La batalla política lastra la resolución de la crisis ambiental del mar Menor
∑El Gobierno no concede la declaración de zona catastrófica a Murcia, a la que acusa de «inacción» y «desidia» ∑López Miras critica las «mentiras, excusas y confrontación» del Ejecutivo, mientras el episodio continúa
Al menos por ahora, el mar Menor no será oficialmente zona catastrófica. El Gobierno no aprobó ayer la solicitud del presidente murciano, Fernando López Miras, pese a la crisis ambiental en la que se encuentra la albufera y que ha dejado ya más de cinco toneladas de peces muertos en sus orillas. «Lo que está ocurriendo no es fruto de un fin de semana, sino la consecuencia de un periodo muy dilatado de inacción» del Gobierno regional, justificó la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez. Una intervención que fue recibida con indignación entre las autoridades murcianas, que no entienden que el criterio político prime ante un desastre ambiental.
La Región pidió hace unos días al Gobierno de Pedro Sánchez la declaración del mar Menor como zona afectada gravemente por emergencia de protección civil, aprovechando que estaban sobre la mesa las ayudas a las comunidades que han sufrido grandes incendios forestales en el último mes. Mientras estas ayudas sí salieron ayer adelante en el Consejo de Ministros, con 13 autonomías beneficiadas, no ocurrió lo mismo con la petición de López Miras.
Lo que sí hubo fue un nuevo cruce de acusaciones entre el Gobierno y la autonomía, que pareció escalar en intensidad. El Gobierno culpó a la comunidad de la situación de la albufera y defendió que esta cuenta con competencias suficientes para actuar, pese a las reiteradas quejas de la comunidad en este sentido. «No es un problema de competencias, sino de dejación de competencias», dijo Rodríguez.
«Esperaba un cambio de actitud del Gobierno central tras los últimos episodios. Confié en que nos tenderían la mano (...), pero nada ha cambiado. Mentiras, excusas y confrontación política. Una lástima», reaccionó el presidente murciano. También siguen sin contestación el resto de sus peticiones urgentes, como el cese de vertidos desde la rambla del Albujón o el dragado del canal de Marchamalo, sobre las que, asegura, no tiene competencias y debe contar con el visto bueno gubernamental.
«Hay un enfrentamiento mes a mes» entre ambas administraciones, lamenta Pedro García, de la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse). La solución al problema del mar Menor no es rápida, reconoce, pero la lentitud de los procedimientos administrativos y la pugna política están retrasando la solución de la crisis ambiental. Así, algunas de las medidas aprobadas tras el episodio de mortandad de peces en 2019, el llamado Plan de Vertido Cero, siguen todavía a la espera de autorización por parte del Gobierno, mientras que las decisiones de Murcia o no han sido las más acertadas o no se han ejecutado bien, opina el ecologista.
Cultivos ilegales
Desde el Gobierno central ponen el acento en los cultivos ilegales de la zona y en un «consentimiento doloso» de Murcia con esta actividad, en palabras de Rodríguez. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, hay 8.000 hectáreas de cultivos ilegales que no cuentan con concesiones de agua y que ayudan a un uso excesivo de los nitratos, que acaban filtrados a la laguna salada y de ahí al mar Menor. En concreto, se trata de unos 800 expedientes abiertos por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Fiscalía de Medio Ambiente que, según acusó Rodríguez, no están siendo ejecutados por Murcia.
Pero desde la región niegan los datos. Aseguran que la consejería solo ha recibido 123 expedientes de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), organismo que depende del Ministerio y que es «el competente para acabar con el regadío ilegal y el daño que éste ocasiona al medio ambiente», informaron ayer. Según sus datos, salvo diez expedientes que están fuera del ámbito de aplicación de la ley, hay 50 explotaciones que tienen ya la orden de restitución y las otras 27 finalizarán en los próximos días. Suponen, en total, unas 1.424 hectáreas.
Las dos administraciones tampoco parecen ponerse de acuerdo en las próximas medidas. «Hay que acabar con los vertidos, hemos hecho hasta donde podíamos hacer», dijo ayer la portavoz gubernamental, que recordó que ya se declaró hace más de un año el acuífero de Campo de Cartagena en situación de riesgo por exceso de nitratos. Una medida que suponía que la Confederación Hidrográfica elaborara un plan de ordenación del acuífero y pudiese adoptar medidas cautelares como la dosificación de los abonos.
En la reunión que mantendrán hoy la ministra Teresa Ribera y López Miras, este pedirá «vaciar el acuífero, que ya está contaminado, porque tiene 300.000 toneladas de nitratos de las últimas décadas de actividad», mientras se espera que Ribera fije la postura del Ejecutivo.
«Ha llegado el momento de que el Gobierno asuma competencias», cree Pedro García, quien en la reunión de hoy con la ministra pedirá la declaración de obras de emergencia para un «filtro verde» a través de la expropiación de unos terrenos cercanos a la rambla del Albujón para que no llegue agua cargada de nitratos a la albufera.
Pasan los días y la crisis ecológica no termina. Desde Anse creen que la aparición de peces muertos va a aumentar. Las últimas mediciones hechas ayer por la organización apuntan a que por debajo de los cinco metros de profundidad ya no llega luz al fondo. Y con el fin del verano «habrá que ver cuánto tarda en morir la vegetación».