El PSOE saca los colores a Escrivá y le exige que acelere el fondo público de pensiones
El grupo parlamentario registra una moción en el Senado y le recuerda su compromiso de «impulsarlo» este año
El grupo parlamentario socialista ha presentado una moción en el Senado en la que exige al propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que «impulse» el fondo público de pensiones al que se comprometió en los Presupuestos de 2021. El texto, que será debatido hoy mismo en el Pleno de la Cámara Alta, redobla la presión sobre el ministro y le recuerda que en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 se comprometió a que «en el plazo máximo de doce meses» el Gobierno presentaría un proyecto de ley sobre fondos de pensiones públicos de empleo. Fuentes parlamentarias muestran su sorpresa por este movimiento de los socialistas y aseguran que pone de relieve el importante desgaste que acumula el ministro en el seno del propio Gobierno.
En el texto de la moción, el grupo parlamentario socialista remarca que el Pacto de Toledo acordó impulsar «de forma preferente» este tipo de instrumentos de ahorro a medio y largo plazo para los trabajadores. De hecho este mecanismo fue una de las medidas estrella de Escrivá el año pasado. Remarcan además que, según figura en las cuentas públicas de 2021, la Seguridad Social se comprometió a poner en marcha un proceso de selección de las entidades gestoras y depositarias de este fondo a través de un «concurso competitivo abierto» que, sin embargo, no ha sido convocado. Así como a crear una comisión de control
La creación del fondo fue una medida estrella del ministro, con la que busca promover de forma masiva el ahorro para la jubilación
que marcaría la política de inversiones del fondo y, en la cual, Seguridad Social tendría derecho de veto.
Con la creación de este fondo público el titular de la Seguridad Social busca promover el ahorro para complementar la futura pensión, aunque terminará compitiendo con los fondos privados. La idea del ministro está pensada para aquellos que no tienen acceso a los planes de pensiones privados con las ventajas de los empleados de grandes empresas. Su objetivo es introducir esta fórmula de forma masiva en las empresas vía convenios colectivos y que se pudieran adherir a la misma autónomos, pequeñas y medianas empresas, jóvenes y trabajadores del sector público.
El tirón de orejas de los socialistas al ministro llega en un momento muy complejo para el que fuera presidente de la Airef. Escrivá afronta la negociación más difícil de cara a cerrar el necesario acuerdo en torno a la primera parte de la reforma de las pensiones, el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, lo que amenaza con estallar una nueva batalla con Unidas Podemos, dado que en la práctica será una fórmula de ajuste de la que reniegan los morados.
Este mecanismo deberá sustituir al derogado factor de sostenibilidad antes del 15 de noviembre, ya sea con o sin acuerdo de los agentes sociales. Fuentes de la negociación aseguran que aún no hay ninguna propuesta firme sobre la mesa por lo que el malestar, tanto entre los sindicatos como entre los empresarios, es creciente. Según fuentes de la última reunión convocada para tratar este asunto, celebrada el lunes, Seguridad Social no presentó los textos a los que se había comprometido, lo que estaría retrasando los trabajos.
‘Baby boomers’ en el foco
Escrivá reconoció la semana pasada en el Congreso de los Diputados que trabaja en un «mecanismo contingente», que se activará solo en momentos de crisis que pongan a prueba las cuentas del sistema. «Se activará solo si la evolución de los ingresos y gastos del sistema así lo requiere» y únicamente en «los años en los que el sistema soportará más presión demográfica», con el fin de «proteger especialmente» a los jóvenes. Unas palabras que vuelven a poner el foco en la generación del ‘baby boom’, cuya jubilación a finales de esta década supondrá un reto demográfico sin precedentes para el sistema nacional de pensiones.
Tampoco tiene el terreno allanado el ministro Escrivá en cuanto a la tramitación parlamentaria del texto que acordaron los agentes sociales y el Gobierno en verano. Grupos que tradicionalmente han apoyado al Ejecutivo en el Congreso han mostrado ya sus dudas sobre el nuevo texto y con las formas del ministro, a quien recriminan que se salte la negociación en el Parlamento y acuda con textos cerrados en exclusiva con los agentes sociales.