Castells acelera el asalto de Podemos a la Universidad
Borra al Rey de los títulos académicos, da más poder a los estudiantes, se lo reduce a los catedráticos, e impone las unidades de género y la memoria democrática
El ministro de Universidades presentó ayer en Consejo de Ministros su anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario Español (LOSU), cuyo borrador fue adelantado por ABC el pasado sábado. El texto es prácticamente el mismo, salvo algunas excepciones (elimina la disposición adicional sobre el IVA a las privadas, recupera la figura de los contratados doctores que en el borrador liquidaba) y mantiene polémicos artículos como el de expedición de títulos. En cualquier caso, el texto publicado por ABC ya había sido aprobado por la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, como paso previo al Consejo de Ministros.
La norma elimina, por primera vez en una ley universitaria en democracia, la mención al Rey de la expedición de títulos oficiales universitarios. También recoge la perspectiva de género, favorece el acceso de las mujeres a la carrera universitaria, desprecia la memoria a favor de la búsqueda de información en internet, promueve la memoria democrática, dota de más poder a los estudiantes y a los consejos sociales, promueve un sistema de financiación previsible, así como los itinerarios abiertos y la mención dual.
Solo el rector expedirá los títulos universitarios
El anteproyecto, tal como adelantó ABC, indica que solo el rector expedirá los títulos universitarios oficiales. Ya no serán expedidos en nombre del Rey, que desaparece de la redacción en la nueva ley, mientras que en la norma vigente se señala: «El Gobierno establecerá las directrices y las condiciones para la obtención de los títulos universitarios de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional, que serán expedidos en nombre del Rey por el rector de la universidad». Tras finalizar la rueda de prensa y sin que se le diera la oportunidad de preguntar a este periódico, el ministro Castells dijo sobre la desaparición de Felipe VI de la expedición de los títulos, que «no hace falta poner al Rey, sería redundante» porque un decreto de 2010 ya lo menciona. El problema es que un real decreto no está por encima de una ley orgánica que, si quita la figura del Monarca, un real decreto no puede contradecir. De hecho, el mencionado real decreto de 2010 desarrolla la norma vigente, es decir, la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001 (y sus posteriores modificaciones). Dicho de otro modo, si hay una nueva ley orgánica, tiene que haber un nuevo real decreto de expedición de títulos. Castells, ante esto dijo: «Es que todavía no hay ley orgánica aprobada y además no quita nada», espetó Castells.
«Pretenden ahora que en los decretos se regule materia de ley o que contradigan la ley orgánica. Por tanto, técnicamente es una aberración y políticamente inaceptable borrar al Jefe del Estado de la expedición de títulos», opina María Jesús Moro, profesora de Derecho Civil y portavoz de Universidades del PP.
Por su parte, el diputado de Vox, Pedro Fernández, dijo que se trata de una norma que «al impedir que el Rey pueda aparezca en los títulos universitarios es una ley contra la universidad, contra la libertad y contra España».
Los profesores titulares podrán ser rectores
Otra novedad adelantada por ABC en el mes de mayo y desmentida por el ministro. Entonces, dijo que poner profesores como rectores era una iniciativa del PSOE, no suya. Posteriormente, en una entrevista con este periódico dijo que se estaba pensando la propuesta. Finalmente, sí es iniciativa del Gobierno. «Los candidatos o candidatas deberán de ser funcionarios o funcionarias de los cuerpos docentes universitarios con un mínimo de tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia, y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal». Además, el mandato del rector será ahora de seis años improrrogables.
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ya dejó clara su postura al respecto. No está de acuerdo. «El rector, como máximo representante académico de la institución, debe pertenecer al cuerpo de catedráticos de universidad y debe contar con una carrera académica y de gestión universitaria consolidada, con unos requisitos mínimos de docencia, investigación y transferencia, y gestión universitaria establecidos en los estatutos de la universidad», apuntaron en el documento de propuestas para la ley que le hicieron llegar a Castells.
La mujer tiene preferencia en la carrera universitaria
El anteproyecto señala que «se podrán establecer medidas de acción positiva en los concursos de acceso a plazas de personal docente e investigador funcionario y contratado para favorecer el acceso de las mujeres. A tal efecto se podrá establecer reservas y preferencias en las condiciones de contratación de modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia para ser contratadas las personas del sexo menos representado en el cuerpo docente o categoría de que se trate».
También se dedica otro artículo a las unidades de igualdad y de diversidad. Aunque este tipo de unidades en la práctica ya existen en muchas universidades públicas, la ley lo pone sobre el papel. «Las unidades de igualdad serán las encargadas de coordinar y transversalizar el desarrollo de las políticas universitarias de igualdad entre mujeres y hombres, así como de la inclusión de la perspectiva de género en el conjunto de actividades y funciones de la universidad». En el caso de las unidades de diversidad, «serán las encargadas de coordinar y transversalizar el desarrollo de las políticas universitarias antidiscriminación en el conjunto de actividades y funciones de la universidad». El texto pone condición a las universidades, como requisito para su creación y reconocimiento, contar con un «plan de igualdad de género de política universitaria y un plan de igualdad de género de recursos humanos, un protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo, y un registro retributivo del conjunto del personal contratado y funcionario».
Reducción de los contratos temporales
La norma pretende reducir del 40 al 20 por ciento el máximo de contratos de carácter temporal del personal docen
te e investigador que pueden estar vigentes en las universidades públicas. No se computará a tal efecto el profesorado asociado de ciencias de la salud, por su naturaleza específica, aclara la norma. En cualquier caso, esta medida no resuelve la precariedad de la carrera universitaria porque se puede seguir nombrando profesores sustitutos o, lo que es lo mismo, interinos. UGT ha denunciado la ausencia de negociación con los representantes de los trabajadores de las universidades por parte del ministerio y agregan que hablarán con los grupos políticos «para mejorar el texto porque, por el momento, se queda corto en medidas para combatir la precariedad y aportar soluciones para los colectivos de mayor inseguridad laboral».
Desprecio a la memoria: reemplazada por internet
La norma señala en su preámbulo que «la autonomía del aprendizaje en un entorno digital permite al profesorado centrarse en guiar la reflexión superando el papel tradicional de control de la memorización, habida cuenta la disponibilidad y accesibilidad de la información a través de internet», señala el borrador del anteproyecto de ley de Universidades. Esta opinión, sin embargo, ya era conocida. Castells dijo a Ep que de acuerdo con su experiencia «de décadas de enseñante, el componente memorístico de la educación tiene cada vez menos sentido, porque la información está toda en internet». Señaló que «lo importante es la capacidad autónoma de procesar información y de aprender a analizar y a razonar por sí mismos en lugar de repetir como papagayos».
La memoria democrática como «esencia»
Como ocurre en el caso de la perspectiva de género, la memoria democrática también ocupa un lugar fundamental en la nueva ley. El objetivo de la norma es que esta impregne todas las ‘patas’ del engranaje del sistema universitario. Así, señala que las universidades deben promover «en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en materia de memoria democrática como forma esencial de educación de las nuevas generaciones».
Más poder al estudiantado y a los Consejos Sociales
Otra novedad adelantada por ABC. Los estudiantes, «la razón de ser de la Universidad», como se refirió a ellos ayer Castells, entran al Consejo de Universidades. Se trata del «órgano de coordinación académica del sistema universitario español, así como de cooperación, consulta y propuesta en materia universitaria», recuerda la norma. En la norma vigente, la Ley Orgánica de Universidades (LOU) este estaba compuesto por los rectores y por cinco miembros designados por el presidente del consejo. Ahora, la norma deja clara que uno de esos miembros habrá ser un representante del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado y otro de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas.