Irene Montero premia con cargos de confianza a una condenada y a dos investigados
La ministra incorpora al Ministerio de Igualdad a Isa Serra, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer
El Ministerio de Igualdad abrió ayer sus puertas a una condenada por la Justicia y a dos investigados por presuntos delitos de malversación y prevaricación. Irene Montero incorporó a su cartera a Isa Serra, a Carlos Sánchez Mato y a Celia Mayer, tres de los nombres propios de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid y en el ayuntamiento en la etapa de Manuela Carmena como alcaldesa.
Los tres encuentran acomodo en Igualdad pese a su situación judicial. El pasado julio, el Tribunal Supremo ratificó la condena a diecinueve meses de prisión contra Serra, exportavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid y actual coportavoz del partido, por atentado a la autoridad durante las protestas contra un desahucio en 2014. Sánchez Mato y Mayer, por su parte, se encuentran a la espera de juicio oral por encargar informes por valor de 50.000 euros sobre el convenio para la celebración del Open de Tenis en Madrid.
Sus incorporaciones siguen al nombramiento de Ángela Rodríguez, conocida como ‘Pam’, como nueva secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, después de que Noelia Vera anunciase la semana pasada su adiós a la política. Mayer ejercerá de jefa de gabinete de Pam al frente de la Secretaría de Estado, mientras que Serra y Sánchez Mato serán asesores.
«Un orgullo echar una mano al equipazo de Igualdad liderado por Irene Montero y por Ángela Rodríguez ‘Pam’, a nuestro espacio político de Unidas Podemos y a ese frente amplio que Yolanda Díaz está impulsando. Con vosotras, al fin del mundo», escribió ayer en Twitter Sánchez Mato, exconcejal de Izquierda Unida en Madrid, para celebrar su puesto.
Inhabilitada
La coportavoz de Podemos fue elegida nuevamente diputada autonómica en las elecciones madrileñas del 4 de mayo, pero renunció a recoger el acta a la espera de que el Supremo confirmase o revocase la sentencia contra ella. El pasado julio ratificó su condena –que conllevaba inhabilitación para el sufragio pasivo– por un delito de atentado, lesiones y daños cometidos durante los altercados en Madrid con motivo de un desahucio ejecutado el 31 de enero del 2014.
El Supremo desestimó su recurso y confirmó también la multa de cuatro meses por un delito leve de lesiones y la sanción de otros cuatro meses por un delito de daños. Serra fue absuelta únicamente de desórdenes públicos. Durante el juicio, la ahora coportavoz de Podemos dijo que solo podía entender las acusaciones contra ella «en el sentido político», pero la fiscal pidió veintitrés meses de cárcel por considerar probado que participó en los disturbios. En su argumentación, se basó en testimonios policiales que situaban a Serra como una «de las cabecillas» de la trifulca.
El caso de Serra recuerda al del diputado Alberto Rodríguez, recientemente condenado a 45 días de prisión y a inhabilitación por el mismo tiempo por patear a un agente policial durante una manifestación contra la ‘ley Wert’ en La Laguna, Tenerife, también en 2014.
El abogado de Serra garantizó que las acusaciones contra ella eran «arbitrarias» y esta vinculó su condena con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, por parte de «la derecha». Esa era, según ella, «la clave». Unidas Podemos en ambos casos aprovechó las sentencias contra los suyos para desprestigiar y atacar al Poder Judicial, al que acusan de actuar contra el Gobierno de coalición.
Pendientes de juicio oral
De nuevo, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, Sánchez Mato y Mayer se presentan como víctimas, aún pendientes de juicio, por investigar, según ellos, «la corrupción» de la derecha al frente del consistorio de la capital de España. El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid acordó la apertura de juicio oral en julio del año pasado contra los dos.
El proceso judicial contra ellos nace de una querella interpuesta por el PP y por la asociación Transparencia y Justicia en 2017. Los populares aprecian presuntos delitos de prevaricación, malversación y societario en relación a la denuncia que impulsaron estos dos exediles del Gobierno municipal en Fiscalía sobre el convenio para la celebración del Mutua Madrid Open de Tenis, para la que encargaron sendos informes pagados con fondos de la empresa municipal Madrid Destino. 50.000 euros de las arcas públicas cuando ellos eran cargos de máxima responsabilidad en la citada empresa.
«Los querellados decidieron presentar la denuncia en la Fiscalía con los informes elaborados por los despachos de abogados elegidos por ellos para redactar la misma y que no realizaban un análisis completo de los informes que fundamentaban las decisiones adoptadas por los responsables del Ayuntamiento en la fecha en la que se firmaron los contratos y contra los que presentaban la demanda», recogía el auto de procesamiento. La Fiscalía, no obstante, pide la absolución de ambos.
«Perfiles políticos»
Fuentes de Unidas Podemos citadas por Europa Press explican que la idea de Montero al incorporar a la condenada Serra y a los investigados Sánchez Mato y Mayer es «reforzar» su equipo para la segunda mitad de la legislatura con «perfiles políticos» que aportan «experiencia institucional, de gestión y municipalista».
A la labor de Mayer como jefa de gabinete se unirán la de Serra como asesora en materia de ‘alianzas internacionales feministas’ y la de Sánchez Mato en la parcela económica y en cuestiones relacionadas con los derechos laborales y de cuidados. En el apartado jurídico, Montero incorpora a María Naredo, abogada defensora de los derechos de las mujeres.