ABC (Andalucía)

España perderá 2.000 millones en ingresos por intervenir la energía

▶ El Gobierno tendrá que compensar a las autonomías con 300 millones por cercenarle­s la recaudació­n del impuesto especial a la electricid­ad ▶ El precio del megavatio hora alcanza hoy un nuevo récord en 188,18 euros

- DANIEL CABALLERO MADRID

Las autonomías denuncian que el Gobierno no les ha informado de cómo les repondrá el dinero que pierden con sus medidas, al haber impuestos cedidos Parte de la pérdida de la recaudació­n iría a engrosar el déficit público, descontrol­ado desde 2020

Intervenir el mercado energético para intentar bajar un 30% la factura de la luz no sale gratis. El hachazo para el sector asciende a 2.600 millones de euros... pero en la otra cara de la moneda están los ingresos tributario­s, porque el llamado plan de choque del Gobierno trae consigo tres medidas impositiva­s con impacto millonario en las cuentas de Hacienda. Justo coincidien­do con la maltrecha situación que afronta la recaudació­n tributaria y el déficit desbocado.

Entre lo adoptado en junio y las nuevas medidas del martes, el Ejecutivo rebaja el IVA del 21 al 10% hasta final de año; suspende el impuesto del 7% a la generación eléctrica; y rebaja del 5% al 0,5% el impuesto especial sobre la electricid­ad. El objetivo de Pedro Sánchez es que a final de año se logre haber pagado 600 euros de media en luz.

Antes de tomar la decisión de intervenir, el Ministerio de Hacienda ya venía trabajando también en cuantifica­r el golpe fiscal a las cuentas que todo ello supondría, porque el reto del Ejecutivo precisamen­te es el contrario, gravar más al ciudadano. En junio, cuando se adoptaron las primeras medidas, ya se hicieron cálculos. Y ahora se han sumado estas novedades. Fuentes del departamen­to que dirige María Jesús Montero explican que el impacto de las medidas impositiva­s es de unos 2.000 millones de euros en 2021, de los cuales 700 millones correspond­en al llamado plan de choque.

Pese a todo, expertos como Daniel Lacalle, economista jefe de Tressis, destacan que esta estimación gubernamen­tal sería demasiado alta, principalm­ente por una razón. El Ejecutivo

puede bajar el IVA, pero al mismo tiempo, al calor de la recuperaci­ón económica y por la subida del precio de la electricid­ad, que el Estado recaude realmente más por IVA aunque lo haya bajado, viéndose beneficiad­o.

De hecho, hoy el precio del megavatio hora marcará un nuevo máximo histórico al alcanzar los 188,18 euros. El pico mas caro de este jueves se dará entre las 21 y las 22 horas, franja en la que se rozarán los 200 euros por megavatio hora. Al comparar los datos de forma anual, el precio del megavatio hora de hoy marcará un incremento de un 268% interanual.

Desconcier­to autonómico

Fuentes de hasta tres autonomías distintas muestran su desconcier­to por el ‘modus operandi’ de Hacienda en este caso. El impuesto especial sobre la electricid­ad es de carácter estatal, pero está cedido a las comunidade­s autónomas. Es decir, que su recaudació­n se reparte entre las regiones. En algunas comunidade­s se interpreta esta parte de la intervenci­ón como que el Gobierno se está buscando apuntar un tanto a su costa, porque las que perderían ingresos serían ellas.

Las autonomías consultada­s destacan que no tienen conocimien­to de los planes del Ejecutivo para con este impuesto cedido, porque si les ‘sustraen’ la recaudació­n, Sánchez habría de compensarl­es de alguna manera. Asimismo, destacan que en el Ministerio de Hacienda no les han informado de nada sobre qué pasará con este tributo; no ha habido contactos.

Sin embargo, que las autonomías desconozca­n los planes del ministerio no quiere decir que este no sea consciente del problema. Así las cosas, desde Hacienda confirman que tendrán que compensarl­as con 300 millones por dejarles sin parte de la recaudació­n del impuesto especial.

La fórmula escogida para la compensaci­ón está en la propia financiaci­ón autonómica. El Estado realiza cada año las llamadas entregas a cuenta de los impuestos que correspond­en a cada región, una suerte de ‘adelanto’ de la recaudació­n prevista; dos años después se hace la liquidació­n para saber si las comunidade­s han recibido más o menos dinero del que les correspond­e.

En este caso, las regiones tienen ya ingresadas las entregas a cuenta de 2021, pero cuando llegue 2023 habrá que hacer la liquidació­n y, teóricamen­te, las comunidade­s habrían de devolver dinero por la rebaja del impuesto. Pero no ocurrirá así porque una de las opciones que barajan en Hacienda para compensarl­as es realizar a las regiones una transferen­cia en 2023 para acallar las quejas por ‘sustraerle­s’ financiaci­ón.

El impacto en las cuentas de la intervenci­ón pública iría, según los expertos consultado­s, a engrosar el déficit, pero no todo. En cuanto al impuesto a la generación, suspendido hasta final de año, la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, ya aclaró que sirve para compensar el déficit tarifario, con lo cual la incidencia en el déficit público no se produciría. La reducción del IVA y el tributo especial, sí.

Desfase en las cuentas

Esta situación se da, además, cuando las cuentas públicas encaran su tercer año de descontrol al estar suspendida­s las reglas fiscales. En 2020 el déficit marcó un 11% del PIB y la previsión es que este 2021 quede en 8,4% y en 2022 en el 5%; cifras desbocadas y totalmente alejadas del límite del 3% que había antes de la pandemia. El Gobierno, asimismo, continuará disparando sin control el gasto en 2022 tras aprobar otro techo de gasto récord.

Parte de estos 2.000 millones de impacto se sumará a la maltrecha evolución de la recaudació­n tributaria en comparació­n al objetivo. Hasta julio, la Agencia Tributaria ha ingresado casi 124.000 millones de euros, mientras que la previsión para todo el año es de 222.107 millones. Para cumplir el objetivo marcado hacen falta hasta fin

de año casi 100.000 millones de euros en ingresos en solo cinco meses, con lo que el ritmo de recaudació­n habría de acelerarse hasta el término del ejercicio para cuadrar las cuentas sin desviar –aun más– el déficit. A ello ahora habrá que sumar el descuadre que supone la intervenci­ón en el mercado energético, que desaparece­ría en teoría para 2022.

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// IGNACIO GIL Teresa Ribera, con Ignacio Galán
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