Feijóo congrega ocho comunidades para exigir una nueva financiación
Las regiones con mayor despoblación y envejecimiento refuerzan su alianza
El próximo 2 de noviembre se reunirán los presidentes de ocho comunidades autónomas en Santiago con un asunto central sobre la mesa▶ el nuevo modelo de financiación autonómica. Las regiones representadas serán, además de Galicia, Asturias, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja, un sexteto de diferente signo político que ya se ha reunido a lo largo de los últimos años para hacer frente común; y a los que se suman ahora Cantabria y Extremadura.
Lo anunciaba ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante el discurso que abre el Debate sobre el estado de la Autonomía en el Parlamento autonómico. El valor de esta cita es que los ocho líderes territoriales pertenecen a tres partidos políticos distintos y que «uno de cada cuatro españoles estaremos representados». Encarnando a su vez al 62% del territorio. Y es en la concatenación de estos dos datos donde mejor se entiende el germen principal de la reivindicación de este grupo. Ocupan casi dos tercios del territorio del país pero solo representan a una cuarta parte de la población. Y eso apunta a cuatro factores característicos de estos territorios▶ envejecimiento de la población, dispersión, orografía y despoblación.
Estos líderes reivindican que sus características hacen que, pese a tener menos población, el coste efectivo de prestar los servicios públicos en sus territorios sea mucho mayor que en la comunidades que tienen un mayor volumen de población y mayoritariamente asentada en torno a núcleos urbanos.
En contraposición a este grupo se articula la alianza entre Andalucía y Comunidad Valencia, que solemnizaron su alianza el pasado 21 de septiembre en Sevilla con la reunión entre Juanma Moreno y Ximo Puig. Estas regiones, también de difente signo, plantean corregir un modelo que arroja una infrafinanciación si se calcula en función del volumen de población. La Región de Murcia, como comunidad uniprovincial, de dimensiones reducidas y con la influencia en su economía del litoral mediterráneo se encuentra cómoda junto a estas dos regiones que reivindican una financiación en función del volumen de población. Las tres están a la cola en financiación por habitante. Pero pese a estas diferencias que han conformado estos dos bloques, el nexo común es que ambos frentes asedian al Gobierno. Un movimiento que supera las dinámicas partidistas y que La Moncloa y Génova no están pudiendo controlar. De hecho, Feijóo trató ayer de rebajar la tensión entre ambos frentes diciendo que no hay un «enfrentamiento» entre las autonomías con «más población» y aquellas otras, como es el caso de Galicia, donde «pesan más otros factores».
La intención es trasladar la presión a La Moncloa. Feijóo alertó de que «la gran pregunta» es si las regiones «contaremos con un árbitro imparcial» en la figura del Gobierno. El anterior modelo se aprobó en el año 2009, y está pendiente de renovación desde 2014. Ni los últimos gobiernos de Mariano Rajoy ni los de Pedro Sánchez han podido desatascar la situación. El hecho de que el escenario electoral asome ya a medio plazo ha hecho que los gobiernos regionales coloquen este asunto de nuevo en el tapete. El Ejecutivo de Pedro Sánchez había marcado este asunto en rojo desde 2018. Aunque siempre asumiendo que sería un camino lento. Pero la realidad es que hasta la fecha los avances son nulos.
El Ejecutivo justifica el retraso en que la pandemia echó al traste la hoja de ruta que se había creado. Pero no se quiere trasladar la idea de que el Gobierno no trabaja en la cuestión. Fuentes del Ministerio de Hacienda ratificaban ayer la idea de que en el mes de noviembre se pondrá encima de la mesa una propuesta que sirva de base para empezar la negociación. Será una propuesta sobre población ajustada. Es la clave de todo, determinar qué variables (demografía, densidad de población, insularidad, envejecimiento poblacional o volumen de población) y cuánto pesa cada una en la fórmula utilizada. El Gobierno vive con incomodidad que las comunidades autónomas se articulen en frentes de presión y ya anticipa que la clave de un modelo justo es que no termine de contentar al cien por cien a todo el mundo.