El Gobierno asume el fiasco de las ayudas a empresas y pide a la UE ampliar el plazo

El delegado del Ejecutivo en Andalucía acusa de indolencia a la Junta y le insta a repartir 1.109 millones

El Gobierno ha solicitado a Bruselas extender el plazo para conceder el fondo de 7.000 millones en ayudas directas a empresas y autónomos tras haber encallado en su reparto. Así lo avanzó ayer la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que reconoció que el Gobierno ha pedido a la Comisión Europea «que se extienda el marco extraordinario de ayudas de respuesta a la Covid» para ampliar el plazo de las ayudas, cuya ventana de concesión finaliza el próximo 31 de diciembre.

A la Junta de Andalucía le han correspondido 1.109 millones, pero su vicepresidente, Juan Marín, ya ha alertado de que «con mucha suerte», empresas y autónomos andaluces «llegarán a pedir el 50% de estos fondos». Acusó al Ejecutivo de establecer unas normas para que «no se pudieran cumplir y poderse quedar con 3.500 millones» que la Junta en parte tendría que devolver.

La presión para que el Gobierno cambie los requisitos para acceder a este fondo ha ido en aumento desde su aprobación. De hecho, una gran mayoría de autónomos y pymes ni siquiera llegan a solicitarlas. Según cálculos de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), solo unos 300.000 autónomos, alrededor de un 10%, de los más de 3,3 millones de trabajadores por cuenta propia afiliados al RETA han reclamado este dinero que debía servir de balón de oxígeno tras casi dos años de crisis económica y restricciones.

Llegar a más empresas

Según detalló Calviño en una entrevista en la radio recogida por Servimedia, la intención ahora es «ampliar el plazo y llegar no solo a esas empresas que más lo necesitaban, que son probablemente las que han ido a las primeras convocatorias».

Este cambio de actitud de la ministra contrasta con las críticas que ayer lanzaba el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien instó a la Junta a que «se ponga a trabajar con diligencia y realice los ajustes y modificaciones que crea necesarios, como lo han hecho ya otras comunidades en las que la ejecución de estas ayudas está muy avanzada». «Así ocurre en Canarias y en Baleares que, además, tienen cantidades asignadas muy similares a Andalucía, por lo que en estos territorios sí están gestionando y el dinero llegará a los empresarios y autónomos», dijo.

Desde la Consejería de Empleo solicitan que la posible flexibilización de los conceptos subvencionables se ponga por escrito a través de una modificación del decreto. Desde la Junta rechazan hacer interpretaciones legales que no tengan encaje en la norma y que le expongan a asumir con recursos propios estas ayudas.

Las dificultades para gestionar estas ayudas son comunes a otras regiones. La Comunidad Foral de Navarra, por ejemplo, había recibido hasta el 20 de agosto sólo 1.735 solicitudes de las 12.500 que esperaba.

El fondo ha sido objeto de fuerte polémica porque, aunque fue aprobado a mediados del pasado mes de marzo, las empresas y autónomos se han tropezado con incontables dificultades para acceder a unos recursos ideados, en forma de ayudas directas, para sufragar costes de todo tipo. Permiten emplearlos para cubrir gastos fijos como salarios o arrendamientos y suministros, pagar a proveedores o devolver deudas generadas entre marzo de 2020 y mayo de 2021.