Sentencia histórica en México que despenaliza el aborto en todo el país
La Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) de México declaró ayer inconstitucional la penalización de las mujeres que abortan en la primera etapa del embarazo y reconoció el derecho a decidir en un fallo histórico. Por unanimidad, los ministros del pleno de la SCJN invalidaron el artículo 196 del Código Penal del norteño estado de Coahuila que imponía de uno a tres años de cárcel «a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciere abortar con el consentimiento».
«No tiene cabida dentro de la doctrina jurisprudencial de este Tribunal Constitucional un escenario en el cual la mujer no pueda plantearse el dilema de continuar o interrumpir su embarazo», argumentó el proyecto que tiene el sello del ministro Luis María Aguilar.
El aborto, cuya criminalización es competencia local, estaba despenalizado en cuatro de los 32 estados del país: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. Pero ahora, derivado de una impugnación que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) hizo contra el Código Penal de Coahuila en 2017, la SCJN declaró inconstitucional la criminalización de la mujer que pone fin a su gestación y la del personal sanitario que la asiste con consentimiento.
Derecho a decidir
«El asidero del derecho penal para sancionar a quien interrumpe voluntariamente su embarazo no es aquí una potestad disponible para el legislador, pues están los derechos humanos en juego», indicó ayer la ministra Margarita Ríos-Farjat.
El fallo ha sido considerado «histórico» porque es la primera vez que el Supremo de México «pone al centro de la discusión el derecho a decidir», según el ministro Aguilar. «Pensar que penalizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo es una solución atenta contra el principio de mínima intervención penal», coincidió la ministra Yasmín Esquivel en la primera sesión.
La decisión del Supremo solo invalida el Código Penal de Coahuila, pero sienta un precedente obligatorio para todos los tribunales del país, que deberán fallar a favor de las mujeres de otros estados. Con ello, mujeres y organizaciones que defienden los derechos reproductivos podrán aprovechar el precedente para combatir por la vía judicial la criminalización del aborto en otros códigos penales estatales.