La vacunación de los hijos ya se decide en los juzgados
Una mujer separada podrá inmunizar a sus pequeños pese a oponerse su exmarido
Los litigios entre padres separados por diferencias de criterio respecto a la vacunación de sus hijos contra el Covid-19 empiezan a llegar a los tribunales. A finales de agosto, un juez de Pontevedra (Galicia) dictó un fallo en el que permitía a un padre divorciado vacunar a sus hijos en contra de la voluntad de la madre. Ahora una sentencia de un juzgado de Barcelona, consultada por ABC, resuelve en un conflicto similar que no se limitaba tan solo a la vacunación de los hijos sino que incluso afectaba a la decisión de practicarles una prueba PCR. En este caso, la madre, a la que la justicia ha dado la razón, era partidaria de vacunar a sus hijos de 15 y 16 años y también de someterlos a la prueba.
En una resolución, con fecha de 28 de julio de 2021, el Juzgado de Primera Instancia número 51 de Barcelona, ha dado la razón a la progenitora al considerar que lo que ella defiende es lo más «beneficioso» para los intereses de los menores.
Sin argumentos
El padre era contrario a la inmunización de los adolescentes, según arguyó, por la «incertidumbre» sobre la eficacia de la vacuna y los efectos adversos que puede tener. Sin embargo, el juez considera que el padre «no proporciona ninguna razón motivada para oponerse a que los menores sean visitados por quien ha sido su médico pediatra, ni para que sigan el calendario de vacunación fijado por el departamento de Salud en cuanto a las vacunas pautadas».
Por lo que respecta a la oposición a la vacuna contra el Covid-19, cree que «no se argumentan tampoco los motivos de la misma, más allá de la información que parece haber recabado el recurrente a través de las redes sociales o de Internet en relación con posibles efectos negativos futuros».
Considera, asimismo, «un hecho notorio» que la vacuna haya sido aprobada por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps), lo que, según añade, «permite suponer que se ha elaborado con las máximas garantías de calidad, seguridad y eficacia; y que los beneficios de su administración superan los riesgos derivados de la misma constatados hasta el momento».
En la resolución, el juez aclara que «la función de los órganos judiciales no es la de decidir por los padres supliendo su voluntad, sino decantar la balanza en favor de la decisión más favorable al menor dentro de las escogidas por los padres».
«Preservar la salud»
Anna Boza, abogada de la madre, explica a este diario que «la cuestión primordial es preservar la salud de los menores. Cuando crezcan podrán hacer lo que quieran, pero ahora existe una responsabilidad parental hacia ellos». Y es que cuando los pequeños iban a la guardería, apunta la letrada, ya existían «diferencias» entre los padres en cuanto a su vacunación. En este caso, el del antídoto contra el Covid-19, el progenitor ni si quiera accedía a realizar una prueba PCR a sus hijos, lo que les obligaba a guardar cuarentena cuando regresaban con la madre, ya que el régimen es de custodia compartida.
Respecto al fallo que da la razón a la mujer, Boza señala que si alguno de los menores sufriese una patología, y esta se hubiese documentado de «forma científica», se podría haber impedido su inmunización, pero no es el caso. El padre, contrario a administrar la inyección, solo expresó «opiniones que en ningún caso pueden imponerse por encima del bienestar y la salud de los menores», subraya.
Con la intención de «evitar una discusión constante», la madre decidió acudir a los tribunales, que ahora la facultan para tomar la decisión. Eso sí, Boza avanza que la última palabra la tendrán sus hijos. El pasado abril, Estrasburgo ya avaló que las medidas de protección poblacional –la vacuna, en este caso– prevalecen sobre los derechos individuales, en este caso, el criterio de los padres.