El Ejecutivo ya no ve urgente reformar los delitos de sedición y rebelión
Aprueba un plan de 140 propuestas legislativas sin aludir al Código Penal
Concedidos los indultos a los presos del ‘procés’, la reforma de los delitos de rebelión y sedición, que hace solo unos meses constituía una de las prioridades del Ejecutivo y de sus socios independentistas, ha pasado ya a un segundo plano. No hay rastro de esta iniciativa en las propuestas y reformas legislativas que emprenderá el Gobierno de aquí a final de año y que ayer se encargó de anunciar el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El Ejecutivo aprobó en su reunión el Plan Anual Normativo correspondiente al año 2021 –del que solo quedan cuatro meses para finalizar– y el Informe de Evaluación del Plan Anual Normativo del año 2020. Bolaños definió el plan de 2021 como «muy ambicioso en los cuatro meses que quedan de ejercicio», pues contiene «140 medidas de aquí a final de año». De ellas, destacó las leyes de Formación Profesional, de Ciencia, de creación y crecimiento de empresas, de Vivienda y del 5G, así como el desarrollo de la Ley de Educación o la reforma laboral. Unas 50 medidas están destinadas a cumplir los compromisos adquiridos con la Comisión Europea.
El texto aprobado ayer, con una vigencia de solo cuatro meses, tendría que haber llegado al Consejo de Ministros antes del 30 de abril de 2020, hace 16 meses, según marca la Ley 50/1997, del Gobierno. El plan correspondiente al año 2022, del que no hubo noticias en la rueda de prensa, tendría que haber pasado por esa mesa hace cuatro meses, en la misma fecha pero de este año.
Pese a que solo abarca una tercera parte del ejercicio, el ministro aseguró que el plan de 2021 es «una agenda social y económica para una recuperación justa»▶ «Va a haber una recuperación económica importante en España y queremos que ese crecimiento vaya acompañado también de cohesión social» con «mecanismos de redistribución y ampliación de derechos y libertades».
En este sentido, y a pocos días del inicio de la mesa de diálogo entre Gobierno central y Generalitat de Cataluña, el Ejecutivo no ha considerado prioritario incluir en sus previsiones para este año la reforma del Código Penal con respecto a la rebelión y la sedición. Bolaños ha insistido en que «la prioridad absoluta» en los cuatro meses que quedan de ejercicio es la cohesión y la recuperación.
Antes de la concesión de los indultos el Ministerio de Justicia trabajaba en la modificación del delito de sedición para rebajar a la mitad las penas ahora previstas (de entre 8 y 15 años de cárcel) al considerarlas excesivas. Lo cierto es que ya antes del verano la reforma se había enfriado después de constatar la falta de apoyos en el Congreso para sacarla adelante por mayoría.