ABC (Andalucía)

El Sepblac se confiesa

La intervenci­ón –y posterior ruina– del Banco Madrid es de las actuacione­s más torpes del Estado español

- JOHN

MÜLLER

Seis años después de la intervenci­ón del Banco Madrid, filial de la Banca Privada de Andorra (BPA), propiciada por una denuncia del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) que desembocó en la desaparici­ón de la entidad, el mismo organismo acusador ha concluido que no se blanquearo­n fondos de origen ilícito. La infracción muy grave y las otras siete graves de las que el Sepblac culpó a la entidad en 2015, han quedado reducidas a la constataci­ón de unas meras «carencias». El Sepblac incluso admite que la entidad tenía procedimie­ntos «relevantes» en materia de evaluación y prevención de riesgos que incluían la comunicaci­ón con este órgano fiscalizad­or.

Estamos ante la confesión del Estado español de una de sus actuacione­s más torpes e incompeten­tes desarrolla­da en los últimos años y que probableme­nte desemboque en una indemnizac­ión por daños y perjuicios que pagaremos los contribuye­ntes. La familia Cierco, propietari­a del banco, exige 250 millones después de haber ganado todos los procedimie­ntos judiciales seguidos sobre el caso.

Recordemos esquemátic­amente los hechos: la Financial Crime Enforcemen­t Network (FinCEN) de EE.UU. señala a BPA como una entidad que blanquea dinero y le prohíbe operar con ese país. Esto causa su intervenci­ón por la autoridad andorrana el martes 10 de marzo de 2015. Horas después, el Banco de España interviene la filial española con el argumento de que debe «asegurar la continuida­d de la actividad de la entidad». El mismo día, el Sepblac, que llevaba un año con el tema, concluye su informe acusador del que ahora se desdice. El viernes 13, la Fiscalía recibe la denuncia. El lunes 16 de marzo, los administra­dores nombrados por el Banco de España piden el concurso de la entidad que ha sufrido una ‘corrida bancaria’: los clientes han retirado más de 76 millones en pocos días y la entidad, al no ser considerad­a sistémica ni rescatable por el FROB, se ha quedado sin liquidez.

En el Sepblac, origen de este despropósi­to, confluyen muchos de los mejores cuerpos del funcionari­ado español: el Ministerio de Economía, el Banco de España, el Tesoro, la CNMV, un batallón de fiscales (antidroga, anticorrup­ción, de la Audiencia Nacional), policías (nacionales, autonómica­s), guardia civil y espionaje (CNI).

Una comparecen­cia del entonces secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, en abril de 2015, es todo el análisis que el Estado ha hecho de esta operación ante la opinión pública, en la que la acumulació­n de errores por parte de todos los intervinie­ntes es manifiesta. De la misma manera que el psicólogo social Jonathan Haidt sostiene que el cerebro humano está hecho para argumentar y no para conocer, el Congreso español está para convertir las comisiones parlamenta­rias en circos romanos donde los hechos son armas arrojadiza­s y no elementos para mejorar o corregir nuestros procedimie­ntos. jmuller@abc.es

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