Los consejeros de la empresa pública conocieron los avisos del interventor
▶ El PP pidió llamarlos como investigados en 2016, pero la juez no atendió su solicitud
El consejo de administración de la Empresa Pública de Gestión Medioambiental S.A. (Egmasa) tuvo conocimiento de los avisos y recomendaciones que realizó la Intervención de la Junta de Andalucía sobre irregularidades en el ERE subvencionado pero no adoptó ninguna medida correctora. Así lo expresó el letrado de la acusación popular ejercida por el PP, Luis García Navarro, en un escrito que envió al juzgado que instruye esta macrocausa en febrero de 2016, por el que solicitaba que se citara «en calidad de investigados, a todos los miembros del consejo de administración de Egmasa en los años 2005, 2006 y 2007» a fin de evitar la prescripción de los hechos.
La juez que entonces instruía el caso ERE, María Núñez Bolaños, no atendió su petición. Ningún miembro del consejo está investigado ni fue llamado a declarar. El cargo de mayor rango imputado en esta pieza ya concluida de la macrocausa es el consejero delegado de la entidad pública, Juan Jesús Jiménez Martín, además de ocho procesados más.
Espadas era presidente
En su escrito, el abogado del PP enumeraba a las personas que formaban parte del consejo de la extinta empresa pública. Entre ellos, citaba al actual alcalde de Sevilla y secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, que ocupaba la presidencia de Egmasa desde mayo de 2004 por su condición de viceconsejero de Medio Ambiente hasta septiembre de 2008, meses después de su nombramiento como consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, bajo el mandato de Manuel Chaves. Entre 1997 y 2000 había sido secretario general de Planificación de Egmasa.
El PP también quería llamar como investigados al vicepresidente en aquella época, Juan López Domenech; al consejero delegado Juan Jesús Jiménez, que sí ha sido procesado en la pieza del caso ERE centrada en las ayudas irregulares concedidas a Egmasa, así como a nueve consejeros más, entre los que estaban el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, fallecido hace un año, quien concedió subvenciones por un montante superior a los 21,67 millones para las 348 prejubilaciones.
Para el letrado del PP, la «cúpula de la Consejería de Medio Ambiente» era «conocedora y partícipe de ese uso irregular de fondos públicos, como le puso de manifiesto la Intervención General de la Junta, sin que se adoptara medida alguna para implantar sus recomendaciones». También los miembros del consejo de administración de Egmasa desde 2003 a 2007 «fueron partícipes» de las presuntas irregularidades que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla «por acción u omisión», según esta acusación popular.