Egmasa enchufó en la Junta a 348 parados del PER para prejubilarlos
▶ La desaparecida empresa de extinción de incendios incorporaba a mayores de 52 años contratados por los alcaldes para cubrir las peonadas del campo
▶ La Guardia Civil denunció que los gobiernos socialistas usaron la entidad pública para «la recolocación laboral»
Era como si les hubiera tocado la lotería sin haber comprado billete. La antigua Empresa Pública de Gestión Medioambiental SA (Egmasa) dio empleo y sueldo públicos a 348 trabajadores mayores de 52 años que habían sido contratados de manera temporal por ayuntamientos y diputaciones, en su mayoría en manos del PSOE, para desempeñar tareas relacionadas con la extinción de incendios forestales. En junio de 2003, cuando 284 de estos empleados no llevaban ni cuatro años en nómina de la empresa de la Junta de Andalucía que coordinaba la actuación de los bomberos forestales, ésta decidió incluirlos en un expediente de regulación de empleo (ERE) con la idea de rejuvenecer la plantilla. No sólo los prejubiló sino que, además, les garantizó una paga de por vida a costa de la Junta de Andalucía. Las habrían cobrado en su totalidad si no hubiera estallado el caso ERE a finales de 2010.
En un informe incorporado al enciclopédico sumario del caso ERE, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil denunció que la empresa pública Egmasa «ha sido utilizada para la denominada recolocación laboral» en la Junta de Andalucía al servicio del PSOE, el partido que la gobernó durante casi 37 años hasta las elecciones autonómicas de 2018.
Antes de recalar en Egmasa, estos trabajadores habían sido contratados a través del Plan de Empleo Rural (PER). En la década de los noventa del pasado siglo, era el alcalde de cada municipio el encargado de seleccionar a los parados del pueblo para reforzar los retenes contra incendios y facilitarles de este modo que consiguieran las peonadas necesarias para cobrar el subsidio de desempleo.
Como la Faffe, la extinta fundación autonómica de formación cuyo máximo responsable utilizaba tarjetas de crédito corporativas en prostíbulos, Egmasa funcionaba como otra agencia de colocación en la Administración, según la descripción que realizó la UCO tras estudiar a fondo las vidas laborales de las personas incluidas en el ERE. La citada empresa pública fue extinguida en el año 2010 al amparo de la polémica Ley de Reordenación del Sector Público andaluz, también conocida como ‘ley del enchufismo’. El proceso supuso la integración de todo su personal en una nueva entidad pública, la actual Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya).
Nueve procesados
El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la macrocausa de corrupción de los ERE, ha procesado a nueve personas, cinco de ellas antiguos directivos y responsables de la empresa pública, en una pieza separada del caso que se centra en las irregularidades de las ayudas que la Consejería de Empleo concedió a esta entidad. De los 21,63 millones de euros que «de manera ilícita y arbitraria» le otorgó con cargo a la partida presupuestaria 31L –el llamado ‘fondo de reptiles’–, la extinta Egmasa ingresó más de 16 millones mediante diversos pagos realizados desde 2004 hasta 2010 desde la agencia pública IDEA por encargo de la consejería.
Un costoso despido
La integración de los 348 trabajadores en Egmasa, aunque por su edad tenían menor capacidad física para extinguir incendios en lugares de complicado acceso, y su costoso despido posterior han llamado la atención del juez instructor del caso ERE, José Ignacio Vilaplana. «Todos los trabajadores incluidos en este ERE habían trabajado para ayuntamientos y diputaciones en el marco del Plan de Empleo Rural, y tras cesar en sus puestos de trabajo pasaban a recibir prestaciones por desempleo o subsidios para mayores de 52 años, siendo entonces recolocados en Egmasa, en donde a la fecha del ERE llevaban trabajando una media de tiempo no superior a cuatro años». El entrecomillado pertenece al auto de incoación de procedimiento
Los responsables de la empresa admitieron en sus declaraciones ante el juez que se trataba de una práctica habitual
Un ex alto cargo de Egmasa reconoció que los ayuntamientos contrataba a parados y «se colocaban en empresas de la Junta»
abreviado, dictado el pasado 27 de septiembre, en el que Vilaplana concluye las diligencias previas contra nueve investigados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
El que fuera consejero delegado de Egmasa entre junio de 2003 y octubre de 2004, Javier Serrano Aguilar, que está procesado esta causa, manifestó a la Guardia Civil que «mediante el Plan Infoca se contrataba a gente de los ayuntamientos y a gente que se encontraba en paro y se colocaba en empresas de la Junta de Andalucía, en este caso Egmasa», según recoge el atestado de la Guardia Civil. El también investigado Pedro García González, director de Recursos Humanos de Egmasa cuando se tramitó el ERE, relató a la Policía Judicial que la empresa autonómica «contrataba a muchas personas que habían estado bajo el sistema de empleo rural (PER) y que todos se encontraban en edades cercanas a la jubilación», según expone la UCO.
De los 348 beneficiarios de la póliza subvencionada, 284 entraron en Egmasa entre junio de 1998 y marzo de 2001. Fueron incluidos en el ERE por causas productivas y organizativas cuando no llevaban ni un lustro trabajando para la empresa, aunque como eran empleados fijos discontinuos el tiempo cotizado era aún menor. El resto fue recolocado en junio de 1996.
En la lista de beneficiarios figuraba Antonio M.G., ya fallecido, quien manifestó a la Guardia Civil que desempeñó el puesto de vigilante en Egmasa durante seis meses debido a su condición de liberado sindical de CCOO. En el año 2004 «perdió su cargo en el sindicato e intentó retomar su puesto de trabajo en Egmasa, desde donde le indicaron que no le reintegraban a trabajar, por lo que permaneció acudiendo al sindicato y percibiendo la nómina de Egmasa hasta su prejubilación», según consta en el atestado. A finales de 2006, el secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO-A, Antonio Perianes, investigado en esta causa, «le informó de que le iba a dar una solución», con la connivencia de la empresa, que consistía en una renta de prejubilación de 120.000 euros.
Otro vecino de Hinojos, Francisco M.D., contó a la UCO que, tras trabajar toda su vida como agricultor, cotizó «algún mes» para este ayuntamiento onubense a través del PER antes de entrar en Egmasa como vigilante. Cuando faltaban pocos meses para jubilarse, le «impusieron» la póliza subvencionada.