El juez sustituto estudia hipotecar los aviones de Plus Ultra
▶ Pide a acusaciones y defensas que se posicionen sobre la petición del PP
El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha dado diez días a las acusaciones y defensas para que se pronuncien sobre la posibilidad de fijar una hipoteca sobre el avión o los aviones que disponga Plus Ultra a fin de garantizar la devolución del dinero del rescate público si finalmente se acreditan irregularidades en el proceso.
La petición proviene de la acusación que ejerce el PP y tiene origen en la decisión del Juzgado de dar luz verde al pago de 34 millones de euros en concepto de préstamo participativo a Plus Ultra, la misma ayuda que previamente había congelado de manera cautelar.
La formación, que ya ha anunciado que recurrirá ante la Audiencia Provincial el desbloqueo de la ayuda, solicitó al juzgado la constitución cautelar de una «hipoteca mobiliaria sobre la aeronave o aeronaves que pudiera tener en su activo Plus Ultra a fin de garantizar un eventual reembolso por parte de dicha aerolínea de la suma entregada por la subvención de referencia si tal reembolso fuere exigible».
«A tal fin, Plus Ultra deberá poner a disposición de este Ilustre Juzgado todos los datos identificativos de la aeronave o aeronaves que sean de su propiedad, incluyendo, a título enunciativo que no limitativo, matrícula identificativa y título de propiedad de la/s misma/s» dice el escrito de los populares al que tuvo acceso ABC.
En respuesta, el juez Antonio Serrano-Arnal, en funciones de guardia y sustituyendo a la instructora Esperanza Collazos, dictó un auto el pasado 18 de agosto en el que concedía 10 días al resto de acusaciones y defensas para presentar alegaciones al respecto. Vencido el plazo, el Juzgado resolverá si conviene o no fijar esa hipoteca como caución una vez se ha desbloqueado el flujo de dinero para garantizar su restitución si el día de mañana, es necesario.
Esa decisión tampoco fue acordada por la juez que lleva el caso, sino por el instructor que estaba de guardia, que firmó un auto el pasado 10 de agosto dando luz verde a la operación. El argumento, que el bloqueo del préstamo participativo de 34 millones «puede suponer el riesgo de insolvencia definitiva de Plus Ultra, obligándola a dejar de operar y creando un perjuicio a los pasajeros que han pagado por anticipado».
La acusación que ejerce el PP no está de acuerdo y ya ha anunciado su intención de recurrir ante la Audiencia Provincial. Sostiene que dar vía libre al dinero sin que se haya esclarecido que la concesión se ajusta a derecho y teniendo en cuenta, además, la situación económica de la aerolínea, puede impedir que devuelva los fondos en caso de que un tribunal le acabe ordenando hacerlo.
Paralizado y reactivado
La acusación que ejerce el PP recurrirá la liberación del préstamo participativo de 34 millones de euros para la aerolínea
El rescate, paralizado cautelarmente, se reactivó por auto del pasado 10 de agosto tras escuchar a la compañía
La juez Collazos había paralizado esta fase del rescate, que asciende en total a 53 millones de euros por apreciar que la necesidad de la ayuda no estaba acreditada y que «una entrega no justificada supondría un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración».
Sin embargo, el informe pericial que aportó la aerolínea cambió el criterio, al conseguir acreditar ante el Juzgado que la inyección era su «única forma de poder mantener la viabilidad de la empresa». Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se posicionaron a favor de liberar aquellos fondos.
Mientras, está pendiente el análisis independiente que encargó la juez para dirimir si hubo algún tipo de irregularidad en la concesión en sí del rescate en tanto que pudiera haberse incumplido alguno de los requisitos que impone la ley.