Piden 7 años a la empresaria por la ayuda de los ERE a Río Grande
► Para la Fiscalía eran ayudas a las empresas; la Junta asumió el 90% de los costes del ERE
La Fiscalía Anticorrupción en Sevilla pide cárcel para los nueve acusados en la pieza del caso ERE que investiga las irregularidades en la concesión en 2005 de la ayuda de 1,5 millones de euros por parte de los gobiernos socialistas en la Junta a la empresa Río Grande, entonces gestora del conocido restaurante de la calle Betis de la capital andaluza. El Ministerio Fiscal exige siete años de prisión para la que fuera empresaria y dueña del establecimiento, María del Carmen García, y el conseguidor y sindicalista Juan Lanzas.
Esta petición de condena de la Fiscalía se conoció un día después de que saliera a la luz la solicitud de cárcel para los once acusados por el ERE de Mercasevilla, entre los que se encuentra también Lanzas y el que fuera director general del mercado sevillano Fernando Mellet, por el supuesto ‘saqueo’ de ayudas de la Junta para aligerar la plantilla, que alcanzaron hasta 14,5 millones de euros.
La causa de Río Grande se dirige, además de Lanzas y Carmen García, contra la pareja del sindicalista; los exdirectivos de la consultora Vitalia Antonio Albarracín, Francisco González y Jesús Bordallo; el testaferro Eduardo Leal; el abogado Carlos Leal y la ‘intrusa’ Carmen Fontela, quien figuraba en el ERE de 2005 pese a que no trabajaba en Río Grande.
Las peticiones de la Fiscalía, según el escrito de calificación al que ha tenido acceso ABC, van desde los siete años a la empresaria y al sindicalista, a los mediadores o al abogado sevillano, seis para la mujer de Lanzas y cuatro y medio a la ‘intrusa’. Todos acusados de prevaricación y malversación.
Los procesados, menos la ‘intrusa’, deberán devolver a la Junta «1,5 millones de euros por daños y perjuicios, con los intereses legales de demora».
Para el juez instructor José Ignacio Vilaplana, «de manera ilícita y fraudulenta, se concedió una subvención a dicha empresa para satisfacer el pago de las indemnizaciones por despido de sus trabajadores afectados por el ERE de 2005 mediante la financiación de un seguro de rentas vitalicio». La empresaria se valió de su relación con Lanzas para obtener los fondos públicos de la Consejería de Empleo. Río Grande, un año antes del ERE, obtuvo unos beneficios de 1.250.594 euros.
Tanto el juez como la Fiscalía coinciden en señalar que la Junta asumió el 90 por ciento del coste de las indemnizaciones aceptado por la empresa, que alcanzó una media por trabajador de 140.693,29 euros. Es por ello que Anticorrupción insiste en que ésta y las demás ayudas de los ERE investigadas constituyen «verdaderas subvenciones a la empresa».