Escrivá pide a los agentes sociales que defiendan la reforma
El Gobierno no tiene asegurado el apoyo parlamentario a la norma
La tramitación parlamentaria del proyecto de ley que recoge el primer paquete de medidas de la reforma laboral arranca y no se antoja sencilla. Los grupos políticos, incluso los partidos ‘amigos’ del Gobierno, ya avisaron antes del verano al ministro de que no aceptarían recortes o que, en caso de hacerlo, no serían gratis. La cuadratura del sudoku parlamentario que afronta Escrivá es compleja pues sus propuestas han llegado a tensar incluso la relación con el grupo parlamentario de Unidas Podemos. Con este mar de fondo en el Parlamento, el Ministerio de Seguridad Social ha aprovechado las reuniones con los agentes sociales para pedirles su respaldo público a la reforma, según confirman fuentes del diálogo social.
La petición no ha sido recibida de buen grado en el mundo empresarial, que considera que este extremo no está dentro de su órbita de influencia y que es un terreno que debe abonar en exclusiva el Gobierno. La relación con los sindicatos y la Seguridad Social tampoco está en su mejor momento. De hecho, llega a las negociaciones de otoño bastante desgastada tras los enfrentamientos sufridos en la prórrogas de los ERTE.
De momento, el proyecto de ley de la reforma se encuentra en periodo de enmiendas a la totalidad, lo que se extenderá hasta el próximo jueves. Entonces comenzará el plazo para presentar las enmiendas parciales, entre las que deberá incluirse el mecanismo de equidad intergeneracional una vez haya sido pactado por los agentes sociales y el Gobierno. Como tarde, este nuevo factor de sostenibilidad deberá estar cerrado el día 15 de noviembre, tal y como se acordó en la última reforma. Su puesta en marcha es reclamada por Bruselas porque será el único mecanismo de ajuste del gasto que quede en el sistema de pensiones tras la derogación del factor y del IRP, pero lograr el respaldo para el nuevo indicador no será fácil para el Gobierno teniendo en cuenta que, en la práctica, recortará las cuantías.
El texto que llega al Congreso da luz verde a la vinculación de las pensiones y al IPC, lo que tendrá un fuerte impacto en las cuentas del sistema, especialmente en un momento en que la inflación se deja ver como uno de los principales riesgos de la recuperación tras la pandemia. De hecho, esta situación comienza ya a inquietar a algunos grupos. Pero la norma también introduce algunos mecanismos para retrasar la edad efectiva de jubilación y otros para incentivar su demora, lo que ya recibió críticas de buena parte de los socios parlamentarios del Gobierno. En julio, Bildu y PDECat negaron su apoyo a esta reforma, mientras el PNV lo condicionó a recibir ya el traspaso de la gestión del ingreso mínimo.