el IPC medio anual.
Asimismo, introduce incentivos para retrasar la jubilación de forma voluntaria y revisa el modelo de jubilaciones anticipadas con el fin de acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal.
Estas medidas, que fueron acordadas con los sindicatos CC.OO. y UGT y las patronales CEOE y Cepyme a partir de las recomendaciones del Pacto de Toledo, ya fueron aprobadas como anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros del pasado 6 de julio.
Tramitación en el Congreso
Ahora, la previsión es que en este primer Consejo de Ministros tras el parón estival se aprueben estas medidas como proyecto de ley para iniciar su tramitación en las Cortes, según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Esta será la primera pata de la reforma de pensiones que el Gobierno ha comprometido con Bruselas en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Gobierno ya ha avanzado su intención de ampliarla con más medidas durante su tramitación parlamentaria.
Es el caso, por ejemplo, del nuevo factor de equidad intergeneracional, para el cual Gobierno y agentes sociales se han dado de plazo para negociarlo hasta el 15 de noviembre. Este nuevo mecanismo, que operará a partir de 2027, se incluirá en el proyecto de ley a través de una enmienda de los grupos que respaldan al Ejecutivo.
En caso de no alcanzarse un acuerdo en el diálogo social, el Ejecutivo regulará el mecanismo para que pueda estar definido en el momento de su entrada en vigor.