Debate en Italia sobre la ilegalización de partidos neofascistas tras los ataques del sábado
El asalto contra la sede del principal y más antiguo sindicato italiano CGIL (Confederación General del Trabajo) durante la manifestación del pasado sábado en Roma, con el fin de protestar contra el pasaporte Covid obligatorio para trabajar en lugares públicos y privados a partir del próximo viernes, ha producido un duro enfrentamiento entre la derecha e izquierda, abriendo un debate sobre la ilegalización de los partidos fascistas. Participaron unas 10.000 personas en una manifestación muy heterogénea▶ diversos grupos del movimiento antivacunas, los contrarios al certificado Covid, que no eran necesariamente extremistas de la ultraderecha, y neofascistas que aprovecharon la violencia en la calle para intentar ejercer un liderazgo político. Fueron estos últimos los que tomaron como rehén el centro de Roma, donde se vivieron escenas de guerrilla urbana.
Especialmente grave fue el asalto al sindicato CGIL, tradicionalmente ligado a la izquierda, cuya sede fue devastada. La Policía identificó a 600 manifestantes y detuvo a 12, entre ellos los dos líderes del partido neofascista Forza Nuova que dirigieron el asalto a la sede del sindicato▶ Roberto Fiore, 62 años, 11 hijos, fundador en 1997 de esa formación neofascista, condenado en los años ochenta por asociación subversiva y banda armada, huyendo al extranjero, para volver en 1999, al prescribir los delitos. También fue arrestado Giuliano Castellino, 45 años, jefe romano de Forza Nuova, con diversas condenas, una de cuatro años por agredir a un policía durante una manifestación.
Por las redes sociales
La investigación abierta por la fiscalía de Roma señala que la revuelta fue conducida por al menos 50 personas, relacionadas con Forza Nuova, con el objetivo de atacar los edificios de las instituciones (Palacio Chigi, sede de la Presidencia del Gobierno; y Montecitorio, sede de la Cámara de diputados), inspirándose en el asalto al Congreso de Estados Unidos en el pasado mes de enero.
Habían coordinado su plan mediante la plataforma Telegram. «Los manifestantes eran cada vez más amenazantes con la intención de llegar a los edificios institucionales», escriben los jueces. Así lo confirman algunas declaraciones de los detenidos▶ «Quería ocupar el Parlamento», confesó Iorio Pilosio, de 54 años, con antecedentes penales y en tratamiento por esquizofrenia.