Las ayudas directas encallan y emulan el caos del ingreso mínimo
▶ Hasta julio apenas se habían concedido el 40% de los 7.000 millones de euros
Una gran mayoría de autónomos y pymes ni siquiera se molestan en solicitar las ayudas directas aprobadas por el Gobierno para inyectar liquidez en el tejido empresarial español. Solo unos 300.000 autónomos, alrededor de un 10% de los más de 3,3 millones de trabajadores por cuenta propia afiliados al RETA, han reclamado este dinero que debía servir de balón de oxígeno tras casi dos años de crisis económica y restricciones, según cálculos de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA).
El principal obstáculo radica en que, al igual que ocurre con el ingreso mínimo vital, los requisitos del real decreto 5/2021 de 12 de marzo de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial son muy difíciles de cumplir por una gran mayoría de negocios. El fracaso se vuelve a repetir en la misma línea que con el ingreso mínimo –que solo ha llegado a poco más del 30% de los hogares previstos en un año– por unas condiciones demasiado estrictas, pero también a causa de una burocracia farragosa y por un mal diseño en el planteamiento de la norma.
Esta ayuda, que era esperada como agua de mayo por miles de empresas y autónomos, se ha convertido finalmente en una medida casi residual en varias regiones. Ante esta sequía de formularios de solicitud, las comunidades están ampliando los periodos, aunque esta medida adicional no está siendo suficiente para animar a que la pidan los empresarios con problemas económicos.
El verdadero giro que necesita la norma, según las asociaciones de autónomos consultadas, se centra en un cambio de las exigencias y en que el Gobierno rectifique cuanto antes la normativa. Ahora, las compañías están obligadas a acreditar un desplome mayor al 30% en la facturación, no haber contabilizado pérdidas en 2019 (excepto en circunstancias excepcionales), ni tampoco pueden haber empezado el camino del proceso concursal. También deberán estar al corriente de sus pagos con Hacienda y la Seguridad Social. Además, solo puede ser utilizado por las empresas que tengan facturas sin abonar desde marzo de 2020 hasta el 31 de mayo de este año.
Por ello, los autónomos piden dos cambios clave a aprobar en Consejo de Ministros para que la norma sirva realmente de algo y llegue al mayor número de compañías: que se suprima la exigencia de que los peticionarios no tengan pérdidas a 31 de diciembre de 2019 y, por otro lado, que puedan acceder a la liquidez los emprendedores con deudas con proveedores pendientes de pago a fecha de 31 de diciembre, en lugar de a 31 de mayo. «Las ayudas directas que ha puesto en marcha el Gobierno y que están licitando las comunidades están siendo un verdadero fracaso», asegura el presidente de ATA, Lorenzo Amor, quien cree que «bastaría con corregir el real decreto y eliminar el requisito de pérdidas de 2019 y también el de las deudas contraídas para establecerlo a 31 de diciembre». De no ejecutar ya estos cambios, la mitad de los 7.000 millones de euros planificados para ayudar a las empresas se devolverá intacto al Estado, según ATA.
Fin de los plazos
En este escenario, en julio pasado apenas se habían concedido el 40% de las ayudas, unos 2.800 millones de euros, del total del paquete de 7.000 millones directos de euros aprobados en el plan de medidas urgentes, según datos recopilados por la organización de autónomos UPTA. «La mayoría de las convocatorias publicadas por las comunidades han terminado ya el periodo de solicitud o están a punto de hacerlo y los resultados son desastrosos», advierten.
En base a los datos de UPTA, en Asturias solo se ha pedido el 4% del total del dinero disponible con unos plazos ya cerrados. En la parte de abajo de la tabla se encuentran también Cantabria (14%), Cataluña y Murcia, ya que ambas han registrado un porcentaje inferior al 20%. Por contra, las comunidades que más porcentaje de peticiones han recibido a fecha del mes pasado son Castilla-La Mancha (70%), Canarias y Baleares, ambas con un 60%.