Igualdad quiere que cada mujer elija su método para abortar
Irene Montero está decidida a acabar con lo que llama las «tutelas» de la actual ley del Aborto, del año 2010, que permite interrumpir el embarazo hasta las 14 semanas (o 22, en caso de supuestos de gravedad para la madre o el feto). Para la ministra de Igualdad, fue «absurda» la reforma que introdujo luego el PP, en 2015, para establecer la tutela parental en jóvenes de 16 y 17 años y quiere eliminar esa obligación de contar con el permiso de los progenitores. Su reforma lo derogará. Además, según sus intenciones, se concederá el empaque al aborto que merece en España, que no debe ser otro que «un derecho» de toda mujer a «recibirlo cerca de su domicilio y en un hospital público». Además, Montero quiere que toda mujer «elija el método a interrumpir su embarazo» y no tenga por qué ser el farmacológico que predomina en la actualidad. Para la ministra, hay «unidad» entre las mujeres sobre que el aborto es un derecho. Y no hay debate más allá.
Hay varios escollos que Montero debe sortear para sacar adelante la reforma de la ley 2/2010 «antes de final de año» –se comprometió ayer en una entrevista a Radiocable–. Por un lado, la objeción de conciencia. En más de una ocasión lo ha dicho y así lo repitió en la emisora▶ «Los derechos de los médicos no pueden estar por encima de los derechos de las mujeres». Esto lo pronunció la titular de Igualdad justo antes de reunirse –lo hará dos veces esta semana con alrededor de 60 profesionales– con facultativos y entidades de distintas ramas de la salud (obstetricia, ginecología, psicología), a quienes transmitió su voluntad de reformar la ley aprobada hace once años. En este encuentro participó la directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas, que ha mantenido encuentros durante todo el verano para bosquejar los pilares de esta reforma. Para las dos cargos del ministerio, todavía no se garantiza el derecho a interrumpir el embarazo en todo el territorio estatal, sino que hay muchas mujeres que lo hacen «teniendo que moverse entre autonomías». «Supone una violación de sus derechos». La reforma acabará con ello, aseveró Montero.
La segunda traba para Igualdad será cómo elimina los tres días de reflexión que la ley concede a las mujeres (sobre todo a las más jóvenes) para replantearse su decisión. Igualdad, con muchas voces en contra, quiere suprimir este periodo.
El departamento de Montero persigue, por último, el «reconocimiento institucional de la violencia obstétrica o durante el parto» como forma de violencia contra la mujer, y la misma consideración pesará sobre el recurso a un vientre de alquiler.