LA CENSURA DIGITAL AVANZA EN LA UNIÓN EUROPEA
El desprecio de la ley en favor del control digital no es una tendencia exclusiva de regímenes autoritarios. En la semana negra de Zuckerberg, se reabre el debate sobre los límites de la regulación de internet en un mundo que construye sus ideas y opiniones a través de las redes sociales
El imperio de Mark Zuckerberg, que controla Facebook, WhatsApp e Instagram, sufrió un apagón de seis horas el pasado lunes, justo en la semana que Washington parece estar perdiendo la paciencia con la red social y acusa a su creador de «solo pensar en beneficios».
La tormenta de problemas en esta y otras tecnológicas ha reabierto el debate sobre la regulación digital. ¿Dónde acaban los límites de la legislación de internet y empieza la censura? Un reciente informe sobre la libertad en la red publicado por la ONG Freedom House apunta que el cibercontrol digital ha aumentado por undécimo año consecutivo. Según esta reconocida institución, «en la batalla de alto riesgo entre los Estados y las empresas tecnológicas, los derechos de los usuarios se han convertido en las principales víctimas». La libertad de expresión en línea, denuncian, está sometida a una tensión nunca antes vista porque «cada vez más gobiernos arrestan a usuarios por emitir discursos políticos, sociales o religiosos no violentos».
Las formas de ‘cibercontrol’ tienden a ser sutiles, denuncian desde Jigsaw, un proyecto de Google que investiga los excesos y los esfuerzos de los gobiernos de todo el mundo por restringir el acceso a la información. No pocas organizaciones sin ánimo de lucro e instituciones denuncian que la censura digital avanza en el mundo a un ritmo sin precedentes. Todos los rankings aparecen encabezados por los ‘sospechosos habituales’▶ China, Corea del Norte, Irán o Rusia. Sin embargo, la Unión Europea ha empezado a escalar una pendiente resbaladiza. La Comisión Europea está debatiendo un nuevo marco normativo para internet, el ‘Digital Services Act’ (DSA). Sobre el papel, se pretende que el DSA facilite la eliminación de productos, servicios y contenidos ilícitos de online, entre los que se incluyen noticias falsas o contenidos que supongan una incitación al odio. «Me preocupa hacia dónde va Europa. Lo que vivimos ahora no es nada comparado con lo que viene. Las redes sociales, impulsadas por los gobiernos, intervienen en informaciones que son legales y se amparan en que los contenidos pueden ser ‘inadecuados o perjudiciales’. Estamos entregados, no podemos ir más allá del principio de legalidad», denuncia Borja Adsuara, doctor en Derecho y experto en asuntos públicos y comunicación digital.
«Todos los sistemas políticos tienen miedo de internet», resume Alfonso Armada, presidente de Reporteros Sin Fronteras España. Armada apunta que China va camino de convertirse en la próxima superpotencia mundial y, además de erigirse como un modelo de desarrollo tecnológico mundial, es un modelo
de control en la red. También está el sistema de Rusia que, además de bloquear contenidos, lleva a cabo importantes campañas de desinformación, crea pruebas falsas para ensuciar la trayectoria de periodistas críticos con Putin o pone en marcha acciones concretas con la voluntad de «deslegitimar la democracia».
Lo hemos visto recientemente con el uso del independentismo catalán por parte del Kremlin para desestabilizar a la Unión Europea. Alfonso Armada explica que, en el caso de Europa, los atentados terroristas que ha sufrido el continente en los últimos años han marcado un antes y un después en lo que se refiere al cibercontrol. Los gobiernos «han incrementado la vigilancia en la red para evitar estos ataques».
El Covid como pretexto
No obstante, el presidente de RSF en España también diagnostica –como ha hecho Freedom House– que, con el pretexto de la crisis sanitaria del Covid-19, gobiernos de todo el mundo han jugado a ocultar información y, a día de hoy, aún no sabemos cuántos muertos ha causado la pandemia. «La libertad de prensa se ha limitado fuera y dentro de la red. Recordemos que en España se ha impedido a los periodistas repreguntar en las ruedas de prensa de La Moncloa o se ha limitado el acceso a hospitales y morgues», precisa Armada.
Es difícil no acordarse de las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuando en abril dijo que «los bulos y la desinformación» eran «los grandes aliados de esta enfermedad». Afirmó entonces que el Gobierno estaba realizando una monitorización de redes sociales «con el fin de comprobar algunos discursos que pueden ser peligrosos o delictivos», así como con las «campañas de desinformación» y apuntó que «son las propias plataformas, siguiendo sus protocolos de actuación, las que acuerdan la retirada y no el Gobierno, el Ministerio, o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Marlaska quiso zanjar la polémica asegurando que la monitorización no tenía «ninguna finalidad política».
En noviembre de ese año, el Gobierno anunció un plan para luchar contra la desinformación con una estructura de control centralizada, que iba a dirigir Iván Redondo, hoy fuera del gabinete de Sánchez. El objetivo del plan del Ejecutivo, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional y que se publicó en el BOE, es combatir «la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persigue influir en la sociedad con fines interesados y espurios». La justificación del Gobierno de Sánchez fue, en ese momento, luchar contra la «‘infodemia’ sin precedentes» que había desencadenado la crisis del Covid.
Adsuara, experto en cuestiones legales que atañen a redes sociales, explica que, a veces, el término censura se usa «muy a la ligera». Cuando, por ejemplo, se restringe la descarga de ‘torrents’ (carpetas que permiten acceder a archivos, como películas pirateadas) se está cumpliendo con la ley de propiedad intelectual y, en ese caso, no se puede hablar de censura. Sin embargo, cuando el grupo parlamentario Unidas Podemos presenta una Proposición no de Ley con el fin de «prevenir la propagación de discursos de odio en el espacio digital» –que salió adelante con los votos del PSOE– «estamos dando un poder omnímodo a las empresas tecnológicas de EE.UU. que son como señores feudales digitales. Los motivos en los que basan su censura no son éticos, sino comerciales y políticos». Según Adsuara, las normas internas de una red social no pueden estar por encima de la Constitución. En la Carta Magna ya están tipificados los delitos de odio, la definición de qué es un discurso de odio es ambigua y puede variar según quién lo defina, recalca.
«Las redes sociales no son medios de comunicación. Deberían ser neutrales. No deben controlar nada salvo que sea claramente ilegal. Si la ilegalidad de un discurso no es cristalina, se debe actuar en favor de la libertad de expresión». Es sintomático, dice, lo que ocurrió con los bloqueos de la cuenta de Twitter del ex presidente de EE.UU. Donald Trump. «La gente bendice lo de Trump. Pero, ¿y si el bloqueo lo hubiera sufrido Biden?», plantea Adsuara.
La discusión está a la orden del día en un mundo en el que «la gente vive a través de su móvil para informarse y las ideas sólo se construyen a través de los contenidos que nos llegan por internet», señala Armada. Pero hay cabezas pensantes que están creando fórmulas para sortear el ‘cibercontrol’ en países con regímenes dictatoriales donde la libertad de información es una quimera.
Nuevas fórmulas
Reporteros Sin Fronteras lanzó en 2018 el proyecto ‘The uncensored library’, una ‘biblioteca sin censura’ que permite, a través del videojuego en línea Minecraft, acceder a informaciones vetadas en países como Arabia Saudí, Bielorrusia o Egipto. «En lugar de dedicarnos a matar marcianitos que no existen, gracias a este proyecto se lucha contra el poder maléfico y real de la censura en todo el mundo», resume Armada.
Una biblioteca virtual, oculta a la vigilancia gubernamental, que facilita el acceso a la información en países donde ni siquiera existe una prensa independiente. Occidente, por su parte, tiene que decidir hacia dónde quiere caminar.
Borja Adsuara, especialista en Derecho y RR.SS. «LAS REDES SON SEÑORES FEUDALES DIGITALES. LA GENTE BENDICE EL BLOQUEO EN TWITTER A TRUMP. PERO ¿Y SI LO HUBIERA SUFRIDO BIDEN?»
Alfonso Armada, presidente de RSF España «LA CRISIS DEL COVID-19 HA LIMITADO LA LIBERTAD DE PRENSA DENTRO Y FUERA DE LA RED»