Reabren el caso de las subastas irregulares en Puerto Marina

►La juez investiga de nuevo si se prevaricó en Benalmádena con los barcos turísticos

El Juzgado de Instrucción 4 de Torremolinos vuelve a investigar un delito de alteración de subastas y concursos públicos en Puerto Marina. Lo hace después de una denuncia de un grupo de empresarios con intereses en este enclave en Benalmádena. Se reabre el caso tras un archivo provisional para que la Policía Nacional hiciera averiguaciones sobre lo reportado a la magistrada. La causa sigue en instrucción mientras se reclama también un delito de prevaricación para la concejala delegada de Benalmádena en Puerto Marina, al director y a uno de los empleados del mismo.

Como informó ABC, una decena de empresarios, al pasar el verano de 2020, interpusieron una demanda contra el puerto. La razón era que se sentían agraviados con respecto a dos empresas de alquiler turístico de embarcaciones, que no seguían supuestamente las normas del puerto con el visto bueno de sus gestores. Aquel caso sigue vivo un año después, sumado a dos denuncias más que han ido ampliando aquella original.

La decisión de la juez de seguir adelante con el proceso se hace pese a que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional haya emitido ya dos informes en los que dice que no ve indicios de delito. El primero señalaba que no atisbaba ilícitos en una parte de la denuncia, mientras que no le era posible comprobar si los había en otra. Por otro lado, un segundo informe aportado a la causa recientemente explica que algunas de las actuaciones no son delito, pero que sí pueden acarrear una sanción administrativa.

Financiación ilegal

Para ello, como adelantó ABC, la Policía requirió a través del juzgado instructor documentos sobre licitaciones en la marina seca o el varadero, así como en las obras de viales o en zonas anejas al puerto. Al mismo tiempo, solicitó copia de algún acta del consejo de administración para su estudio, puesto que se apuntaba hasta a una presunta financiación ilegal. Nada de esos constituye ilícitos para la Policía o no se puede comprobar si se ha cometido delito por parte de los agentes encargados.

Pero a esos informes, los empresarios denunciantes han aportado en una alegación pruebas sobre algunos aspectos que la UDEF no pudo comprobar. De este modo, con videos, capturas y documentación de dos detectives privados contratados han conseguido supuestas evidencias con vigilancias y pesquisas para mantener el caso vivo. Así que pese a las ganas del Ayuntamiento de anunciar el archivo de las actuaciones y de los denunciantes

La reapertura del caso, en el que la UDEF no vio delito, llega tras aportar los denunciantes nuevas pruebas al juzgado

de emitir condenas, la investigación sigue su instrucción.

Lo que sí se ha emitido es una sentencia que condena al puerto de Benalmádena a las costas por otra denuncia de varios de estos empresarios. En ella se anula el concurso para las empresas de alquiler de embarcaciones turísticas que podían operar en el enclave. Según el Consistorio, la regulación de esta actividad es la que inició todo el proceso y motivó las denuncias en instrucción, puesto que muchos se quedaron fuera después de años operando.

El Ayuntamiento explicó en su momento que estas compañías llevaban hasta 20 años sin tasas y suponía un número excesivo de embarcaciones dedicadas a las salidas turísticas. El Consistorio quiso poner coto con un concurso que, según una sentencia judicial del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Málaga, ha quedado anulada.

Hasta ahora las actuaciones policiales y de los detectives privados se centraron en la primera denuncia que se interpuso en septiembre de 2020 contra los responsables de Puerto Marina. Sin embargo, esa demanda ha tenido con el paso de meses dos ampliaciones sobre las que el juzgado tiene que instruir todavía.

Hasta el momento no se tiene conocimiento documental en el proceso de que se haya tomado ninguna decisión sobre la primera ampliación de la denuncia.