El presidente del Tribunal decide ahora aplazar el debate hasta octubre
El TC quiere evitar un cisma idéntico al de julio y más coacciones del Gobierno
Aunque inicialmente estaba previsto que el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, incluyese en el primer orden del día del Pleno de septiembre, la semana que viene, la deliberación sobre la ponencia del segundo estado de alarma, no hay visos de que vaya a ser así. Según fuentes del TC, y salvo rectificación de última hora, el debate quedará pospuesto al menos hasta octubre.
El pasado mes de julio, y en plena fractura interna del TC a cuenta de la sentencia que declaró ilegal el primer estado de alarma, varios magistrados plantearon a González Rivas la conveniencia de que la segunda sentencia se votase y dictase en el primer Pleno tras el verano. Tenía su lógica, en la medida en que la ponencia de Antonio Narváez estaba prácticamente concluida, y que carecía de sentido no dar continuidad inmediata a un debate que el TC ha dilatado más de un año después de haber vencido la primera declaración del estado de alarma. Sin embargo, todo apunta a que la deliberación queda de momento aplazada.
Fuentes del TC desconocen los motivos del presidente para retrasar el debate. No obstante, hay en el Tribunal quien interpreta que el objetivo es intentar minimizar el impacto de otra aparatosa derrota jurídica del Gobierno, que fue en julio el motivo de la profunda convulsión interna que se produjo en el TC.
ABC reveló que durante la deliberación de la ponencia que redactó el magistrado Pedro González Trevijano, la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, presionó a algunos magistrados para que el sentido de su voto fuese favorable al Gobierno. Después de la votación, que supuso un castigo para Pedro Sánchez por seis votos a cinco, los anuncios de votos particulares de algunos magistrados que habían quedado en minoría, es decir, favorables a las tesis de Sánchez y a la constitucionalidad del estado de alarma, desencadenaron una auténtica batalla campal en el tribunal. Las despectivas palabras que en el primer borrador de su voto particular dirigió el magistrado Cándido Conde-Pumpido hacia otros compañeros de tribunal provocaron una rebelión interna que a duras penas pudo reconducir González Rivas por el enorme malestar generado en la institución.
Conde-Pumpido fue forzado a disculparse públicamente y a rectificar porque esa fue la condición impuesta por el resto del Pleno para evitar un cisma aún mayor en el TC. Sin embargo, la reacción airada del Gobierno contra la sentencia que desautorizaba a Sánchez volvió a alterar el panorama y a intoxicar el ambiente. El intento de la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, de deslegitimar al Tribunal Constitucional por su sentencia del mes de julio, restando credibilidad a la mayoría del TC e insinuando que actuaron atendiendo a motivos políticos, y no a criterios jurídicos, sentó extraordinariamente mal en el Tribunal. Ahora, y con el verano de por medio para tratar de calmar ánimos, los magistrados del TC confían en que el debate de la segunda sentencia sea, como mínimo, más pacífico.
Además, el ponente, Antonio Narváez, se ha esforzado en que ningún otro miembro del Tribunal, y menos aún el presidente, pueda achacarle tardanza en la presentación de su proyecto de sentencia, dada la creciente sensibilidad social que hay respecto al retraso con el que se dictan muchos pronunciamientos judiciales. Narváez, como en su día González Trevijano, no desea que cualquier retraso que pueda producirse para empezar la deliberación pueda ser achacado a él.