La morosidad de las administraciones públicas estrangula a pymes y autónomos
La deuda pendiente de pago supera los 5.000 millones y son los pequeños negocios los que más sufren Los ayuntamientos son los que más se retrasan con una media de 69 días, más del doble del límite legal
Algo más de 5.000 millones debían las administraciones públicas a pymes y autónomos a final de julio. Son los ayuntamientos los que más retrasan los pagos, una media de 69 días, más de doble de lo que exige la Ley de Morosidad.
Erepunte de los impagos de las administraciones a los proveedores se convirtió en una bomba de relojería en la crisis financiera de 2008 y fue la causa del cierre de una tercera parte de las empresas que desaparecieron. Hoy, la morosidad sigue uno de los graves problemas que tienen que encarar pymes y autónomos en España, un obstáculo que puede comprometer de forma severa su economía y, en el peor de los casos, su viabilidad. Y la situación es ahora más dramática por el Covid y la situación que se vive en el delicado ecosistema empresarial español, que aún sigue derruido y registrando niveles inferiores a los de febrero de 2020 en términos de empresas activas. En la actualidad, España tiene 62.451 negocios menos que antes de la pandemia.
Los datos del Ministerio de Hacienda reflejan que las administraciones debían a pymes y autónomos algo más de 5.000 millones a finales de julio. Los ayuntamientos son los que más tardan en pagar a sus proveedores. La administración local, para la que trabajan la mayoría de los autónomos, afronta sus facturas en una media de 69 días, aunque hay municipios que registran datos mucho peores. Es el caso de Jaén, que sigue siendo el que más tarda en pagar de España, una media de 624 días. Esto quiere decir que un autónomo que realiza un trabajo para este ayuntamiento cobrará, de media, casi dos años después de presentar la factura.
Más de un año de media esperan también los proveedores en el caso de Parla (385 días), más de diez meses los autónomos que han emitido una factura al ayuntamiento de Jerez de la Frontera (302,14) y algo más de ocho los de El Puerto de Santamaría (211,32 días). Le siguen los consistorios de Badalona
(196,45 días), Telde (168,17 días) y Las Palmas (158 días). En el lado opuesto se sitúan ayuntamientos como el de Alicante (4,4 días), Talavera de la Reina (4,2 días), Las Rozas, en Madrid (5,7 días) o Roquetas de Mar (6,3 días).
De los datos que recopila cada mes Hacienda se desprende que las comunidades autónomas son las administraciones que más morosidad acumulan con sus proveedores. Las regiones suman en deudas 3.425 millones, con un promedio de pago de 23,19 días, dentro del límite legal. Por su parte la Administración central tarda 29,27 días en pagar sus facturas con una deuda acumulada de 656 millones. Y, por último, la deuda acumulada de los ayuntamientos y corporaciones locales asciende a 965 millones de euros.
Desde hace años las organizaciones de autónomos insisten en la necesidad de poner en marcha un régimen sancionador contra los impagos, te
niendo en cuenta que no hacer frente a las facturas sale gratis a los morosos. ATA reitera cada ejercicio la puesta en marcha de mecanismos de control y las sanciones correspondientes para estos incumplidores. Defiende también que aquellas empresas que se demoren en los plazos no puedan acogerse a determinadas ventajas fiscales o se les penalice fiscalmente. En marzo de 2020 el presidente del Gobierno se comprometió ante la Asamblea de ATA a reformar la Ley de Morosidad para acabar con la demora de los impagos con el objetivo de «asegurarnos —dijo— de que proteja a los autónomos ante las deudas con empresas». Esta modificación aún no se ha producido.
Autónomos y pymes siguen, por tanto, sufriendo la morosidad de las administraciones en un momento en el que, además, luchan contra las restricciones de Covid y la caída de ventas. Menos ventas en muchos casos, pero muchas cargas impositivas en un momento en el que afrontan facturas astronómicas de la luz. En agosto un autónomo pagó 300 euros más que el año pasado.
Y en el horizonte, el alza del salario mínimo, que supondrá un nuevo revés para el colectivo porque, por un lado, encarecerá los costes laborales de sus trabajadores y, por otro, supondrá mayores cotizaciones para el colectivo que crea y sostiene el empleo en España. El alza que se prepara incrementaría el SMI, fijado en 950 euros mensuales, en hasta 19 euros este año, a lo que habría que sumar 62 euros más hasta 2023, año en el que este indicador quedaría en 1.030 euros. Y, además, esta subida llevará aparejado un alza de las bases mínimas de cotización para los autónomos de entre tres y doce euros al mes.
Desde que gobierna Sánchez el salario mínimo ha crecido un 34%, porcentaje que escalará hasta casi el 46% con los crecimientos que pretende aplicar Yolanda Díaz. La subida de SMI dejará la base mínima de los autónomos en 290 euros y la de los societarios en 366 euros.