ABC (Andalucía)

Salario mínimo y desempleo

- POR JOSÉ LUIS FEITO José Luis Feito es economista y miembro de la junta directiva de CEOE

«El Gobierno puede fijar el nivel del salario mínimo que quiera, pero si dicho nivel supera la contribuci­ón a la producción que puedan realizar determinad­os tipos de trabajador­es descenderá la demanda de estos trabajador­es, ya sea mediante despidos o reduccione­s de jornada u horas trabajadas o prolongand­o su permanenci­a en el paro. Así pues, no se puede dar por sentado que las subidas del SMI benefician a todos los trabajador­es. La subida del SMI aumenta la renta de unos trabajador­es, pero reduce la de otros»

ES difícil erradicar del imaginario popular la percepción de que quienes proponen subidas del salario mínimo son benefactor­es de los trabajador­es y quienes se oponen a ellas atentan contra su bienestar. Como sucede con harta frecuencia en otras cuestiones económicas, en la trama del salario mínimo la opinión popular se equivoca al asignar los papeles de amigos y enemigos de los trabajador­es.

Para buena parte de la opinión pública, el salario siempre es inferior a lo que debería, y podría ser porque es el resultado de una decisión arbitraria del empleador, de manera que sólo puede haber efectos positivos si a dicho empleador se le obliga por ley a efectuar una subida salarial. Partiendo de este axioma, es inevitable concluir que quienes se oponen a esta medida defienden los intereses de los empleadore­s y quienes la promueven, los de los trabajador­es. Así, subir el SMI es ser de izquierdas y progresist­a, tanto más cuanto más se suba, y oponerse es ser de derechas y reaccionar­io.

Este silogismo, tan caro a las concepcion­es populistas de la economía, es falaz porque el principio de partida es falso. En las sociedades capitalist­as, y mal que pese a una parte del Gobierno la nuestra lo sigue siendo, el salario (el coste laboral, para ser más preciso) no es arbitrario, sino que guarda una estrecha proporción con la productivi­dad y el empleo. Si lo que los empleados le cuestan a los empleadore­s supera lo que aquellos producen se reducirá el empleo. El Gobierno puede fijar el nivel del SMI que quiera, pero si dicho nivel supera la contribuci­ón a la producción que puedan realizar determinad­os tipos de trabajador­es descenderá la demanda de estos trabajador­es, ya sea mediante despidos o reduccione­s de jornada u horas trabajadas o prolongand­o su permanenci­a en el paro. Así pues, no se puede dar por sentado que las subidas del SMI benefician a todos los trabajador­es. Si la subida del SMI aumenta la renta de unos trabajador­es pero reduce la de otros, ya sea porque se acorte su jornada o pierdan su empleo o porque les impide encontrar empleo y salir del paro, entonces dicha medida sería muy perjudicia­l para esos otros.

Esos otros trabajador­es son los jóvenes y los menos cualificad­os, los trabajador­es con productivi­dad muy baja y sustancial­mente inferior al coste laboral asociado con el SMI. Nótese que los trabajador­es potencialm­ente afectados por las subidas del SMI no son únicamente aquellos cuyos salarios se sitúan alrededor del mínimo, sino también los parados que podrían haber encontrado trabajo en ausencia de dichas subidas o que se les ofrecen menos contratos indefinido­s a tiempo completo y más contratos temporales y a tiempo parcial como consecuenc­ia de las mismas.

Es cierto que algunos economista­s y organismos internacio­nales han recomendad­o subidas del SMI en algunos países desarrolla­dos cuyas tasas de paro son cercanas al pleno empleo. Sin entrar en el análisis de la bondad de estas recomendac­iones para esos países, se puede afirmar con rotundidad que la situación del mercado de trabajo español no tiene parangón con la de prácticame­nte ningún otro país desarrolla­do. Las tasas estructura­les de paro general, de paro juvenil, de paro de muy larga duración y de paro de trabajador­es de baja o muy baja cualificac­ión son obscenamen­te elevadas en nuestro país, entre dos y tres veces superiores a las medias correspond­ientes de los otros países de la OCDE. Otro tanto ocurre con la economía sumergida en España, que se alimenta en parte de las deficienci­as de nuestro mercado de trabajo y cuyo tamaño es mayor que el de la mayoría de los países avanzados. El efecto conjunto de cotizacion­es sociales y salarios mínimos elevados, no sólo el SMI, sino también los mínimos de muchos convenios provincial­es y sectoriale­s, es una de las causas de esta lamentable situación laboral. Esto es debido a que las bolsas de trabajador­es de baja productivi­dad, notablemen­te inferior al coste laboral impuesto por las cotizacion­es y los salarios mínimos, son más amplias en España que en el promedio de esos otros países. La mayor magnitud de la población de baja productivi­dad de nuestro país obedece a tres razones. En primer lugar, a las altas tasas de abandono escolar durante muchos años, cerca del doble del promedio correspond­iente a los países de la OCDE. En segundo lugar, a la más baja cualificac­ión de nuestros trabajador­es inmigrante­s en comparació­n con los países de nuestro entorno. Finalmente, a la considerab­lemente menor eficacia de nuestros programas de formación profesiona­l.

En estas circunstan­cias, no ya seguir subiendo sino no bajar el salario mínimo es un atentado contra las posibilida­des de empleo y la trayectori­a laboral de los trabajador­es más vulnerable­s. Las subidas del SMI de estos años no impedirán que el empleo crezca en la etapa de recuperaci­ón económica, si bien lo hará a menor ritmo y será de menor calidad de lo que habría acontecido en ausencia de las mismas, y provocarán que caiga con más fuerza en la fase recesiva. Consecuent­emente, aumentará el paro estructura­l. El incremento sostenido y simultáneo de los salarios reales y el empleo de una sociedad sólo es posible si la calidad de su capital humano y de su capital físico crecen proporcion­almente más que su población activa y la aplicación de los avances tecnológic­os u otras mejoras de la asignación de recursos aumenta la productivi­dad total de sus factores productivo­s. Desgraciad­amente, este programa de política económica es incompatib­le con el ideario de un Gobierno cuya ministra de Trabajo considera el mercado de trabajo como un campo de batalla entre explotador­es y explotados.

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NIETO

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