Sánchez coló el castigo fiscal en los Presupuestos a espaldas de los afectados
▶ No se informó de la imposición del tipo mínimo en Sociedades a gran parte del Ibex 35 pese al interés que varias empresas mostraron en ello ▶ El golpe a los planes de pensiones solo fue deslizado a parte del sector
Los Presupuestos de 2022 no destacan tanto por las novedades fiscales, sino por la consolidación del gasto público y la discriminación positiva hecha con comunidades como Cataluña, pero, aun así, estas cuentas también han llevado aparejadas subidas de impuestos y cotizaciones sociales. El mayor castigo se lo llevan las empresas de mayor tamaño, los grandes caseros, los ahorradores y los autónomos, con el detalle de que casi ninguno de ellos estaba al tanto de lo que se le venía encima.
Jueves 7 de octubre, Consejo de Ministros extraordinario. No pudieron aprobar las cuentas ni el 28 de septiembre ni el 5 de octubre; hizo falta saltarse los plazos que había anunciado públicamente el Ejecutivo. Llegaron a La Moncloa, con el acuerdo cerrado en la coalición. Dos días antes, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ya había anunciado que había un pacto y comunicó algunas medidas. Entre ellas, que el Impuesto sobre Sociedades tendrá un tipo mínimo –sobre base imponible– del 15% para empresas que superen 20 millones de facturación o formen grupo consolidado; del 18% para la banca y empresas de hidrocarburos, como adelantó ABC.
Ese jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dio a conocer las cifras gruesas de las cuentas. Y este pasado miércoles se destapó todo el detalle en el libro amarillo. El gasto disparado se consolida, y los ingresos tributarios se prevé que batan récord con 232.352 millones, un 8,1% más en términos interanuales.
Fuentes financieras confirman que es habitual que los sectores afectados tengan al menos alguna noción sobre lo que tendrán que soportar el año siguiente. «Muchas veces nos llega un runrún antes de que se presenten los Presupuestos», afirma un exconsejero de una cotizada del Ibex.
ABC ha podido confirmar que la imposición respecto al tipo mínimo en Sociedades no fue informada a las grandes compañías del selectivo español, que en teoría serían las damnificadas. Y eso que alguna de ellas preguntó a círculos de La Moncloa sobre ello en concreto. En el Gobierno dieron la callada por respuesta, ocultando lo que Bolaños anunció al comunicar el acuerdo entre los partidos de la coalición.
Es cierto que la posibilidad de modificar ese punto de Sociedades estaba sobre la mesa tras lo filtrado a los medios de comunicación, pero en el Ibex no se mueven por rumores sino por certezas. En multitud de ocasiones las grandes compañías afectadas, con interlocución habitual con los ministerios de Economía y Hacienda, suelen estar al tanto de la mayor parte de las modificaciones que se planean e incluso forman parte de su diseño. En esta ocasión no ha sido así; el Ibex se enteró de la inclusión en los Presupuestos del tipo mínimo cuando salió por boca de Bolaños. Y la primera vez que la banca se enteró de que se vería gravada con tres puntos más que el resto fue por la información que publicó este periódico.
Aun así, en el Ibex, y especialmente en los bancos, tenían claro desde hace mucho tiempo que esto terminaría llegando. Era cuestión de ir preparándose, también el argumentario, para que no parezca que se fija esto porque pagan pocos impuestos. Fuentes
bancarias recuerdan que buena parte del sector ya está por encima del tipo mínimo que les toca, y que el mayor daño va dirigido a las empresas más internacionalizadas.
Las compañías del selectivo español tenían asumido que este momento llegaría, pero no tan pronto, dados los acuerdos internacionales. La OCDE acordó implantar un tipo mínimo del 15% pero no de manera tan prematura sino pensando más en 2023. El Gobierno de Pedro Sánchez se ha adelantado a los acontecimientos, como ya hiciera con la tasa Google, que de hecho generó aranceles procedentes de EE.UU.
Más allá de ello, los planes de pensiones individuales también sufren un castigo por reducirse la deducción por aportaciones desde los 2.000 euros actuales a los 1.500 euros que habrá en 2022, y después de que ya este año se haya reducido desde los 8.000 euros. El hachazo al ahorro ya ha sido criticado por las asociaciones de los sectores afectados▶ Inverco, Unespa y CEM.
Fuentes consultadas por ABC destacan que en la Confederación Española de Mutualidades (CEM) –no así Unespa, según fuentes financieras– no tenían ninguna constancia de esta medida, que se enteraron prácticamente por los medios de comunicación. De lo que sí estaban al tanto es del aumento de la deducción por las aportaciones a los planes de pensiones de empresa hasta los 8.500 euros, frente a los 8.000 euros actuales. Esto era una reclamación del sector, y supone un guiño de Hacienda, aunque el gremio también denuncia que no hay incentivos para que las empresas lleven a cabo estos planes, y que tampoco hay definición del sistema para los autónomos, desprotegidos en este sentido en materia de ahorro privado para la jubilación.
El Ejecutivo se basa en conclusiones de la Airef para penalizar el ahorro individual ya que, teóricamente, el beneficio fiscal a estos planes solo reporta ganancias a las rentas altas. Por ello este castigo continuo, que seguiría a futuro en próximos Presupuestos.
El de los autónomos es otro colec
tivo sacudido por las cuentas de 2022. El año siguiente deberán afrontar un alza de las bases de cotización y de los tipos que se traducirá en una factura extra de entre 96 y 225 euros anuales.
Más de dos millones de trabajadores por cuenta propia que cotizan por las bases máximas y mínimas verán cómo aumentan sus aportaciones. Esta se trata de otra de las medidas que no ha sido consultada en el diálogo social con los afectados, en este caso con asociaciones como ATA o UPTA.
Sorpresa en los caseros
Y el capítulo de castigos lo completan los grandes caseros. El Ejecutivo incluye en su proyecto de Presupuestos la reducción del 85% al 40% de las bonificaciones fiscales para las empresas dedicadas al alquiler. Una propuesta que, en principio, iba a recoger la futura ley de vivienda, cuya aprobación definitiva se espera para el año que viene. La intención es que con esto se puedan financiar los beneficios fiscales para pequeños propietarios e inquilinos, aquellos guiños fiscales que se articularán con exenciones para bajar los precios.
Asimismo, fuentes del sector inmobiliario confirman que los grandes caseros también se llevaron una sorpresa al comprobar esta medida, de la que no habían sido avisados previamente, informa Guillermo Ginés.