Sánchez renueva su triunfalismo sin rendir cuentas en el Congreso
El presidente del Gobierno ha evitado comparecer, entre otras cuestiones, por las crisis de Ceuta y de Afganistán Se compromete a abordar la «compleja situación» del sector energético, pero no ofrece soluciones
Reminiscencias del pasado. El acto protagonizado ayer por Pedro Sánchez evocó al del año 2020. Menos pompa y menor extensión –habló durante aproximadamente cuarenta minutos–, pero idéntico escenario. La madrileña Casa de América atestiguó por segunda vez el balance triunfalista del presidente del Gobierno, que escogió de nuevo un ‘speech’ ante la élite empresarial y los líderes sindicales, en lugar de una comparecencia en el Congreso o una rueda de prensa. Los periodistas, meros espectadores, se limitaron a escuchar al jefe del Ejecutivo a través de una pantalla sin posibilidad de preguntar.
Al evento, enmarcado bajo el eslogan ‘Una recuperación justa’, acudieron el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; el del Grupo ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez; el de Acciona, José Manuel Entrecanales; el de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán; el de La Caixa, Isidre Fainé; el CEO del Santander, José María Álvarez; y el consejero delegado de Endesa, José Bogas, entre otros. También asistieron los dirigentes de UGT y de CC.OO., Pepe Álvarez y Unai Sordo, pero faltó el de la patronal CEOE, Antonio Garamendi. El Gobierno estuvo casi al completo, con las únicas ausencias de Raquel Sánchez (Transportes), Miquel Iceta (Cultura) y Reyes Maroto (Industria).
La cita pretendía marcar el paso en este inicio de curso político, en el que el Ejecutivo pretende dejar atrás la crisis económica y sanitaria consecuencia de la pandemia del coronavirus, y vender a los españoles las bondades de su gestión. Con el objetivo cumplido del setenta por ciento de población inmunizada frente al Covid-19 bajo el brazo, Sánchez dio inicio a otro «nuevo comienzo». Una etapa basada en tres retos fundamentales▶ seguir vacunando contra el coronavirus, consolidar la recuperación económica, y modernizar la economía y el tejido social españoles con los fondos europeos.
El escenario escogido, otra vez, fue el más cómodo para el presidente, sin la necesidad de responder preguntas incómodas de la prensa o de la oposición y con la presencia de los empresarios como cartel de unidad nacional. A ellos se dirigió en varias ocasiones para aplaudir la colaboración público-privada, clave para superar los estragos causados por la pandemia. Y en este foro, Sánchez anunció una «inminente» subida del salario mínimo interprofesional, actualmente en 950 euros, para el resto del año.
El presidente no especificó la cuantía –desde Trabajo se habló después de quince euros al año, hasta los 965–, pero el objetivo del PSOE y de Unidas Podemos es incrementarlo hasta que al final de la legislatura equivalga a un sesenta por ciento del salario medio. Sánchez, con optimismo, reiteró que España está «mucho mejor» que el año pasado tanto sanitariamente –con ese setenta por ciento de vacunados– como económicamente –hoy hay, citó, 274.000 trabajadores en ERTE frente a los 735.000 de septiembre del año pasado–.
Agotará la legislatura
Con celo, Sánchez remarcó que el Gobierno cumplió ayer 603 días desde su constitución y advirtió de que le quedan al menos «unos 850», hasta finales del 2023, en el Palacio de la Moncloa. Es decir, el presidente descarta por ahora el adelanto electoral que le exige el PP desde hace meses. Nada dijo sobre el debate del estado de la nación, que no se celebra desde febrero de 2015. Ayer mismo, los populares registraron una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para reclamar su convocatoria.
Sánchez sí hizo alusión ayer a la crisis en Afganistán o al incremento desbocado del precio de la luz; dos cuestiones de las que tampoco ha dado detalle alguno en la Cámara Baja. El presidente no interrumpió sus vacaciones cuando los talibanes tomaron el poder y estalló el conflicto afgano, y se limitó a comparecer ante la prensa una vez la evacuación estaba encarrilada. No fue el caso de Francia, Alemania, el Reino Unido o Italia, donde Macron, Merkel, Johnson y Draghi sí se sometieron a control parlamentario. El presidente delegó la semana pasada en el ministro titular de Exteriores; como hizo antes para explicar el cambio de ministros o la situación de los menores extranjeros en Ceuta.
Por otro lado, con el precio de la luz marcando hoy un nuevo récord histórico (más de 140 euros el megavatio hora), Sánchez se comprometió a «actuar» hasta «solucionar el alza del precio de la luz». Eso sí, no avanzó ninguna medida concreta ni atisbó solución alguna. Igual que la vicepresidenta Teresa Ribera, el jefe del Consejo de Ministros se abrió a constituir una comisión parlamentaria para el estudio del sector energético. «Vamos a escuchar las diferentes propuestas de los grupos parlamentarios», prometió, pese a que son varios los partidos que acumulan meses reclamando medidas para que cese el incremento del coste de la electricidad. Eso sí, Sánchez avisó también a su socio de Gobierno, Unidas Podemos, de que cualquier medida se hará de acuerdo al marco regulatorio europeo, aunque pidió a la Unión Europea impulsar una reforma del mercado ante los nuevos tiempos y la transición energética.
El presidente, nuevamente, aprovechó el foro ante varios de los grandes
empresarios del país para trasladar la presión al PP e instarle a renovar los órganos constitucionales caducados, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Como viene haciendo desde el inicio de la pandemia, reclamó «unidad» y «lealtad» al marco constitucional con varios dardos dirigidos a los populares. «En un contexto de crisis, es tarea de todos impulsar la regeneración de nuestras instituciones. Y regenerar es renovar (...). No es aceptable que el gobierno de los jueces lleve mil días sin renovarse».
No aludió en ningún momento, pese a su alegato proconstitucional, al desafío independentista de sus socios catalanes, y es que Moncloa no quiere que se mezcle esta cuestión –que desea devolver a la «normalidad»– con el resto de temas. «Hoy era día para hablar de la recuperación económica», explicaban ayer fuentes del Gobierno, que decían que aún no hay fecha cerrada para reunir la ‘mesa de diálogo’ con la Generalitat, pero que la intención es respetar esa tercera semana de septiembre acordada con el jefe del Govern catalán, Pere Aragonès.
El Gobierno trabaja ahora en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con la intención de presentarlos a finales de septiembre o principios de octubre. Fuentes del Ejecutivo remarcan que de momento se están cerrando las cuestiones generales entre el PSOE y Unidas Podemos y que después se preguntará a ERC y al PNV, socios preferentes, si quieren entrar a negociar antes o después de la presentación oficial de las cuentas públicas. Hacienda quiere al menos garantizarse que ninguno de esos partidos presentará enmiendas a la totalidad al proyecto del Consejo de Ministros.
Una cierta ventaja respecto al año pasado es que el Gobierno ya fijó en julio el techo de gasto para el Presupuesto del año 2022, algo que no había hecho en 2020 por la dificultad de calcular los ingresos del Estado ante el parón económico que se produjo en los peores meses de la pandemia, durante el confinamiento. Con sus segundas cuentas, el Ejecutivo buscará sortear el desgaste por el Covid-19.