Los peritos cuestionan la solvencia de Plus Ultra antes de la pandemia
► «Existen dudas más que razonables sobre la situación patrimonial de la empresa», indican
El peritaje independiente a Plus Ultra, encargado por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, determina que la aerolínea cumplía prácticamente todas las condiciones para ser rescatada, pero duda de su situación de solvencia antes de la pandemia. Una condición ‘sine qua non’ para recibir los 53 millones que la compañía pidió prestados al fondo de solvencia para empresas estratégicas del Gobierno. Mecanismo que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
En el informe pericial al que ha tenido acceso este periódico, el perito concluye que, aunque se podría considerar que Plus Ultra cumple con la práctica totalidad de las condiciones establecidas para recibir los préstamos «suscitan dudas más que razonables sobre cuál era la situación patrimonial de la compañía» a 31 de diciembre de 2019 «y, en consecuencia, sobre el cumplimiento de los condicionantes esenciales para la concesión de la ayuda pública». Cabe recordar que era indispensable no constituir como empresa en crisis en los dos años anteriores a la pandemia para poder acceder a los préstamos, según la orden ministerial que da origen a este mecanismo.
En concreto, el informe pericial, basado en la documentación aportada por la SEPI y la propia información que los peritos han podido recabar a través de los registros públicos, advierte sobre asuntos como la existencia de un préstamo participativo (de 6.304.314 euros por parte de la entidad panameña Panacorp), las provisiones derivadas de ciertas contingencias, la cancelación de la deuda de los bonistas y la posibilidad de existencia de situación de insolvencia.
Esta investigación tiene su origen en la petición de un peritaje independiente a Plus Ultra por parte de la titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, Esperanza Collantes, que el pasado mes de julio bloqueó temporalmente la llegada del segundo tramo del rescate a la aerolínea a la espera de una justificación desde la compañía. Semanas después, fue el juez sustituto del tribunal madrileño el que dio luz verde a la entrada de los 34 millones del préstamo participativo a la compañía –ya había recibido 19– tras considerar que la llegada del dinero ponía en serio riesgo la solvencia de la compañía, lo que podría concluir en «un perjuicio a los pasajeros que han pagado su billete por anticipado».
El mismo magistrado suplente dio vía libre al planteamiento del Partido Popular sobre la posibilidad «acordar la constitución de una hipoteca mobiliaria sobre la aeronave o aeronaves que pudiera tener en su activo». Petición a la que la compañía respondió ‘asombrada’ al considerar que «siempre había reconocido» que operaba su flota en régimen de alquiler.