SANCIÓN PARA EL MÉDICO QUE NO ATIENDA EN CATALÁN EN BALEARES
La socialista Armengol cede a la exigencia de sus socios nacionalistas y abrirá expediente a los sanitarios que sean denunciados por los pacientes
Una simple denuncia ante la Oficina de Derechos Lingüísticos por no atender en catalán bastará para que el Govern balear, que preside la socialista Francina Armengol, abra un expediente a los médicos y enfermeros. Así lo acaba de acordar el Ejecutivo de las islas, formado por el PSOE, Podemos y los nacionalistas de Més, en una reunión de urgencia forzada por estos últimos para tratar de resolver el cisma abierto por la exigencia del catalán en la sanidad balear.
El pasado 30 de agosto, un independentista denunció en Twitter que una médico del centro de salud de Son Pisà, en Palma, se había negado «a entender» a su madre, de 79 años, en catalán. Al día siguiente miembros de Arran, entidad juvenil vinculada a la CUP, hicieron una pintada en la fachada del ambulatorio que rezaba ‘Basta de agresiones lingüísticas’. Asimismo, el catalanismo de Baleares se movilizó en las redes sociales «contra las agresiones lingüísticas» y a favor del «derecho a vivir en catalán». La Consejería de Salud, comandada por el PSOE, restó importancia a estas denuncias y encendió, por ello, los ánimos en el seno del Gobierno.
La Oficina de Derechos Lingüísticos, creada a finales de 2020, filtró el número de denuncias recogidas, que certificaban que un 40% se referían a la sanidad. Las hostilidades dentro del Govern han llegado a tal extremo que se convocó de urgencia una reunión para llegar a un acuerdo que suavizase las tensiones entre los socios, cada vez más pendientes de diferenciarse de cara a unas próximas elecciones. En el encuentro, en el que estuvieron entre otros la consejera de Interior y mujer fuerte del PSOE, Mercedes Garrido y la excandidata de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y directora general de Política Lingüística, Beatriu Defior, se decidió la apertura de expedientes sancionadores si se considera oportuno a cualquier sanitario que reciba una denuncia en la Oficina de Derechos Lingüísticos por no usar el catalán o no permitir hacerlo a los pacientes. Asimismo, se exigirá que todos los carteles en hospitales y centros de salud estén, como mínimo, en lengua catalana, tal y como ya se prevé en la normativa vigente. El Govern balear se compromete a implementar esta medida a partir del 1 de octubre.
Normativa sobre lengua
Asimismo, cada una de las nueve gerencias de los centros de salud deberán tener una persona responsable de que se cumpla la normativa en materia de lengua y se nombrará un directivo del IBSalut que asuma la interlocución con la oficina. Finalmente, los partidos que forman el Ejecutivo balear se comprometen a hacer una vez al mes una reunión de seguimiento de estos acuerdos.
La crisis por el uso del catalán brota en un momento de emergencia sanitaria por la pandemia, con las listas de espera disparadas y tras un verano muy complicado por la falta de profesionales. La situación era tan extrema que el Gobierno de Armengol amagó con cancelar las vacaciones. El Ejecutivo insular tiene serios problemas para completar las plantillas de médicos y enfermeros, que prefieren ir a otros destinos. La exigencia de aprender el catalán –se reclama el B1– también ha provocado la marcha de facultativos de las islas a otros puntos de España.
Los nacionalistas, que necesitan empezar a diferenciarse de cara a las elecciones previstas para 2023, se han agarrado a una de sus banderas, la lengua catalana, para activar a su electorado y tensar la cuerda con sus socios de Gobierno. Incluso la Obra Cultural Balear (OCB) ha amenazado con salir a la calle si los médicos y enfermeras no hablan catalán. La entidad separatista asegura que la lengua catalana «camina como los cangrejos» y ha fijado su objetivo en la sanidad pública, donde quiere aplicar un «plan de choque» para garantizar el derecho de los usuarios a «expresarse libremente en catalán, sin coacciones ni chantajes». La hermana balear de la catalana Òmnium Cultural quiere que en todos los centros de salud se aplique el principio ‘de oferta activa’ y que haya una invitación explícita a usar la lengua catalana si lo desea el usuario. La OCB se ha dedicado en los últimos meses a sacar a la luz varios casos de «agresiones lingüísticas» reprochando a los sanitarios de fuera que no sean capaces de entender al paciente cuando le hablan en catalán.
Frente a las acusaciones de la OCB, la Consejería de Salud defiende que cada año se realizan más de 10 millones de interacciones entre profesional y paciente y que, por lo tanto, las 58 quejas presentadas suponen un 0,00058% del total de interrelaciones.
La Oficina de Derechos Lingüísticos se abrió con el objetivo de paliar el «dolor de no hablar en catalán», anunció entonces el consejero de Educación, Martí March, a pesar de que, en principio, nacía para garantizar el derecho a usar el castellano en la administración pública.