Moncloa oculta ahora las actas que la UME levantó en las residencias de ancianos
Vox lleva al Gobierno ante el Tribunal Supremo por negarle la documentación de la primera ola
La formación de Abascal también solicitó al Ejecutivo las actas de la UME en la morgue del Palacio de Hielo de Madrid
El Ejecutivo socialista vuelve a obstruir el control de la oposición. Esta vez, para ocultar datos sobre una de las grandes tragedias de la primera ola del Covid-19: la vivida en el interior de las residencias de ancianos. El pasado 22 de abril, la portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona, solicitó al Gobierno los informes realizados por las unidades de la UME (Unidad Militar de Emergencias) sobre su actuación en los centros de mayores que solicitaron ayuda dentro de la operación Balmis. Estos equipos levantaban un acta tras cada intervención, consignando el número de residentes fallecidos y enfermos encontrados, cuántos aislados, el número de trabajadores operativos y si algún organismo público prestaba ayuda al centro.
Vox también pedía los dictámenes de la UME sobre su intervención en la morgue del Palacio de Hielo de Madrid. El Gobierno disponía hasta el pasado 15 de junio para remitir toda esta documentación, pero decidió mantener estos informes bajo llave dejando expirar el plazo sin dar contestación. La misma suerte corrió una segunda petición, realizada por Olona el 24 de abril, para acceder a los dictámenes internos de la UME sobre la operación Balmis y los elevados a la coordinación del Covid-19, los ministerios de Defensa, Sanidad, Interior, Presidencia, la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Con ambas peticiones, la dirigente de Vox quería conocer el estado real al que llegaron a encontrarse las residencias durante la primera ola, cuando estaban bajo competencia del entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Al no contestar al requerimiento de información, el Gobierno logra mantener esta comprometedora documentación bajo llave por ahora, pero lo hace vulnerando el derecho fundamental de los diputados a ejercer su función de control parlamentario.
La Constitución recoge que las Cámaras podrán recabar «la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas», y el Reglamento del Congreso desarrolla este mandato estableciendo que las Administraciones las razones fundadas en derecho que lo impidan». Por ello, Vox ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo, solicitando que ordene al Gobierno facilitar los citados informes. Para Olona, esta nueva maniobra del Gobierno es de la «máxima gravedad», porque sin la difusión de las actas levantadas por la UME en las residencias «nunca sabremos la verdad». «El Ejecutivo se niega a facilitarlas porque prueban que sabían el horror que había allí dentro y no hicieron nada», declara. Según Moncloa, se remitió una respuesta a Vox después de que expirara el plazo, aunque se niegan a detallar cual fue la argumentación de la misma. Al partido no le consta.
ABC ha tenido acceso a una de las actas que reclama Vox (ver reproducción adjunta), referente a la situación encontrada por la UME en la residencia madrileña de Amavir (Getafe) el 6 de abril de 2020. Entre sus paredes había 16 residentes fallecidos por Covid-19 de los que uno yacía desde hacía más de 24 horas. Además, había 52 residentes enfermos y 20 trabajadores también afectados por el virus.
El total de empleados operativos era de 110 –25 menos de lo habitual– para atender durante 24 horas, siete días a la semana a 160 residentes. El centro comunicó a la UME no haber recibido ni estar recibiendo el apoyo de ningún organismo.
Investigaciones abiertas
Esta no es la primera causa que el Gobierno afronta ante la justicia por ocultar información a la oposición. El Tribunal Supremo investiga, también a iniciativa de Vox, por qué negó a este partido los informes elaborados por la Abogacía de Estado sobre el estado de alarma. La jurisprudencia apoya el recurso del partido de Santiago Abascal, ya que en 2013 y 2015 el Supremo falló a favor de diputados autonómicos a los que su comunidad les negó documentación.
Los magistrados entendieron que «el incumplimiento por el Ejecutivo de proporcionar al Legislativo la información requerida, sin dar ninguna razón fundada en Derecho que lo justificase, supone una vulneración del derecho fundamental al ejercicio sin cortapisas del cargo público representativo (art. 23.2 de la Constitución) o ius in officium de los diputados solicitantes».