Los empresarios cargan contra Sánchez: «Ataca la propiedad privada y el libre mercado»

La patronal madrileña CEIM ha dicho basta. Ayer denunció que el Gobierno «castiga a las empresas subiendo sus costes, interviniendo en los mercados y generando una inseguridad jurídica que sólo consigue ahuyentar inversiones, que tanto necesitamos, y convertir en inviables a muchas empresas que siguen en situación crítica». Los empresarios creen que la intención de Transición Ecológica de crear una nueva tasa a toda la energía eléctrica no emisora, proporcional a la subida del coste del gas, «tendrá un impacto muy negativo en los costes de electricidad».

Avisan de que este recargo «supondría cambiar las reglas de juego, afectando tanto a los contratos que las empresas tienen firmados a precios inferiores a los del mercado actual, como a la futura contratación de electricidad que estará sujeta a la volatilidad de los precios. Introduciría –señaló– una inseguridad jurídica inasumible».

Aseguró CEIM que el Ejecutivo «no tiene que crear nuevas tasas ni inmiscuirse en las cuentas de las empresas», y que la solución pasa por que reduzca los ingresos que obtiene a través de los impuestos con el «desmesurado» coste de la energía. Tras su comité ejecutivo, la organización que dirige Miguel Garrido subrayó que es «sorprendente que el Gobierno se refiera constantemente a unos presuntos incrementos de ingresos de las energéticas, cuando él es el mayor beneficiado de esta situación, que está dañando nuestro tejido productivo». Los empresarios creen que «nos estamos jugando la recuperación» y que subir impuestos mina la productividad y la competitividad de la economía, al tiempo que empobrece a la sociedad. Avisaron de que los sobrecostes llevarán a la industria al cierre.

Sobre la ley de vivienda piensan que «ataca la propiedad y el libre mercado, conceptos básicos de cualquier democracia». Para CEIM limitar los precios es una interferencia en un mercado libre, cuyo efecto será la desaparición del propio mercado. Por todo ello se mostraron preocupados con la imagen que se traslada al exterior, la de un país donde no se respeta la propiedad privada y no hay seguridad jurídica.