OTRA AGRESIÓN AL ESPAÑOL
Abrir un expediente sancionador a los sanitarios y médicos de Baleares que no hablen en catalán con sus pacientes es otra medida antidemocrática viciada de separatismo
EL Gobierno balear, que preside la socialista Francina Armengol, abrirá un expediente sancionador a todo el personal sanitario que no atienda en catalán a los pacientes que así lo reclamen. La medida, además de abusiva, es muy grave porque contraviene la previsión constitucional de utilizar el castellano como lengua oficial del Estado e idioma común de todos los españoles. El uso de las lenguas cooficiales es sin duda un elemento más de la riqueza de nuestro patrimonio como nación, y es lógico que en aquellas autonomías donde su uso es habitual se enseñe y se impulse como un mérito y como un requisito añadido a la formación específica o especializada. Lo que no puede ser es una herramienta de exclusión del español, y menos aún en el ámbito sanitario, donde la prioridad no debe ser la lengua, sino la curación del enfermo.
Armengol, más que socialista, es una nacionalista encubierta. De hecho, el Gobierno balear está demostrando una vez más un sectarismo excluyente fruto de un independentismo acomplejado que simula no serlo, pero que a la hora de la verdad lo ejerce con la misma crudeza que los partidos gobernantes en Cataluña. Es otra consecuencia más de esa absurda mitología de los ‘Països catalans’ o del pancatalanismo forzado con el que comunidades como Baleares están renunciando a su propia historia y a su sentido de la lógica. Después, no deberían quejarse demasiado si hay un éxodo de sanitarios que se sienten perseguidos y amenazados por el mero hecho de hablar en español si con eso creen que desempeñan mejor su trabajo, que es de lo que se trata. En el fondo subyace ese deseo incorregible del nacionalismo de imponer sus normas a la fuerza y erradicar todo lo que suene a español sin que el Estado haga nada para corregir esta destructiva tendencia, que ya dura décadas.
A menudo da la impresión de que a la España de hoy hace tiempo que le dejó de importar ser la España constitucional diseñada en 1978, para pasar a convertirse en un sucedáneo federal que el separatismo usa para amedrentar con dogmas e incumplimientos legales. Y esto no ocurre solo en el ámbito sanitario, sino en todo el empleo público, incluso en la justicia, donde se están fabricando auténticos guetos de funcionarios militantes sin importar tanto el mérito o la capacidad como el fervor nacionalista y la cuerda ideológica afín. Se están usando las lenguas cooficiales como una coartada cada vez más coactiva para erradicar el español del espacio público, imponiendo de manera vinculante lo que debería ser solo optativo y voluntario. Es otra forma de sometimiento y, en definitiva, una merma de libertad consentida con una permisividad e indolencia colectivas que no se comprenden.
El hecho de que baste una simple denuncia de un ciudadano para que la llamada Oficina de Derechos Lingüísticos expediente a un médico por no atenderle en catalán es antidemocrático. Un país en el que solo el paciente tenga derechos, y el médico o el sanitario solo tengan obligaciones si no quieren ser acusados de cometer «agresiones lingüísticas», no es un país libre. Una agresión lingüística es multar, señalar y criminalizar a quien rotule en castellano en Cataluña, por ejemplo. Y lo hacen algunas autonomías sin que nadie proteja a la víctima. Para colmo, la previsión del Gobierno balear de que una de cada nueve gerencias de centros de salud tenga un comisario para velar por el cumplimiento de la normativa lingüística demuestra que no está en marcha un proceso de inmersión constructiva, sino una cacería del discrepante. Sociológicamente todo resulta muy empobrecedor.