Arranca el juicio por los préstamos y altos sueldos de exdirectivos de Invercaria
La Fiscalía pide prisión para cuatro excargos de la empresa de capital riesgo de la Junta
El caso de Invercaria, otra macrocausa de corrupción que salpica la gestión socialista en la Junta de Andalucía, vuelve al banquillo de los acusados. En la Audiencia de Sevilla arrancó ayer el tercer juicio. En esta ocasión no se juzga un préstamo millonario a una empresa andaluza, sino los sueldos y préstamos que recibieron algunos de los exdirectivos de esta sociedad pública de capital riesgo. Su expresidente, Tomás Pérez-Sauquillo, el ex director financiero Antonio Nieto, y dos exdirectores de Promoción, Cristóbal Cantos y Juan María González Mejías, sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González, están acusados de prevaricación y malversación y se enfrentan a importantes penas de cárcel, que van desde los seis años para los dos primeros hasta los tres y medio para los dos últimos.
Fue en 2012 cuando un juzgado de Sevilla inició la investigación sobre los préstamos concedidos por la sociedad pública Invercaria por un valor total de unos sesenta millones entre 2005 y 2010 con el PSOE-A al frente del Gobierno autonómico para más de 270 proyectos empresariales, algunos de ellos ruinosos. Casi una década después sigue las piezas separadas, más de una docena, llegando a la Audiencia para ser juzgadas. Hasta la fecha se han enjuiciado dos y ayer comenzó la tercera vista oral. La primera (Aceitunas Tatis) fue condenatoria; la segunda (Juana Martín), absolutoria.
La Fiscalía anunció ayer que en sus conclusiones definitivas va a renunciar a solicitar que los acusados indemnicen en concepto de responsabilidad civil a Invercaria, teniendo en cuenta que esta parte se ha reservado iniciar acciones civiles contra éstos una vez concluya la vía penal para recuperar el dinero. El Ministerio Público pedía que Pérez-Sauquillo indemnizara a Invercaria en la cantidad de 90.224 euros; que el ex director financiero lo hiciera en 232.446 euros y que los ex directores de Promoción indemnicen con 12.960 y 29.928 euros, respectivamente.
La primera sesión estuvo marcada por las cuestiones previas, de las que resaltó la pretensión de los abogados de Antonio Nieto y Tomás Pérez-Sauquillo de excluir de la causa a IDEA, quien fuera socio principal de Invercaria en el momento de los hechos, alegando que la perjudicada es esta empresa y ya está personada en la causa. El tribunal rechazó dicha pretensión, al igual que la llamativa solicitud del abogado de Nieto de querer llamar como testigo al letrado de IDEA para que explicara el despido Pérez-Sauquillo como presidente de Invercaria.
Subidas sin justificación
Por último, el abogado de Juan María González expuso que en el caso de su cliente se vulnera el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, ya que se le causa indefensión por la imprecisión de los escritos de calificación de la Fiscalía y la acusación del PP-A, algo que el tribunal desestimó.
Esta tercera pieza de Invercaria, conocida como la de personal, se abrió «por las actuaciones manifiestamente contrarias a derecho en materia de retribuciones del personal y finiquitos en dicha entidad, actuaciones que supusieron», según el juez, la «disposición de importantes cantidades de dinero a favor de los investigados».
Según el auto de procesamiento, el expresidente «decidía qué personas eran contratadas para trabajar en la entidad Invercaria, así como los sueldos que le correspondían». Decisiones «sin adaptarse a ningún procedimiento legalmente establecido y por su propia voluntad», sin respetar los límites salariales que le imponían las distintas leyes de Presupuestos de la comunidad autónoma.
Entre este e año y 2009, según el juez, Pérez-Sauquillo decidió incrementar las retribuciones que iba a percibir con el único propósito de enriquecerse a costa de los fondos del ente público y «sin que existiera causa justificada». Entre los años 2007 y 2010, Nieto, por decisión del expresidente, recibió unas retribuciones «muy superiores a las que le correspondían según su contrato de trabajo y la legislación vigente», y todo ello «sin que existiera otra causa de esas subidas salariales que el propósito de obtener lucro en perjuicio de Invercaria».
En julio de 2007, Invercaria concedió a Cantos un préstamo personal de 30.000 euros a devolver sin intereses en 60 mensualidades mediante un descuento en la nómina. Ese préstamo fue condonado por Pérez-Sauquillo y Nieto, con lo que «permitieron que obtuviera un lucro indebido en detrimento de Invercaria». «Eran conscientes y sabedores de lo irregular e ilegal de la condonación de la cuantía todavía adeudada», según el juez.
La misma situación se dio con Juan María González. En este caso, Invercaria «se subrogó el préstamo personal que la agencia IDEA le había hecho a González», una operación con la que el sobrino de Felipe González «pasó a contraer una deuda con Invercaria». Éste préstamo también fue condonado. En 2010, Invercaria le concedió otro préstamo de 30.000 euros. Cuando dejó el ente público debía 29.000 euros, que devolvió en 2019.
Según el juez instructor, los cuatro acusados se lucraron de forma indebida con fondos públicos de Invercaria